Las personas procesadas por protestar o "expresar su inconformidad" en los últimos nueve años en Venezuela suman 2.220, según cifras de una organización no gubernamental publicadas en la prensa local.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dirigentes del gobierno y del oficialismo niegan que se criminalice la protesta en el país, como ha denunciado la oposición a nivel nacional e internacional.
Un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), considerado opositor al gobierno, citado por el diario El Universal, también opositor, sostiene que entre las principales víctimas de las protestas se encuentran 1.507 campesinos del movimiento oficialista Jirajara, en libertad condicional desde abril tras apoyar acciones contra el latifundio que promueve el gobierno.
En su reporte, Provea suma también 150 trabajadores con expedientes abiertos en el Ministerio Público por ejercer, dice, sus derechos a la manifestación y asociación, así como 120 estudiantes universitarios que tienen investigaciones penales por protestar contra el fin de la concesión a Radio Caracas Televisión.
"Estas cifras son conservadoras, porque hay casos como las manifestaciones de las barriadas y caseríos, que no salen a la luz pública. Hay muchos dirigentes comunitarios sometidos a procedimientos por protestar", señaló Marino Alvarado, director de Provea.
Este lunes, el alcalde de Caracas y dirigente oficialista Jorge Rodriguez aseguró que el derecho de protesta está garantizado en el país, mientras no se pretenda "subvertir el orden y tranquilidad de la mayoría de las personas".
Añadió que grupos "contrarios al proceso revolucionario" llevan adelante un plan para generar hechos de violencia a fin de obtener "prebendas políticas".
La oposición se prepara a marchar este sábado en defensa del derecho a protestae que consideran amenazado luego que la fiscalía enjuició a 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana que marchaban en las calles.
La fiscalía advirtió que acusará de "rebelión civil" a quienes "alteren la tranquilidad y la paz pública para desestabilizar al gobierno".
"Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", dijo la fiscal Luisa Ortega.
Dejá tu comentario