Recursos de la Seguridad Social, fiscalización on line y la realidad económica

Novedades Fiscales

Es a raíz de la resolución general 4.851. Con el propósito de prevenir factores de riesgo, mitigar el fraude y la evasión, el sistema informático desarrollado por la AFIP permitirá emitir, en forma digital, las planillas de relevamiento de personal, las actas y toda otra documentación propia de una fiscalización.

En Argentina, entre las diversas situaciones causadas por la Pandemia –Covid 19-, hay una esencialmente humana que es la proliferación de normas de distinta jerarquía, de todo tipo y referidas a temas insólitos y diversos, ya sea en el ámbito nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acerca de la cantidad de disposiciones dictadas en poco tiempo, es ilustrativo el Decreto 260/20 de Emergencia Sanitaria publicado en el Boletín Oficial el 12 de marzo de 2020 que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio y fue complementado o modificado por 976 normas al día 18 de noviembre de 2020 (ver www.infoleg.gob.ar.)

Con o sin Pandemia, para quienes trabajamos en el mundo tributario, el exceso de normas es moneda corriente a causa de la necesidad de recaudar de parte de cualquier administración tributaria incluso durante la feria fiscal sea extraordinaria o no.

1| Informática, fraude y evasión

En este contexto de aislamiento, la AFIP consideró oportuno reformular ciertos aspectos procedimentales de la fiscalización y de la determinación de deuda de los recursos de la seguridad social relacionados con el régimen de empleadores y, por ende, introdujo cambios en la Resolución General AFIP 79/98 y sus modificatorias y en la Resolución General AFIP 1566 (texto sustituido en 2010, sus modificatorias y complementarias) a través de la Resolución General AFIP 4851/2020 (B.O.: 6/11/20) con el objeto de utilizar nuevas herramientas informáticas y actualizar procedimientos, con el propósito de incorporar avances tecnológicos que apunten a la prevención de factores de riesgo, la mitigación del fraude y la evasión.

El sistema informático desarrollado por la AFIP permitirá emitir, en forma digital, las planillas de relevamiento de personal, las actas y toda otra documentación propia de una fiscalización. La Orden de Intervención, la Comunicación de Inicio y de Finalización de la Fiscalización serán suscriptas digitalmente, consignando las fechas respectivas, los datos identificatorios del sujeto inspeccionado y las obligaciones involucradas. Junto con el inicio de la fiscalización, el sistema emitirá un requerimiento electrónico con el detalle de la Nómina de Empleados para que, en el plazo único e improrrogable de diez días hábiles el interesado regularice su situación y, en caso de hacerlo, la multa impuesta se reducirá a la mitad de su valor.

Si el contribuyente no aceptara la postura de la AFIP en ese breve plazo, este nuevo procedimiento continúa y el sistema determinará los conceptos no regularizados, confeccionando el “Acta de Inspección Digital” que contendrá la intimación de la deuda resultante, sus intereses y la multa aplicada, lo cual deberá ser instrumentado conforme con los Anexos de la R.G. 4851/20. Dentro de los quince días hábiles de notificada el “Acta” señalada, el contribuyente podrá: a) regularizar la situación de los empleados en cuestión en cuyo caso la multa, en principio, se reduce al treinta y cinco por ciento de su valor o b) impugnar la pretensión fiscal de acuerdo a los procedimientos oportunamente reglados por la Resolución General AFIP 79/98 citada(1).

Todos los pasos realizados por la AFIP en esta nueva fiscalización y determinación tributaria deberán ser notificados al sujeto inspeccionado e incluso al responsable solidario, a través del domicilio fiscal electrónico (art. 100, inciso g, ley 11.683).

2| Dudas que surgen del procedimiento

Este procedimiento digitalizado genera algunos interrogantes operativos por cuanto, de la lectura de la R.G. AFIP 4851/20, surge que la fiscalización será realizada con los datos obrantes en las bases informáticas de este Organismo y, a su vez, esa misma Resolución alude a los relevamientos de personal los cuales, en rigor, sólo pueden concretarse mediante inspecciones presenciales en los establecimientos o lugares en donde efectivamente se verifican los hechos imponibles, para lo cual la AFIP tiene amplias facultades ya sea por mandato de la ley 11.683 como de la ley 18.820 (art. 10) a las que remiten los propios Considerandos de la R.G. aquí comentada.

En rigor, cualquier relevamiento de personal exige interrogar a los supuestos trabajadores no registrados o registrados incorrectamente con la finalidad de que se pruebe la “realidad constatada” a la que alude expresamente la ley aplicable (ley 26.063, B.O. 9/12/2005), realidad que, obviamente, no aparece en las bases informáticas fiscales. Por otra parte, en esta materia rige el principio de realidad económica que constituye uno de los pilares del derecho tributario argentino y, sin hechos probados o indicios y/o presunciones mínimamente demostradas, cualquier pretensión fiscal carecerá de causa.

A modo de conclusión, los sistemas informáticos pueden contener muchos datos para evaluar la situación de un contribuyente pero lo cierto es que, para tener una visión integral de los hechos sucedidos, es necesario que se investigue y se constate la realidad económica en cada caso para conocer el verdadero y real alcance de la obligación tributaria. De lo contrario, la validez y legitimidad de este tipo de fiscalizaciones y determinaciones de deuda, aunque exista una norma reguladora, podrán ser cuestionadas ante la Justicia por falta de elementos probatorios y por apartarse de la verdad material. Más aún, la observancia del debido proceso incluso durante una fiscalización debe acentuarse aún más cuando el organismo administrativo es al mismo tiempo juez y parte como sucede con la AFIP frente a la recaudación de los recursos de la seguridad social.

(*) Susana.accorinti@hotmail.com

(1) Accorinti, Susana, “Recursos de la Seguridad Social- Procedimientos y sentencias esenciales”, 2da. Edición, pags. 5/32, La Ley, 2013.

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