La escasez de combustible que Paz prometió resolver no es un problema de mala gestión. Es el síntoma más visible del agotamiento de un modelo construido sobre una renta que ya no existe.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz.
En Bolivia, la inestabilidad no es un accidente de la historia: es su arquitectura. El palacio presidencial lleva el nombre de un incendio (el que opositores provocaron en 1875 lanzando antorchas desde la catedral vecina) como si el país hubiera decidido, desde entonces, gobernar sobre las brasas. Rodrigo Paz lleva siete meses en ese edificio. El fuego no tardó en encontrarlo.
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Bolivia enfrenta su tercera semana consecutiva de movilizaciones. Veintidós puntos de bloqueo paralizan el país. La Paz permanece sitiada. Las imágenes recuerdan episodios que muchos bolivianos conocen bien: el cerco al altiplano, la ciudad tomada por la protesta, el gobierno negociando contra el reloj.
Para entender por qué Bolivia está donde está, hay que salir del país y mirar el mapa energético regional de hace veinte años. En 2006, cuando Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, Bolivia era el segundo mayor reservorio de gas natural de América del Sur. Sus gasoductos abastecían a Brasil y Argentina bajo contratos de largo plazo. Las llamadas Evonomics convirtieron esa ventaja geológica en política social: entre 2000 y 2015, el PIB boliviano se multiplicó por cinco. Era un modelo con pies de gas.
El problema es que el gas se agotó antes que el modelo. La producción alcanzó su pico en 2014 y entró en declive sostenido. La inversión extranjera se retrajo y el Estado no logró diversificar su matriz productiva. La pandemia, la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria en EE.UU. terminaron por cercar al modelo.
La escasez de combustible que Paz prometió resolver no era, en ese contexto, un problema de mala gestión. Era el síntoma más visible del agotamiento de un modelo construido sobre una renta que ya no existe.
Su primera gran apuesta fue audaz, quizás demasiado. En diciembre, declaró la emergencia económica y anunció el fin del histórico subsidio: la gasolina subió un 86%, el diésel un 160%. Era, en el lenguaje de la tecnocracia, un shock de racionalización. En el lenguaje de la política boliviana, una declaración de guerra.
Duró veintiún días. El 12 de enero, rodeado de su gabinete, Paz anunció la derogación del decreto. Una integrante de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa lo resumió con precisión quirúrgica antes de que se firmara el acta de acuerdo: "Los ministros se están comprometiendo, pero quien promulga es el presidente. Aguantaremos dos días más". Aguantaron. Y ganaron. Fue la primera gran derrota de Paz. No la última.
Lo que ocurre hoy en Bolivia es más complejo que una disputa entre un gobierno reformista y una oposición organizada. El conflicto no tiene un solo centro: tiene varios, con agendas distintas que convergen tácticamente en el bloqueo pero divergen en sus demandas. Los maestros piden salarios. Los transportistas reclaman por la calidad del combustible. La Federación de Campesinos Túpac Katari instaló bloqueos indefinidos con un único objetivo: la renuncia del presidente.
En ese mosaico aparece también el evismo: los seguidores de Morales marcharon hacia la capital para rechazar la reforma constitucional que impulsa Paz y exigir el cese de los procesos judiciales contra su líder, quien permanece en su bastión cochabambino eludiendo una orden de captura pero que incluso, con un partido fracturado, despierta fantasmas para las clases medias tradicionales, de momento infundados, de un retorno al poder.
La paradoja más incómoda de la presidencia de Paz no está en las calles bloqueadas sino en un detalle de su campaña. Se diferenció de su rival en el balotaje con una promesa de alto voltaje simbólico: no iría al FMI. En Bolivia, el Fondo es sinónimo, en la memoria colectiva, de ajuste y pérdida de soberanía.
Según Bloomberg, la última ronda de conversaciones con el organismo gira en torno a un préstamo cuyas condiciones incluirían ajuste cambiario y posibles devaluaciones. El problema es que el FMI tiene razón en el diagnóstico, y esa razón técnica, en el contexto boliviano, es dinamita política.
Desde su independencia en 1825, Bolivia ha tenido más de ochenta y cinco gobiernos, treinta y ocho de ellos de facto. Esa estadística refleja una tensión constitutiva entre la demanda social y la capacidad estatal, entre la expectativa de transformación y la inercia de las estructuras.
Rodrigo Paz fue elegido para hacer lo que ningún gobierno anterior logró: cerrar el ciclo del MAS sin colapso social, modernizar la economía sin destruir las conquistas distributivas, atraer inversión sin entregar soberanía. Es, en términos estrictos, un mandato que parece imposible. No porque Paz sea incapaz, aún es pronto para saberlo, sino porque las condiciones estructurales hacen que cualquier reforma sea, simultáneamente, necesaria e intolerable.
Bolivia no necesita solo un gobierno diferente. Necesita un nuevo pacto social sobre qué país quiere ser después del gas. Ese pacto no se firma en el Palacio Quemado. Se construye, si se construye, en la negociación entre un Estado que ya no puede comprar la paz social y una sociedad que todavía espera que alguien lo intente.
Mientras tanto, los bloqueos siguen. La Paz permanece cercada. Y el palacio, como siempre, huele a humo.
Analista Internacional (USAL-UTDT)