La aprobación en general del proyecto oficialista de Constitución de 354 artículos mantenía ayer a Bolivia en una fuerte incertidumbre, dado que no se conocía el texto en toda su extensión. Entre los puntos que sí se conocían, éstos resultaban los más salientes.
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Los artículos 131 y 133 del texto destacan que el presidente y el vicepresidente tendrán mandatos de cinco años y que, como pretende Hugo Chávez en Venezuela, podrán ser reelegidos de manera indefinida.
Se consagran las autonomías administrativas reclamadas por los departamentos (provincias) de Pando, Tarija, Santa Cruz y Beni. Sin embargo, se crean en paralelo autonomías indígenas y regionales -incluso en esos territorios- que limitarán drásticamente la autoridad de los prefectos (gobernadores).
El derecho de propiedad queda supeditado a que ésta cumpla una función social, lo que, según los empresarios, podría dar pie a confiscaciones.
Se autoriza la aplicación de la justicia comunitaria en las poblaciones indígenas, basada en normas ancestrales en muchos casos contrarias a la noción actualmente predominante en el mundo sobre los derechos humanos. Estas incluyen la lapidación a muerte de mujeres adúlteras, duros castigos corporales a los delincuentes y la justicia por mano propia.
Se elimina la Cámara de Senadores, representante de los poderes provinciales, hoy mayoritariamente volcados contra Evo Morales y bastiones de la oposición.
Se crean poderes supranacionales indígenas que sustraerán a esas comunidades de la autoridad política del país.
Además, da rango constitucional a la nacionalización de los hidrocarburos, declara derechos humanos el acceso a los servicios básicos (agua, luz, telefonía) y permite la revocatoria de todos los mandatos.
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