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Manuel Marulanda, líder de
las FARC.
Para negociar ese canje las FARC exigen que se desmilitaricen dos poblaciones del sudoeste del país (800 kilómetros cuadrados), y condicionan el acuerdo a que los rebeldes excarcelados regresen a sus filas.
El presidente Alvaro Uribe, quien desde que inició en 2002 su primer mandato lanzó una ofensiva militar dirigida a derrotar a las FARC, tras la revelación de las pruebas de vida el 7 de diciembre aceptó crear en el país y por 30 días una «zona de encuentro» de 150 kilómetros cuadrados para realizar la negociación.
Uribe entregó a la Iglesia Católica la misión de obtener de la guerrilla una reacción a su propuesta que establece un acompañamiento de veedores internacionales y obliga a las dos partes a acudir a negociar desarmados.
El giro de posición de Uribe se produjo en medio de la presión internacional por la repercusión de la impactante imagen de Betancourt, y dos semanas después de que cancelara la mediación ante las FARC que había autorizado en agosto al presidente venezolano, Hugo Chávez.
Finiquitado el papel de Chávez, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien en mayo cuando asumió el gobierno prometió que no olvidaría a Ingrid, saltó al primer plano de la gestión pidiéndole públicamente al líder de las FARC, Manuel Marulanda, que libere a Betancourt antes de que sea demasiado tarde.
Tras Sarkozy se formó casi un ejército de mandatarios extranjeros, entre ellos los de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador e Italia, y en general la Unión Europea, que han ofrecido su apoyo y buenos oficios para buscar una solución, mientras que el presidente estadounidense, George W. Bush, ha respaldado a Uribe.
Parte del papel de defender las decisiones de Uribe sobre los rehenes recaen en el canciller Alvaro Araújo, quien a comienzos de enero regresó a la libertad tras huir de un campamento de las FARC, que lo mantuvieron seis años como rehén. Otro de los cautivos, el policía Frank Pinchao, también pudo huir en abril.




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