Sin avances en las audiencias ante el Ministerio de Trabajo, el SUTNA apunta a la máxima instancia de decisión política en la Provincia. Ya logró un guiño positivo por parte del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura.
La conducción del Sutna se reunió el jueves con el bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria.
El conflicto por el cierre de la planta de FATE ingresó en una nueva fase marcada por la escalada política del sindicato y la consolidación de posiciones irreconciliables entre las partes que negocian en la conciliación obligatoria convocada por la Provincia de Buenos Aires.
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Sin avances en las audiencias realizadas ante la cartera laboral bonaerense, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) decidió jugar su carta más fuerte: solicitar formalmente una reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para impulsar una intervención estatal que evite el cierre definitivo de la empresa.
La decisión del gremio no es aislada ni improvisada. Llega después de una serie de movimientos políticos que incluyeron reuniones con legisladores provinciales y nacionales, la presentación de un proyecto de ley de “ocupación temporaria” y una extensa agenda de movilizaciones.
El punto de inflexión fue la reunión de tres horas que el sindicato mantuvo el jueves pasado en la Legislatura bonaerense con el bloque oficialista de Unión por la Patria, espacio alineado con el gobernador.
Ese encuentro, que se produjo tras una ronda previa con asesores de distintos bloques, dejó una señal política clara: existe predisposición dentro del oficialismo provincial para analizar herramientas que permitan sostener la actividad de la empresa.
Según el propio sindicato, durante la reunión hubo coincidencia en la “importancia de mantener en funcionamiento la fábrica” y se asumió el compromiso de continuar las conversaciones.
En ese contexto, el SUTNA decidió avanzar hacia una instancia superior de interlocución política. Este miércoles 1 de abril, el gremio llevará una carta a la Casa de Gobierno bonaerense solicitando una audiencia con Kicillof. La presentación incluirá una movilización y una concentración en Plaza San Martín, luego de una salida organizada en micros desde las puertas de las fábricas.
El sindicato busca así colocar el conflicto en el máximo nivel de decisión política provincial, en un intento por destrabar una situación que, en el plano laboral, aparece completamente estancada.
Las audiencias en el Ministerio de Trabajo no lograron modificar las posiciones de fondo. En la última reunión -que se hizo en forma virtual el viernes 27- la empresa envió un representante que ratificó su decisión de cerrar definitivamente la planta y rechazó de manera contundente la viabilidad legal de una ocupación temporaria.
Desde la perspectiva empresarial, el planteo sindical carece de sustento jurídico. En su argumentación, la compañía sostiene que tanto la expropiación como la ocupación temporaria son herramientas que solo pueden ser aplicadas por el Estado y bajo condiciones específicas que, según afirman, no se verifican en este caso.
En particular, la empresa remarca que la legislación vigente -tanto la ley nacional 21.499 como la provincial 5.708- exige la existencia de una declaración previa de utilidad pública, el cumplimiento de un procedimiento formal y la intervención de organismos estatales competentes. Ninguno de esos requisitos, aseguran, está presente en la situación actual.
Además, introduce un argumento estructural: la ocupación temporaria en su modalidad excepcional está prevista para escenarios de emergencia como incendios, inundaciones o catástrofes naturales, no para decisiones empresariales vinculadas a la actividad productiva. Bajo esa lógica, el cierre de una planta no constituiría un caso de fuerza mayor que habilite ese tipo de intervención.
Respecto de la decisión de cerrar definitivamente, la empresa destacó: "FATE ejerció su facultad rescisoria y ofreció a cada un de los trabajadores el pago integro de las indemnizaciones previstas en la LCT, incluyendo indemnización por antigüedad art. 245, indemnización sustitutiva de preaviso e integración de mes de despido, calculada conforme a la normativa anterior a la reforma laboral, sin recurrir a figuras concursales para disminuir su responsabilidad indemnizatoria. El ejercicio de esta facultad, llevada a cabo con arreglo a los actos previos comunicados a la entidad sindical, acompañado del ofrecimiento de reparación económica legalmente prevista constituye un acto lícito plenamente ajustado a derecho".
La empresa también cuestiona el rol del sindicato, al señalar que ninguna norma habilita a una entidad gremial a disponer sobre bienes privados. En ese sentido, advierte que una ocupación impulsada por el SUTNA podría ser interpretada como una apropiación ilegítima de los medios de producción, con posibles implicancias penales.
