Venezuela: empresarios piden a los otros poderes del Estado que actúen contra Chávez

El empresariado venezolano pidió hoy a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo que "restituyan el orden legal y constitucional" que, en su criterio, fue roto por el Gobierno con la intervención de empresas presuntamente "inactivas".

La petición de la Federación de Cámaras Empresariales (FEDECAMARAS) figuró en una nota leída por su presidente, José Luis Betancourt, en la sede del organismo, y también se dirigió a la Fiscalía y a la Defensoría.

En ella la patronal "exige el cese inmediato de acciones ilegales y arbitrarias contra la propiedad privada", así como "la restitución de la propiedades afectadas a sus dueños".

En las últimas dos semanas el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, ha intervenido al menos tres instalaciones industriales "inactivas" y cuatro fincas agropecuarias de titularidad no clara o en estado "ocioso", según portavoces oficiales.

La nota de los empresarios no hace referencia a ningún caso particular y se centra en aspectos como el respeto a la propiedad privada y el derecho a la libre actividad económica.

Fedecámaras dice que las intervenciones, que se circunscriben al sector agropecuario, "atentan contra valores y derechos fundamentales como la libertad y la propiedad" y considera que están fuera del marco de la actual Constitución.

Sin embargo, expresan su voluntad de "mantener el necesario dialogo orientado a la concertación, como mecanismo ideal de comunicación con el gobierno, dentro de los principios de participación activa".

En la nota, tras cuya lectura no hubo preguntas, el empresariado afirma que las intervenciones tratan de "debilitar y someter a la empresa privada" para que no cumpla su papel dentro de la actual "economía social de mercado".

Advierten también que "una Venezuela sin sector privado está condenada al hambre y la pobreza".

El presidente venezolano Hugo Chávez señaló cuando se iniciaron las intervenciones que quienes no estuviesen de acuerdo podrían acudir a los tribunales a demostrar la validez de sus títulos de propiedad o que las instalaciones ocupadas estaban en producción.

Actualmente el conflicto se está desarrollando básicamente a través de los medios de comunicación con declaraciones contrapuestas de los empresarios afectados y de los funcionarios que han dirigido las intervenciones.

Los primeros argumentan que tienen títulos que en algunos casos se remontan a la época colonial y que las instalaciones ocupadas están en funcionamiento.

Los segundos aseguran que no existen tales títulos y que es fácilmente comprobable que las instalaciones intervenidas llevan paradas varios años.

Entre las instalaciones afectadas están algunas pertenecientes a la venezolana Alimentos Polar y la estadounidense H.J.Heinz, así como uno de los hatos (haciendas ganaderas) del grupo británico Vestay Group LTD.

El gobierno ha señalado que uno de los objetivos de las ocupaciones es "la reactivación de la actividad económica".