La conciliación obligatoria decretada por el gobierno nacional y el provincial por el cierre de FATE está vigente, pero sus alcances están limitados. Las dos partes en litigio, es decir la empresa y el sindicato (SUTNA), aceptan la legalidad del recurso y acatan la decisión oficial de someterse a un período -en este caso de 15 días- de negociación para tratar de encontrar una solución al conflicto.
Sin embargo, más allá del anuncio oficial y de la voluntad expresada por las partes involucradas, la conciliación obligatoria no es suficiente para revertir la situación de fondo: la planta continúa cerrada, los empleados despedidos no fueron reincorporados y no concretó el desalojo de los trabajadores que mantenían ocupadas las instalaciones como forma de protesta.
Hay una discusión irresuelta que “traba cualquier avance”, según revelaron a Ámbito fuentes allegadas a la negociación. La empresa exige como primera condición para suspender los despidos que se libere de ocupantes la fábrica. Y el gremio plantea que no puede liberar la planta hasta que no se concreten las reincorporaciones. Como en el juego del huevo o la gallina. Y esta es la discusión que prima actualmente en el ámbito creado por las carteras laborales de ambas jurisdicciones.
En consecuencia, el impacto de la medida oficial se limita, por ahora, a tratar de suspender los efectos legales de los despidos y frenar acciones unilaterales. Para una segunda instancia quedará la búsqueda de algún tipo de consenso sobre un plan de reactivación de la producción o un eventual salvataje de la fábrica ubicada en San Fernando.
La realidad en la planta de FATE es cruda: la producción está paralizada y la fábrica no reiniciará sus actividades siquiera durante el periodo de conciliación, según lo afirmado por la propia empresa.
FATE comunicó que “acata formalmente” la conciliación, pero en paralelo hizo saber que no planea reabrir la planta ni reactivar la producción, ya que la planta se encuentra vacía de insumos y sin tareas en marcha.
Por ende, la conciliación actúa como una suerte de “pausa formal” en el proceso de desvinculación, pero sin impacto concreto sobre el empleo ni la producción. Incluso, se informó a los empleados que las indemnizaciones siguen disponibles para quien quiera cobrar.
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