El conflicto por el cierre de Fate sumó esta semana un nuevo capítulo institucional que dejó al descubierto la tensión entre la empresa, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el sindicato del sector.
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En la audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, Fate cuestionó la participación de funcionarios de Producción.
FATE cerró la fábrica de San Fernando el 18 de febrero último.
El conflicto por el cierre de Fate sumó esta semana un nuevo capítulo institucional que dejó al descubierto la tensión entre la empresa, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el sindicato del sector.
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Según consta en el acta oficial de la audiencia celebrada el 24 de febrero en la Delegación Regional Tigre del Ministerio de Trabajo bonaerense, la compañía evitó responder a una consulta clave formulada por funcionarios provinciales: qué condiciones necesitaría para volver a poner en marcha la planta.
El encuentro se realizó en modalidad virtual con la participación de las correspondientes autoridades laborales, a las que se sumaron representantes del Ejecutivo provincial.
Según el acta de esa audiencia, fueron de la partida Ariel Aguilar, en su carácter de Subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, y Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y Pymes, ambos en representación del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, desde el inicio de la audiencia la empresa objetó la intervención de estos funcionarios. Cedida la palabra a la parte empleadora, el acta recoge textualmente su postura: “Ante todo, esta parte deja expresa constancia de que, sin perjuicio del respeto que la empresa le profiere a todos los participantes en esta audiencia, no consiente la intervención, ni las manifestaciones de partes ajenas al presente expediente en el marco de una actuación que les resulta extraña. Conforme la normativa que rige el procedimiento de conciliación obligatoria, las únicas partes legitimadas en estas actuaciones son el SUTNA y FATE, actuando el Ministerio de Trabajo en su carácter de Autoridad de Aplicación. La participación de terceros no convocados no está prevista en la normativa que regula el procedimiento, ni es lo que en derecho corresponde, por lo que se solicita que no se admitan manifestaciones de quienes no revisten el carácter de parte en el presente conflicto”.
La declaración apuntó directamente a la presencia de Aguilar y Bembi, cuyos ministerios habían mostrado disposición a explorar herramientas para sostener la continuidad productiva. El planteo formal de la empresa marcó un límite respecto del alcance de la audiencia y del rol que podría asumir el Ejecutivo provincial en la negociación.
En ese marco, siempre según el acta oficial, cuando se formuló una consulta “con respecto a la posibilidad de continuidad de la empresa y en ese caso que necesitarían del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para abrir FATE nuevamente”, la representación patronal rehusó responder. El documento deja asentado que “la empresa no contesta”.
Esa omisión se convirtió en uno de los ejes políticos del conflicto. Para el Gobierno bonaerense, la pregunta buscaba abrir una instancia de diálogo concreto para evaluar posibles instrumentos de apoyo.
Para la empresa, en cambio, la presencia de funcionarios de Producción desbordaba el marco formal de la conciliación obligatoria, que -según su interpretación- debe limitarse a las partes estrictamente involucradas: la compañía y el SUTNA, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.
Al día siguiente de la audiencia, el secretario ejecutivo de la Seccional San Fernando del SUTNA, Miguel Angel Ricciardulli, se acercó al gobernador Axel Kicillof durante una actividad oficial en San Isidro para entregarle personalmente una carta referida a la situación creada por el cierre de la fábrica.
En esa nota, el gremio dejó planteado su diagnóstico sobre lo ocurrido en la audiencia y reclamó una intervención directa del mandatario provincial. “Hemos notado que en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los ministros de su gobierno han hecho notar a la empresa que cuenta con recursos para poner a disposición en función de darle una salida que implique la continuidad productiva y todos los puestos de trabajo. Siendo consultada por vuestros funcionarios, la empresa no ha dado una respuesta”, señala el texto entregado al gobernador.
El sindicato no sólo subrayó la falta de contestación empresarial, sino que además pidió formalmente conocer qué herramientas concretas está dispuesto a desplegar el Estado provincial. “En este cuadro, y entendiendo que el Estado provincial cuenta con recursos para dar respuestas a la continuidad de los puestos de trabajo en la fábrica Fate, solicitamos al gobernador que nos haga llegar las propuestas con las que cuentan, con el fin de hacerle llegar a todos los compañeros esta vital información”, añade la carta.
