Cierre de FATE: el gremio logró un guiño político para avanzar con la estatización temporaria y la pelota pasa a la Provincia

El SUTNA se reunió con diputados bonaerenses en la Legislatura. Y asegura que tienen mayoría para aprobar el proyecto. Busca comprometer al Ejecutivo provincial.

Reunión de la cúpula del SUTNA con los diputados bonaerenses.

Sutna/Facebook/PS

El conflicto por el cierre de la planta del fabricante de neumáticos FATE sumó en las últimas horas un nuevo capítulo político e institucional. En una jornada clave realizada este jueves 19 de marzo, la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desembarcó en la Legislatura bonaerense con el objetivo de conseguir respaldo político para su proyecto de ocupación temporal de la empresa y acelerar una salida que evite su cierre definitivo.

La delegación encabezada por su secretario general, Alejandro Crespo, fue recibida por diputados de distintos bloques opositores al Gobierno nacional, entre ellos Unión por la Patria, la UCR, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, en lo que se interpretó como un primer aval político a una iniciativa que, de prosperar, abriría un precedente significativo en la relación entre el Estado y el sector privado en crisis.

El encuentro dejó una señal concreta: los legisladores se comprometieron a analizar el proyecto en sus respectivos bloques y avanzar en nuevas instancias de discusión, con una próxima reunión prevista para el miércoles 25 de marzo. Además, el sindicato ya tiene en agenda un encuentro con senadores provinciales, lo que amplía el alcance de la estrategia parlamentaria.

Un dato relevante que destacó el SUTNA tras esa reaunión es que "la suma de los diputados que pertenecen a estos bloques forman una mayoría capaz de aprobar el proyecto".

Pero más allá del avance institucional, el trasfondo político es evidente ya que la iniciativa no tiene chances de llegar a buen puerto si no cuenta con el aval definitorio del Ejecutivo bonaerense. Con esta gestión, el SUTNA busca trasladar la presión desde el Gobierno nacional hacia la administración de Axel Kicillof, en un intento por forzar una intervención concreta que garantice la continuidad de la producción y los puestos de trabajo.

Críticas a Nación y presión sobre la Provincia

El sindicato no ahorró cuestionamientos hacia la gestión nacional del conflicto. En un comunicado, apuntó directamente contra la Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei, al sostener que durante el período en que el conflicto estuvo bajo su órbita “sólo se llevaron adelante dos audiencias” y que no existió voluntad real de encontrar una solución.

“Claramente, la Secretaría de Trabajo de Milei no tuvo la intención de buscar solución alguna para los trabajadores; ahora en este nuevo ámbito son las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires quienes tienen oportunidad de mostrar una actitud totalmente diferente a la colocada por Nación”, enfatizó el SUTNA.

En ese sentido, el gremio remarcó: “Todo esto enmarca al conflicto de FATE ahora bajo el ámbito de la provincia de Buenos Aires luego de un mes donde estuviera situado bajo la cartera administrativa de Nación período en el cual solo se llevaron adelante dos audiencias; una al momento de dictar la conciliación obligatoria, y otra en la primera semana donde la empresa acusaría a los trabajadores de estar ilegalmente dentro del predio de la fábrica, hecho que la Justicia definiría en favor de los trabajadores como una acción legítima en defensa de los puestos de trabajo”.

Esa crítica funciona como eje discursivo para reconfigurar el escenario político. El SUTNA plantea ahora que, con el conflicto bajo la órbita de la Provincia tras la reciente conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, las autoridades provinciales tienen la oportunidad de diferenciarse y asumir un rol activo.

Qué dice el proyecto de ocupación temporal

En el centro de la discusión se encuentra el proyecto de ley impulsado por el SUTNA, que propone una ocupación temporal de la planta de FATE bajo control del Estado bonaerense. La iniciativa ya fue presentada en la Legislatura y establece un esquema de intervención que combina elementos de administración estatal con participación de los trabajadores.

El primer punto clave del proyecto es su encuadre jurídico. El texto declara de utilidad pública la continuidad de la producción de neumáticos, argumentando que se trata de una actividad estratégica para el transporte, la logística y el abastecimiento de bienes esenciales. Este aspecto es central, ya que es el que habilita legalmente la intervención estatal sobre una empresa privada.

A partir de allí, la iniciativa avanza hacia el núcleo de la propuesta. Se plantea la ocupación temporal de la planta industrial, incluyendo no solo las instalaciones, sino también maquinarias, insumos, materias primas, la marca y todos los activos vinculados al proceso productivo. En términos prácticos, esto implica una toma de control integral de la operación por parte del Estado, aunque con carácter transitorio.

El objetivo de esa intervención está claramente definido: garantizar la continuidad productiva, preservar los puestos de trabajo y asegurar el abastecimiento del mercado interno, con especial énfasis en los neumáticos destinados al transporte de cargas, pasajeros y servicios esenciales como el sistema de salud.

Plazos, gestión y condiciones de salida

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que establece límites temporales concretos. La ocupación tendría una duración inicial de un año desde la sanción de la ley, con posibilidad de prórroga en caso de que persistan las condiciones que motivaron la intervención.

Durante ese período, el Poder Ejecutivo provincial estaría facultado para tomar posesión inmediata del establecimiento y adoptar todas las medidas necesarias para sostener la actividad, incluyendo la reincorporación de trabajadores y la eventual contratación de nuevo personal.

En cuanto al modelo de gestión, el proyecto introduce un elemento distintivo: la participación de los trabajadores en la administración de la empresa, bajo supervisión estatal. Este esquema de cogestión refleja la impronta del sindicato y apunta a garantizar la operatividad de la planta en un contexto de crisis.

Desde el punto de vista legal y económico, la iniciativa subraya que se trata de una medida excepcional y transitoria, y aclara que no implicará indemnización por el uso de los bienes. El argumento es que no se trata de una expropiación definitiva, sino de una intervención temporal que finalizará con la restitución de la empresa a sus propietarios.

El proyecto también establece que la intervención cesará si la empresa presenta un plan propio que garantice la totalidad de los puestos de trabajo con tareas efectivas, lo que introduce un incentivo para una eventual reactivación privada.

El gremio introduce además un argumento adicional para defender la sanción de la ley: el carácter estratégico de la producción de neumáticos para camiones y colectivos, que en el país -según sostiene- depende en gran medida de FATE. En un contexto internacional incierto, marcado por tensiones geopolíticas, la continuidad de esa producción adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente industrial.

Por lo pronto, el SUTNA mantiene su estrategia de mantenerse activo en múltiples frentes: la permanencia en la planta, las acciones judiciales, la negociación en el ámbito laboral y ahora, con mayor fuerza, la ofensiva política y parlamentaria.