Roma (ANSA, EFE) - El primer ministro y magnate italiano, Silvio Berlusconi, sufrió ayer un fuerte revés político y judicial cuando la Corte Constitucional declaró que la ley que le concede inmunidad penal durante su mandato es ilegítima porque no respeta el principio básico de igualdad ante la ley.
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El jefe de Gobierno tendrá ahora que enfrentar otra vez el proceso por corrupción de magistrados que estaba en curso hasta junio del año pasado en Milán y por el que fue condenado a cinco años el ex ministro de Defensa y su ex mano derecha Cesare Previti.
La Corte Constitucional declaró ilegítima la ley que prevé la inmunidad durante los cinco años de la Legislatura para los cinco principales cargos institucionales del Estado: presidentes de la República, del Consejo de Ministros (Berlusconi) del Senado, de Diputados y del Tribunal Constitucional. La resolución responde al recurso presentado el mismo mes de junio por los fiscales de Milán que acusan de corrupción a Silvio Berlusconi en relación con la privatización, en 1985, de la empresa alimentaria pública SME.
El fondo de la cuestión de ese caso es el supuesto pago de dinero por parte del actual primer ministro a los jueces para que bloquearan la venta de SME a su rival empresarial Mario De Benedetti, propietario del grupo editorial Espresso y del diario «La Repubblica».
•División
La continua ausencia de Berlusconi en ese proceso por sus compromisos oficiales llevaron al Tribunal de Milán a dividir la causa y a juzgar por separado al resto de imputados, la mayor parte de los cuales fue condenada el pasado 22 de noviembre. Al ex abogado, ex ministro de Defensa y actual parlamentario de Forza Italia, Cesare Previti, se le impuso una pena de cinco años de cárcel; y al juez acusado de cohecho, otra de ocho años, recurridas en apelación.
El Tribunal considera probado que, desde una cuenta de la empresa Fininvest, propiedad de Berlusconi, llegaron a Previti, en su condición de letrado de la compañía, 434.000 dólares que, a su vez, hizo llegar al juez Squillante con la ayuda del abogado Attilio Pacifico, también condenado a cuatro años de reclusión.
La Corte consideró ilegítima la ley en su artículo 1, que establece la suspensión de los procesos penales contra quienes desempeñen los cinco más altos cargos del Estado, porque vulnera «el principio de igualdad» y el «derecho de defensa». Antonio Di Pietro, el ex fiscal anticorrupción de Manos Limpias, también promotor de un referéndum contra esa normativa, comentó que la decisión de la Corte es «una hermosa noticia, porque siempre sostuvimos que la ley de inmunidad es ilegal e inmoral».
En cambio, los aliados de Berlusconi calificaron la sentencia de política, elaborada por un cuerpo «con mayoría de componentes de izquierda». «Hoy fue negada a nuestro país una norma de civilización jurídica e institucional que aseguraba la estabilidad y evitaba el choque entre poder judicial y político», alegó el autor de la ley, Renato Schifani, presidente de los senadores de Forza Italia, partido fundado por Berlusconi.
«Venció la legalidad», afirmó, en cambio, Piero Fassino, secretario de los Demócratas de Izquierda (DS), el más importante partido de la oposición.