“Resulta claro que esta maniobra sólo persigue como objetivo la búsqueda de un provecho político que utiliza como excusa el interés de los trabajadores, caso contrario no se explica el porqué de pretender instalar, una hipótesis de ocupación o supuesta intervención gubernamental, absolutamente carente de contenido fáctico y jurídico como se ha explicado a FATE que no es tal ni existe”, completó la empresa durante la audiencia del viernes 27.
Para el Sutna, el cierre de FATE no es un conflicto empresarial más, sino un problema estratégico de alcance nacional. En sus comunicados, el gremio enfatiza que se trata de la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, un dato que, en su visión, adquiere relevancia en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y posibles restricciones al comercio.
La argumentación sindical apunta a un escenario de riesgo sistémico: la eventual imposibilidad de importar neumáticos podría paralizar el transporte de cargas y pasajeros, afectando desde la distribución de alimentos hasta servicios esenciales como ambulancias o autobombas.
Este enfoque busca ampliar la base de apoyo social al conflicto, transformándolo en una cuestión de interés público más allá de la disputa laboral. En esa línea, el sindicato destaca el respaldo recibido de distintas centrales sindicales, como la CGT y las CTA, así como de organizaciones sociales, gremiales e incluso referentes de la Iglesia.
Pero el eje más potente de su discurso está en el impacto del cierre en el entramado social de la provincia de Buenos Aires. El gremio detalla que el funcionamiento de FATE involucra no sólo a los trabajadores directos de la planta, sino también a una cantidad importante de indirectos, lo que suma un total de 1.650 empleos afectados.
El Sindicato incluyó el detalle en el acta de la última audiencia ante la cartera laboral, que abarca desde empresas de logística hasta proveedores industriales, servicios tercerizados y comercios locales.
“Con FATE funcionando normalmente se ocupa a un total de 1.650 operarios”, asegúra el Sutna. Y detalla: “400 puestos administrativos, de calidad y control; 90 trabajadores de limpieza que hasta el momento lo hacían bajo la firma Lim-Pia; 180 Camioneros de diferentes empresas logísticas que distribuyen los neumáticos dentro y fuera del país, así como aquellos que traen los insumos a la fábrica; 40 trabadores y trabajadoras de comedor actualmente en la empresa Cookins; 30 trabajadores de carga y descarga de la empresa Vamuza; 10 trabajadores de mantenimiento del depósito robotizado y ascensores empresa Rsg; 30 trabajadores de trasportes del personal empresa Transper; 5 trabajadores de mantenimiento de cámaras y detectores de huellas digitales; 60 trabajadores ayudantes de mantenimiento y limpieza de equipos Imant; 20 trabajadores de montaje, desmontaje y mantenimiento de equipos eléctricos Ingetermo; 10 trabajadores de mantenimiento y reposición de expendedoras de Ristora; 50 trabajadores de empresas de reciclaje de caucho, chatarra, aceites y scrap; 10 jardineros; 10 herreros externos; 550 trabajadores de empresas pymes proveedoras de insumos que producen hilo engomado, caucho sintético, químicos, negro de humo, etc; 30 trabajadores de marketing; 10 abogados; 2 escribanos; 350 trabajadores de revendedoras y de los 33 puntos de venta exclusiva de neumáticos FATE; 10 mecánicos de montacargas; 50 trabajadores que se encargan de dispensers y filtros de agua, mantenimiento de fotocopiadoras, sistemas y redes, comunity managers, pasantes, etc”.
En ese marco, el proyecto de ley de “ocupación temporaria” aparece como la herramienta clave de la estrategia sindical. La iniciativa busca habilitar al Estado provincial a tomar control transitorio de la planta para garantizar su funcionamiento mientras se encuentra una solución de fondo.
Sin embargo, la viabilidad de esa propuesta depende de múltiples factores. Por un lado, requiere el respaldo legislativo necesario para su aprobación. Por el otro, implica una decisión política del Ejecutivo provincial, que debería asumir los costos económicos, legales y administrativos de una eventual intervención.
La solicitud de audiencia con Kicillof por parte del SUTNA busca precisamente forzar una definición en ese sentido. Al llevar el conflicto hasta la puerta de la Casa de Gobierno, movilización mediante, el sindicato intenta acelerar los tiempos de una negociación que, hasta ahora, no logró mostrar resultados concretos.
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