La misiva también incluyó un reclamo vinculado a las garantías para los trabajadores en el marco del conflicto. “También, y no menos importante, solicitamos que arbitre los medios necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores y el total libre ejercicio de nuestro legítimo derecho a la protesta y defensa de todos los puestos de trabajo”, concluye el texto firmado por el dirigente sindical.
Según informó el propio SUTNA, durante ese encuentro en San Isidro, Kicillof “manifestó que se encontraba al tanto de la situación, que la posición de los funcionarios en la audiencia ministerial fue bajo su directa instrucción, que la nota recibida sería colocada formalmente en un expediente y que él mismo se involucraría directamente en la búsqueda de una solución que contemple la reapertura de la fábrica”.
De este modo, el conflicto escaló desde el plano administrativo al político, con la figura del gobernador incorporada explícitamente a la negociación. La intervención directa de Kicillof, de confirmarse en los hechos, podría modificar el equilibrio de fuerzas y abrir una instancia distinta de diálogo.
No obstante, en el plano formal, la audiencia dejó otro dato relevante que impacta en el curso del proceso. Hacia el final del acta, las autoridades laborales provinciales introdujeron una aclaración que implica que no continuará la gestión conciliatoria en esa jurisdicción, a fin de evitar superposiciones con la que se tramita a nivel nacional.
El texto oficial señala: “Atento a lo manifestado por las partes y teniendo en cuenta que hay una disposición vigente de igual tenor en extraña jurisdicción es que esta autoridad de aplicación solicitó un dictamen respecto a la litispendencia administrativa, el que aconseja dejar sin efecto la conciliación obligatoria dictada el 18 de febrero del corriente”.
En línea con esa decisión, no se fijó fecha para una nueva audiencia en el ámbito provincial. “Se notificará la nueva disposición, bregando por la pronta resolución de este conflicto en su lugar de tratamiento”, según dejó asentado el funcionario del área laboral bonaerense en el acta.
La referencia a la litispendencia administrativa es un concepto técnico que se refiere a una excepción procesal que ocurre cuando existen simultáneamente dos o más procesos idénticos en curso, con las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa, antes de que haya una sentencia firme.
Su finalidad es evitar sentencias contradictorias y preservar la economía procesal, paralizando el proceso posterior. En este caso, la existencia de una conciliación obligatoria de alcance nacional llevó a las autoridades bonaerenses a desistir de continuar con una instancia paralela.
Así, el conflicto por el cierre de Fate quedó atravesado por tres planos simultáneos: el administrativo, con la discusión sobre la jurisdicción competente; el político, con la intervención del gobernador; y el laboral, con el sindicato reclamando la preservación de todos los puestos de trabajo y garantías para ejercer el derecho a la protesta.
La negativa de la empresa a responder qué condiciones requeriría para “abrir FATE nuevamente” se convirtió en el punto más sensible del intercambio. Para el Gobierno provincial, esa pregunta abría la puerta a explorar alternativas de política productiva.
La compañía, en cambio, ignoró esa posibilidad y puso énfasis en que la audiencia debía ceñirse estrictamente al marco formal del procedimiento de conciliación obligatoria, sin la participación de áreas que no fueran la autoridad laboral y las partes directas del conflicto.
En esa línea, la compañía del grupo Madanes manejó los mismos argumentos tanto ante la jurisdicción nacional como la provincial: dijo que no está en condiciones de retrotraer la situación al momento anterior a los despidos porque los integrantes del SUTNA no accedieron a desalojar la planta.
Por su lado, el gremio retruca que las condiciones para reanudar las tareas están dadas, desmiente el argumento de la empresa y denuncia el incumplimiento de la conciliación obligatoria en curso.
Sin que esta divergencia se haya reducido ni un centímetro, las partes tienen agendada una nueva audiencia virtual en jurisdicción de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para el miércoles 4 de marzo a las 11:00.
Es justo cuando se cumplirían 15 días corridos desde que se decretó la conciliación obligatoria que ordena a empresas y trabajadores a volver al status quo anterior al conflicto, mientras se busca llegar a una solución por la vía de la negociación.
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