Rever Pass entró en concurso de acreedores: caída de ventas, importaciones y una deuda que supera los $7.000 millones

La firma de indumentaria que también opera la marca Be Rebel tiene más de 40 años de trayectoria y más de 100 empleados. Dice que agotó las alternativas para sostenerse y ahora busca reestructurar sus pasivos.

La empresa tiene actualmente 13 locales y una planta de producción. En los últimos meses pagó salarios en cuotas.

La industria textil y de indumentaria atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. En apenas doce meses desaparecieron 330 establecimientos vinculados al sector y se perdieron 15.468 puestos de trabajo formales, según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). En ese contexto, una nueva marca de indumentaria se sumó a la lista de empresas que buscan evitar el cierre: IGT33 S.A., que opera las marcas Rever Pass y Be Rebel, entró en concurso preventivo.

La compañía, con más de 40 años de trayectoria, presentó su pedido ante la Justicia en junio y el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18 abrió formalmente el concurso el 14 de julio. En el expediente, la empresa describe un deterioro que combina la caída del consumo interno, el avance de las importaciones, el aumento de los costos de producción y una estructura comercial cada vez más difícil de sostener.

El problema ya se refleja en sus números. IGT33 cerró 2025 con ventas por $11.814 millones, casi 24% menos que el ejercicio anterior en moneda constante, y terminó el año con una pérdida de $4.365 millones, frente a un rojo de $515 millones en 2024. A eso se suma un pasivo que supera los $7.000 millones y una estructura de más de 100 trabajadores, 13 locales alquilados y una planta industrial propia.

La presentación judicial no atribuye la crisis a un solo factor. Por el contrario, plantea que el deterioro se fue acumulando desde 2024 y terminó llevando a la empresa a una situación de cesación de pagos, que quedó formalmente expuesta el 16 de mayo de 2026, cuando no pudo afrontar compromisos asumidos con trabajadores que habían acordado desvinculaciones.

Importaciones, consumo y un negocio que cambió de modelo

En el escrito presentado para justificar el concurso, IGT33 señala como uno de los principales problemas el cambio en las condiciones de competencia. La compañía sostiene que desde 2024 se produjo una apertura de las importaciones que permitió el ingreso masivo de productos a través de plataformas internacionales, particularmente de origen oriental.

El argumento central es que las marcas locales deben afrontar una estructura de costos que los nuevos jugadores digitales no tienen. La empresa menciona los gastos de locales, personal, cargas sociales, impuestos, logística e infraestructura, mientras que las plataformas de venta directa desde el exterior pueden llegar al consumidor sin mantener una estructura física equivalente en la Argentina.

A eso se sumó, según la presentación, la retracción del consumo interno de indumentaria. La compañía asegura que los precios de venta del sector quedaron rezagados frente a la evolución de los costos y que, pese a aplicar promociones y descuentos, no pudo trasladar completamente los aumentos.

El financiamiento también se convirtió en un problema. IGT33 sostuvo que durante 2025 el costo del crédito llegó a niveles cercanos al 100% anual, en un momento en que la rentabilidad del negocio no permitía absorber ese costo financiero. El desfasaje financiero, según la empresa, comenzó en 2024 y se profundizó por la combinación de menor demanda y tasas elevadas.

La empresa también identifica un cambio en los hábitos de compra. Mientras el comercio electrónico gana participación, mantener una red de locales en shoppings implica alquileres, expensas, fondos de publicidad, servicios, impuestos y costos laborales. En el caso de IGT33, la compañía cuenta con 13 locales alquilados en distintos centros comerciales y una planta industrial ubicada en Marcos Sastre 1804, en Ricardo Rojas.

La propia empresa reconoce que comenzó una transformación del modelo. El objetivo es pasar de una matriz predominantemente productiva a otra que combine producción local con importación de productos terminados, una estrategia que, según el expediente, permitiría reducir costos y competir con las prendas importadas. El problema es que esa reconversión requiere inversión, acuerdos con proveedores y una nueva estructura logística, algo difícil de financiar en medio de la crisis.

La compañía también enumera otros factores que complicaron la operación, entre ellos el aumento de los costos salariales, de los insumos y de la producción nacional. Según sostuvo, los costos crecieron por encima de los precios de venta y eso generó un desfasaje que fue erosionando la rentabilidad.

