¡Arriba las manos! Vengo a salvarlo

Más que un programa económico, Kirchner fundó un modelo de poder basado en el manejo discrecional de la caja. La caja holgada era el resultado de un desquiciado sistema tributario montado sobre feroces impuestos a las exportaciones solventados por precios internacionales inéditos para los productos de nuestros sectores más competitivos.

Advertimos reiteradamente la gravedad y extensión de la crisis que algunos limitaban al subprime.

Nosotros preferimos insistir en su carácter global y el inevitable impacto sobre las materias primas. Durante más de un año, la actitud oficial fue negar eventuales consecuencias sobre nuestra economía, que a juicio del matrimonio gobernante lucía como ejemplo para un Primer Mundo que se derrumbaba cual burbuja (¿?) y que necesitaba el plan B del que la sólida Argentina podía prescindir. Mientras la Presidente dedicaba horas cátedra a fustigar la codicia especulativa de banqueros e inversores y nos contaba cómo ella tenía perfectamente previsto el crac financiero, la larga y perdidosa batalla con el campo mostraba la realidad de un gobierno subido a una fiesta de commodities que creían interminable. Tan poco en cuenta tenía la grave situación internacional que -con el disfraz bajo el manto de un ya extinto acuerdo con los outholders- la angurrienta caja oficial apostó a conseguir fondos frescos de los bancos internacionales, llegando a signar una carta de intención en el mismo momento en que se desmoronaba la mitad del sistema bancario mundial. El documento no constituía tan siquiera un gesto; se trataba más bien de una grosera gesticulación enderezada a mostrar una «negociación efectiva» con los acreedores, condición exigida por el paciente juez Griesa para destrabar activos integrantes del colateral del préstamo garantizado y poder así forzar la refinanciación con los cautivos acreedores locales.

Nuestra economía, en tanto, iba evidenciando un parate inocultable. A las variadas cuestiones locales -controles de precios, normas laborales, presión impositiva, amenazante entorno políticose sumaría la perspectiva de una severa caída de nuestras ventas externas para arrojar un panorama fiscal verdaderamente sombrío para el crucial -por lo electoral-año próximo. Sin acceso a financiamiento voluntario y desechada la posibilidad de lograr el superávit fiscal proyectado en el fantasioso Presupuesto 2009, el programa financiero resultaba de cumplimiento imposible, dejándonos en la antesala de un nuevo default. Para los Kirchner eso significaría el final.

Rápido de reflejos y liviano de escrúpulos, el gobierno hizo del manotazo a los fondos jubilatorios particulares su tabla de salvación. Con impenitente cinismo, anunció su proyecto de salvataje al «conceptualmente inviable» régimen de capitalización individual. No alcanzaba con las sucesivas defraudaciones perpetradas al sistema, obligándolo a cargar con ruinosos bonos públicos, presionando a las administradoras para aceptar el canje, recortando a dos tercios los aportes, falsificando la inflación con que se ajustan esos títulos a una tercera parte de lo real. Si los afiliados no habían tenido la generosidad de pasar por propia y libre decisión sus aportes al barril sin fondo estatal, ahora les serían quitados por la fuerza. Ni en las más crueles monarquías absolutas un rey podía disponer tan a su antojo de los bienes de todos sus vasallos.

Confiscación

De nada servirían los argumentos morales o jurídicos. Una remunerada cohorte de legisladores, sindicalistas y medios de comunicación saldrían a hablar de estatización de las AFJP -falso a todas lucesen lugar de la masiva confiscación a más de nueve millones de argentinos. Es más, saldrían a argumentar la inexistencia del derecho de propiedad (así hacen los ladrones), basándose en la imposibilidad de disponer sobre esos ahorros antes de jubilarse (¿acaso no ocurre lo mismo con el importe a percibir por un pagaré?).

Con impar descaro, los mismos funcionarios que pocos meses atrás se mostraban como abanderados del derecho a la libre elección, intentan convencernos de los méritos de someterse alegremente al ultraje. Es que -aseguranvienen a salvarnos. De los quebrantos que ellos mismos les provocaron a nuestros ahorros. Prometiéndonos la jugosa jubilación estatal. La misma que gratifica hoy a 84% de sus « beneficiarios» con los haberes mínimos, cuando éstos eran 30% al comienzo de la gestión de Néstor I.

Tampoco importaron los argumentos más prácticos en contra del latrocinio a perpetrar: el solo anuncio de confiscación convertía a las tenencias de los futuros jubilados pasibles de embargos por parte de los tribunales extranjeros. Por si no fuera suficiente, el gobierno no esperó al Congreso y comenzó a actuar como el verdadero titular de los fondos, ordenando movimientos a las administradoras. La decisión precipitó los bloqueos. Los acreedores, buitres incluidos, agradecidos.

Resulta al menos pintoresca la actitud de algunos supuestos opositores. Sus críticas no se centraron en la propiedad violada o en la burla al libre albedrío. Su preocupación está en el correcto y profesional manejo de los fondos. El mismo (des)manejo que hasta hoy se hace con los fondos del sistema estatal -en abierta descapitalización, « prestados» al Fisco a tasa negativasin queja alguna por parte de estos objetores. Creer que quien se lleva por la fuerza los ahorros jubilatorios particulares los va a respetar intactos es como creerle a un violador serial que va a entrar al baño de las chicas tapándose los ojos. En esta Argentina, lo único intangible es el derecho de propiedad.

Plan de salvataje. Sistema de reparto. Nunca mejor elegidos los nombres. Queda claro quiénes se salvarán y de quiénes serán los dinerillos repartidos.

Asustados, los supuestos «beneficiarios» del salvataje huyen con lo que les queda de las reglas de juego del monarca. La salida de capitales recrudece, el dólar y las tasas toman altura. El Banco Central empeña las reservas para evitar una vuelta campana cambiaria.

«Hay artillería de sobra para controlar el dólar» -se oye decir a políticos y funcionarios-. No sabemos a cuál munición se refieren. Porque si se trata de las reservas, sobradas dudas quedan. Desde hace seis meses venimos advirtiendo sobre la oscura contabilidad al respecto. En el país en que se digitan desde las estadísticas de inflación y de actividad hasta las de pobreza, la opacidad de la información brindada por el BCRA no le va en zaga.

Es urgente que la autoridad monetaria informe el monto de préstamos de organismos multilaterales, de ventas a futuro, de operaciones de pase con divisas eventualmente de títulos públicos computados como reservas. La información sobre las cuentas públicas es un bien también público al que los ciudadanos tienen derecho. La falta de información clara y completa aumenta el temor de los agentes económicos.

También se necesita conocer con urgencia en qué activos se encuentran invertidas las sumas integrantes del Fondo de Garantía de los Depósitos. En momentos en que cruje el sistema bancario mundial, es saludable que los ahorristas puedan estar tranquilos sobre la real capacidad de auxilio del fondo que administra -bajo control estatal- la Sociedad de Garantía de los Depósitos (SEDESA).

Hay pedidos de informe en el Congreso durmiendo el sueño de los justos. Ya nos sorprendieron queriendo llevarse nuestros ahorros jubilatorios, sobre los que habían afirmado que respetarían nuestra libre elección. Esperemos que el nivel de las reservas internacionales y la situación del fondo de garantía no constituyan la próxima sorpresa. Todo vale cuando la caja, base del poder K, está amenazada.