Venezuela: desobediencia fiscal

Caracas (Reuters, EFE, AFP, ANSA) - La oposición venezolana, que no ha podido sacar a Hugo Chávez de la presidencia pese a un paro de casi un mes, amenazó ayer con llamar a una rebelión impositiva y con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para radicalizar la lucha contra el mandatario.

El «paro cívico», que inició el 2 de diciembre y ha tenido un apoyo parcial del comercio y la industria, prácticamente ha detenido la vital industria petrolera del país y busca presionar a Chávez para que renuncie y sean convocadas elecciones anticipadas en el primer trimestre de 2003. Ayer se produjeron disturbios en Caracas que se saldaron con 4 heridos.

El presidente de la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, dijo que radicalizarán las protestas ante la negativa de Chávez de atender las demandas. «La desobediencia civil es constitucional. La activaremos en todas las áreas que nos permitan seguir presionando a fin de alcanzar el objetivo: la salida de Chávez y la convocatoria de elecciones», agregó.

El veterano sindicalista, que el gobierno tilda de «conspirador», dijo a la prensa que la desobediencia «la aplicaremos también en el aspecto tributario. Nos negaremos a pagar impuestos a un régimen que no presenta cuentas y dilapida los dineros del pueblo».

• Ofensiva

Desde que comenzó el paro -promovido por empresarios, sindicalistas, políticos y grupos civiles de oposición-, el país vive diariamente marchas, cacerolazos y concentraciones de miles de personas que claman por la salida de Chávez, lo que para Ortega constituyen actos de «desobediencia civil activa».

Carlos Fernández, presidente de la mayor central patronal del país, Fedecámaras, dijo que las medidas de resistencia se están tomando como base el artículo 350 de la Constitución de 1999, que fue impulsada por Chávez.

El artículo, que según analistas fue incluido por Chávez en la Carta Magna para justificar su intentona golpista de 1992, reza que «el pueblo desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos». Según observadores, tal medida podría desatar la anarquía en el país.

En tanto, el gobierno aspira a producir 1,2 millón de barriles diarios de petróleo la próxima semana para alcanzar los niveles normales en cerca de un mes, informó ayer el ministro de Energía, Rafael Ramírez, quien sostuvo que en estos momentos se está en un nivel de entre 600 y 700.000 barriles.

En otro aspecto de su ofensiva para quebrar el movimiento opositor, la policía política (Disip) detuvo al general de división y ex inspector de la militarizada Guardia Nacional, Carlos Alfonzo Martínez, quien es uno de los oficiales militares que se mantienen en «desobediencia» contra el gobierno.