Coparticipación: ¿se desperdiciará otra oportunidad?

Por otro lado, el proyecto oficial no implica grandes cambios respecto del pésimo sistema vigente. Una de las pocas cosas buenas que tiene es la eliminación de la precoparticipación de impuestos, es decir la distribución de tributos coparticipables que antes tenían una asignación específica previa. Así, se propone que todos los gravámenes compartidos vayan directamente a la «bolsa común» y luego se distribuyan entre las provincias y la Nación, asignándolos luego a los distintos gastos en los respectivos presupuestos. Esta era una de las exigencias del FMI y, desde el punto de vista de manejo fiscal, implica una ganancia cualitativa importante.

Se meten todos los impuestos coparticipables dentro de la «bolsa común». Luego se mide cuánto le hubiera tocado proporcionalmente a la Nación y a cada provincia con la distribución anterior: ésos serán los porcentajes que regirán en la nueva ley. Por otro lado, cada provincia y la Nación no podrán recibir menos nominalmente de lo que reciban este año. El incremento futuro sobre 2004 se asignará durante 10 años, por un porcentaje decreciente que empieza en 24%, a un Fondo de Equidad Social que beneficiará a todas las provincias excepto San Luis, La Pampa y las patagónicas.

El resto del aumento de la coparticipación se asignará en el porcentaje determinado anteriormente para distribución primaria entre la Nación y las provincias. De la parte de las provincias se detraerá 10% del incremento para dar los premios por eficiencia recaudatoria a las provincias que se considere lo merecen. Dado que a las provincias les tocará alrededor de 41% de dicha parte de la recaudación, este fondo implicará como mucho 4,1% del total del incremento de los ingresos coparticipables.

Sin embargo, uno de los problemas serios que tiene el actual sistema de coparticipación es que genera un gran subsidio desde las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Capital Federal al resto de ellas. En las primeras se recaudan muchos más impuestos de los que luego les tocan y en las segundas es a la inversa. Por ello, es lógico que aquellas provincias pretendan disminuir esa transferencia.

A pesar de las cifras tremendistas dadas por el oficialismo para justificar la imposibilidad de cumplir con el pedido de las provincias perjudicadas, el problema es solucionable. Ninguna provincia debería recibir menos nominalmente que en 2004, pero el incremento podría ser asignado en forma más justa para las provincias grandes. De todas formas, todavía podría decidirse que los estados más pobres reciban un porcentaje mayor al que les corresponde; pero menor al actual. Una posibilidad a analizar es que una parte del incremento de la recaudación se destine a un fondo que se distribuya con algún criterio solidario predeterminado y objetivo. Es más, además de este último criterio, se asigna una mayor proporción de recursos al premio por «eficiencia» y, así, incentivar a las provincias chicas y pobres a un buen manejo de sus finanzas.

El gobierno mandó un proyecto de responsabilidad fiscal al Congreso, el cual pretende fijar pautas de buena gestión fiscal a las provincias. Sin embargo, este proyecto fracasará como otros intentos similares en el pasado si no hay premios y castigos. En ese sentido, es importante destacar que los recursos de la coparticipación corresponden a cada provincia y no son una dádiva que da y puede quitar el Estado nacional. Por ello, es bueno que en la distribución se discrimine lo que recibe cada gobierno provincial porque le corresponde y qué por mayor eficiencia o por criterio de solidaridad. Estos últimos conceptos no deberían ser transferidos a las provincias que no cumplan con la ley de responsabilidad fiscal; lo cual las incentivaría a una buena administración de los recursos.