Un negocio que parecía imbatible atraviesa su peor momento y su futuro se encuentra en duda entre sus inversores y operadores.
Pensaron que iba a ser un negocio millonario, pero la realidad los obliga a cerrar.
Los centros comerciales suelen ser vistos como proyectos con un gran rendimiento económico, de todas formas, cuando las previsiones no se cumplen, las consecuencias pueden ser severas y difíciles de revertir. Eso es lo que le pasa a Oasiz Madrid, un complejo que nació como uno de los emprendimientos más ambiciosos de la última década en España y que ahora se enfrenta a la bancarrota.
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La situación se hizo pública después de que la sociedad propietaria iniciara este proceso judicial para intentar ordenar sus cuentas. Entre las alternativas está la venta total del predio o incluso la liquidación de parte de sus activos. Mientras tanto, el centro sigue en funcionamiento, tratando de recaudar la mayor cantidad de dinero posible.
El origen del conflicto se debe a la cantidad de compromisos financieros acumulados, con una deuda total que supera los 320 millones de euros, mientras que la valuación actual del complejo es de 140 millones de euros. Esta diferencia complica cualquier intento de estabilidad. La empresa responsable, Carlotta Iberia S.L., buscó durante meses una salida negociada, pero no logró acuerdos con todos los acreedores.
Debido a la complejidad de la situación, el Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid aceptó el pedido de concurso de acreedores, lo que permite ordenar las deudas y evaluar distintas opciones para cumplir con los compromisos pendientes. Entre los principales acreedores está el fondo Cale Street Investment, que además tiene participación accionaria en el proyecto. También figuran organismos públicos, como el ayuntamiento local, por obligaciones impositivas impagas.
A pesar del contexto tan complicado, el shopping aún mantiene cerca de un 80% de ocupación y registró cierta mejora tanto en las ventas como en los visitantes durante el último año. Esto demuestra que el problema no pasa tanto por la actividad diaria, sino por la estructura financiera.
Desde su apertura en 2021, el complejo enfrentó distintos obstáculos que afectaron su rendimiento. Uno de los principales fue la fuerte competencia con otros centros comerciales consolidados en la zona, lo que dificultó captar a las primeras marcas en un principio.
El proyecto cuenta con más de 250.000 metros cuadrados de superficie total y unos 90.000 metros cuadrados alquilables, lo que implica costos elevados tanto en construcción como en mantenimiento. A eso se le sumaron las dificultades para sostener un flujo constante de ingresos acorde a la magnitud de la inversión.
Antes de llegar al concurso, el complejo ya había atravesado un preconcurso desde mediados de 2025. Durante ese período se analizaron las alternativas, como cambios en la estructura de deuda, pero no prosperaron. Por el otro lado, el avance del comercio electrónico y nuevas formas de consumo impactaron en la dinámica de los centros comerciales tradicionales, lo que obligó a muchos proyectos a adaptarse.
Dentro del proceso judicial, la posibilidad de vender el complejo es una de las principales salidas. El objetivo es obtener fondos para cancelar parte de las obligaciones pendientes y reducir el impacto sobre los acreedores. El fondo Cale Street Investment ya presentó una oferta para quedarse con el negocio, incluyendo contratos de alquiler y otros derechos asociados.
Otra opción que se analiza es la venta parcial de activos. En ese caso, distintas áreas del predio podrían pasar a manos de nuevos propietarios, con el fin de reunir dinero en etapas. Hasta que se sepa el resultado, el centro sigue abierto y operando con normalidad. De todas formas, el desenlace podría traer cambios en los contratos y planes de expansión de las marcas presentes.
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