Cuando una empresa evalúa invertir en la Argentina, aparecen preguntas conocidas: cómo podrá cobrar, cuánto le costará contratar y qué pasará si las reglas cambian durante el proyecto. La experiencia del país explica esa cautela. Sin embargo, tomar decisiones únicamente a partir de dificultades del pasado puede llevar a pasar por alto cambios que hoy merecen atención.
En los últimos años se modificaron reglas que afectan la inversión, el financiamiento y los negocios tecnológicos. Esas reformas obligan a revisar algunas respuestas que durante mucho tiempo parecían definitivas sobre la Argentina. Para una empresa que analiza dónde instalarse o crecer, conocer qué herramientas existen hoy es tan importante como entender los riesgos que siguen presentes.
Uno de los mayores obstáculos para hacer negocios fue, durante años, la dificultad de planificar. Una empresa puede calcular impuestos, salarios y costos operativos. Lo que resulta mucho más difícil es proyectar una inversión cuando las condiciones pueden cambiar antes de recuperar lo invertido. La previsibilidad tiene, por eso, un valor económico concreto.
Los regímenes de promoción buscan responder a esa necesidad. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por treinta años a los proyectos que cumplen sus requisitos. Por su parte, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) incorpora beneficios para inversiones productivas de empresas de menor tamaño. Su alcance es diferente, pero ambos aportan herramientas concretas para llevar adelante nuevos proyectos.
Para las empresas tecnológicas, esta discusión es central. El talento y una buena idea necesitan un entorno que permita convertirlos en un negocio sostenible. Cobrar a clientes del exterior, recibir inversión o acceder a financiamiento son cuestiones que pueden definir dónde se desarrolla una compañía y desde qué país crece.
Los cambios en la regulación de activos digitales ilustran ese proceso. Los proveedores de servicios de activos virtuales cuentan con requisitos y controles establecidos por la Comisión Nacional de Valores. También se ampliaron las posibilidades de representar digitalmente instrumentos financieros, un mecanismo conocido como tokenización. Son avances que crean condiciones para desarrollar nuevos servicios y formas de financiamiento dentro de un marco regulado.
El valor de estas herramientas, sin embargo, se medirá por su uso. Una posibilidad prevista en una norma tiene que poder convertirse en una operación concreta, con procedimientos claros y costos razonables. Allí se juega buena parte de la competitividad: en la facilidad con la que una empresa puede pasar de evaluar un proyecto a ponerlo en marcha.
Por eso, la continuidad de las reglas es tan importante como su diseño. La confianza se construye cuando un trámite se completa en el plazo previsto, las autoridades sostienen criterios consistentes y los compromisos se cumplen. Cada experiencia de ese tipo aporta algo que ninguna reforma puede generar de inmediato: evidencia de que es posible planificar.
La Argentina tiene una oportunidad para que más empresas elijan desarrollar negocios tecnológicos desde el país. Aprovecharla exige que las reformas se apliquen de manera consistente y se sostengan en el tiempo. Del lado de quienes evalúan invertir, exige revisar el escenario con información actualizada y analizar qué cambió para cada actividad.
Mirar la película no significa desconocer la foto. Significa entenderla como parte de una historia que todavía se está escribiendo. Para quienes evalúan invertir o desarrollar negocios en la Argentina, esa diferencia puede ser relevante: no alcanza con saber qué reglas existen hoy; también hay que observar cómo se aplican, cuánto duran y qué resultados generan.
*Francesca Petrazzini, cofundadora de OwnIt Legal y Andén Tech