Daniel, asesinado en enero de 2002 luego de ser secuestrado por un grupo de delincuentes comunes, era en ese momento el coordinador de la campaña electoral de
La Justicia acusó por la muerte del alcaldea un empresario, que habría ordenado su muerte porque Daniel estaba a punto de descubrir un sistema de corrupción que involucraba miembros del gobierno municipal y empresarios del sector de transporte.
Jefferson, que pertenece al Partido Laborista Brasileño (PTB), aliado del gobierno de Lula da Silva, lanzó sus acusaciones de soborno tras ser él mismo involucrado en una denuncia de corrupción en la estatal empresa Correos, dirigida por allegados.
Según el diputado, el PT sobornaba a unos 90 legisladores con 12.500 dólares mensuales, dinero desviado de empresas públicas, y con el conocimiento de varios ministros, entre ellos,
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