Usarán a FF.AA. para frenar las protestas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dispuso un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles para contener la peor ola de huelgas y protestas desde su llegada al poder. Incluso amenazó con apelar a las fuerzas armadas.

La Paz (Reuters, AFP, ANSA) - Mientras intentaba desactivar la mayor ola de protestas sociales contra su gobierno de siete meses, el presidente boliviano, Evo Morales, amenazó ayer con movilizar a la policía y a las fuerzas armadas para impedir las cada vez más frecuentes tomas de gasoductos.

La advertencia confirmó las dificultades del ex líder de movilizaciones sociales para satisfacer demandas de diversos sectores, que exigen desde facilidades para el pago de multas de tránsito hasta grandes obras como un aeropuerto o un acuerdo comercial fronterizo con la Argentina.

Morales, quien enfrenta dificultades para ejecutar su plan de reformas que empezó con una nacionalización de hidrocarburos en mayo, ya usó a militares el martes para desbloquear un gasoducto de exportación a la Argentina, que estuvo cortado durante 12 horas por pobladores de la provincia sureña de Gran Chaco.

Amenaza

Tras restablecer el bombeo de gas y lograr la suspensión de una huelga de choferes, el gobierno quedó enfrentado a la amenaza de los comités cívicos de los departamentos ( provincias) gasíferos de Tarija y Chuquisaca de recurrir también al bloqueo de gasoductos para lograr atención oficial.

El primer presidente indígena de Bolivia perfiló un decreto para la construcción inmediata de un aeropuerto en la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca, y también para la dotación de agua potable a zonas campesinas de esa región. Morales envió a su viceministro de Transportes, Walter Valda, a dialogar con los huelguistas, entre ellos la alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, que exigen además presupuesto para la construcción de caminos y obras sanitarias.

«El gobierno recurrirá a la policía y, de ser necesario, a las fuerzas armadas, para evitar la toma de pozos gasíferos o gasoductos», dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al anunciar una decisión adoptada por Morales en reunión de gabinete que comenzó a las 5 de la madrugada.

«Un cierre de válvulas no lo va a permitir el gobierno porque afecta la economía, la seguridad y el salario de todos los bolivianos», agregó, calificando a las presiones cívicas como «impropias, antidemocráticas y atentatorias contra la economía de los bolivianos».

Desde el martes, en la mayor concentración de conflictos desde que Morales asumió el gobierno, Bolivia sufrió cuatro huelgas sectoriales, dos paros regionales que incluyeron el bloqueo de un gasoducto a la Argentina y una movilización de indígenas guaraníes que amenazan con impedir el bombeo de gas a Brasil.

Compromiso

Una huelga nacional del transporte fue levantada en la madrugada de ayer, luego de que el gobierno se comprometió a estudiar facilidades para el pago de multas por infracciones de tránsito y a gestionar ante los municipios cambios en un plan de reempadronamiento de vehículos.

Compromisos de investigación de denuncias de corrupción dieron fin a una huelga de los trabajadores postales, pero persistían y se radicalizaban ayer otra de maestros, en su segundo y último día, en demanda de la renuncia del ministro de Educación, y un paro en la seguridad social en defensa de ex dirigentes sindicales despedidos.

Sobre las amenazas de tomas de pozos y gasoductos, el ministro Quintana dijo que el gobierno las considera «deplorables» y sugirió que podrían tener motivaciones políticas.

Quintana no se refirió específicamente a la amenaza de los indígenas guaraníes de cortar la exportación de gas a Brasil en protesta contra una empresa privada que se niega a acelerar la ejecución de un plan de desarrollo regional.