Otro problema fue la necesidad de cerrar puntos de venta que habían dejado de ser rentables. La empresa explicó que los elevados alquileres, expensas y otros costos asociados a los centros comerciales llevaron a cerrar locales en shoppings y en la Costa Atlántica, mientras buscaba concentrar la actividad en canales que considera más eficientes, como el comercio electrónico y las franquicias.

De la caída de ventas al rojo de $4.365 millones

El deterioro comercial terminó impactando de lleno en los resultados. El balance del ejercicio cerrado en noviembre de 2025 muestra que las ventas bajaron de $15.475 millones a $11.814 millones en moneda constante. La ganancia bruta también se redujo con fuerza: pasó de $8.962 millones en 2024 a $5.678 millones en 2025. Al mismo tiempo, los gastos de comercialización y administración sumaron $8.567 millones.

El resultado financiero también jugó en contra. IGT33 registró $1.200 millones negativos por resultados financieros y por tenencia, frente a $546 millones negativos en el ejercicio anterior. El resultado antes del impuesto a las ganancias terminó con una pérdida de $4.262 millones y el ejercicio cerró con un rojo de $4.365 millones.

La compañía llegó a esta situación después de intentar sostener la estructura con distintas herramientas. En los últimos tres años tomó créditos bancarios para afrontar remuneraciones, indemnizaciones, nuevos contratos, obras, renovación de locales, incorporación de líneas de productos y la reformulación de áreas como marketing digital. Los propios accionistas y socios fundadores también realizaron aportes mediante préstamos extraordinarios.

Pero el financiamiento terminó profundizando el problema. Según la empresa, las tasas de esos préstamos fueron significativamente elevadas y en algunos casos superaron ampliamente la inflación oficial.

La falta de liquidez llegó incluso a los gastos más básicos. En los últimos meses, los salarios tuvieron que pagarse en dos etapas y caducaron planes de financiación de obligaciones de seguridad social e impuestos porque la empresa no pudo afrontar las cuotas.

Una deuda de más de $7.000 millones y el concurso como salida

El pasivo que llevó a IGT33 a recurrir a la Justicia supera los $7.000 millones. El principal componente corresponde a la deuda bancaria, que alcanza unos $3.276 millones. El Banco Nación concentra alrededor de $2.264 millones, mientras que Banco Provincia aparece con unos $866 millones.

También figuran $975 millones de deuda fiscal y unos $1.725 millones de obligaciones previsionales, además de compromisos laborales y sindicales. A esto se suma deuda con proveedores y otros acreedores comerciales. La empresa también tiene una exposición relevante en cheques diferidos a proveedores, que al 31 de mayo alcanzaba unos $262 millones, mientras que en el mercado ya aparecen 65 cheques rechazados por algo más de $300 millones.

El problema financiero derivó además en embargos sobre las cuentas de la sociedad iniciados por acreedores que buscaban cobrar sus créditos. En el expediente, la compañía explicó que esos embargos ponían en riesgo la continuidad de la operación porque podían impedirle disponer del dinero necesario para seguir funcionando.

Por eso, la empresa sostiene que el concurso es la herramienta que le permite ordenar el pasivo, evitar ejecuciones individuales y continuar operando mientras negocia con sus acreedores. También plantea que el proceso es necesario para preservar los puestos de trabajo y darle tiempo a la reconversión del negocio.

Rever Pass tiene más de cuatro décadas de trayectoria en el mercado argentino. La compañía fue integrando progresivamente sus procesos productivos y desde 2007 concentra en su estructura las tareas de corte, confección, estampería y bordado, además de las áreas comerciales, administrativas y logísticas.

Ahora busca hacer algo que resume buena parte de la transformación que atraviesa el sector: mantener la producción local, pero incorporar productos terminados importados para poder competir en precio y ampliar su oferta. El concurso preventivo aparece así como un intento por ganar tiempo para reestructurar una deuda que ya no puede sostener y, al mismo tiempo, reformular un negocio golpeado por la caída del consumo y el cambio en las condiciones de competencia.

La Justicia ya abrió formalmente el proceso. Los acreedores tienen tiempo hasta el 23 de septiembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación, mientras que el informe individual está previsto para noviembre y la resolución verificatoria para diciembre. El informe general llegará en febrero de 2027.