Hacia una Ley de Coparticipación objetiva

Opiniones

En el sistema argentino la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (LCFI) siguió un criterio histórico donde en vez de un sistema se conformó un régimen. Una suerte de parche, reflejando las necesidades coyunturales y el poder de negociación de distintos sectores, sin armonía, planificación ni racionalidad.

La efectividad de un sistema tributario depende que el mismo siga un criterio racional y armónico, donde sea creado teniendo en cuenta los objetivos, obligaciones y recursos del Estado.

En el sistema argentino la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (LCFI) siguió un criterio histórico donde en vez de un sistema se conformó un régimen. Una suerte de parche, reflejando las necesidades coyunturales y el poder de negociación de distintos sectores, sin armonía, planificación ni racionalidad.

Los últimos eventos políticos pueden servir como disparador para la modificación de esta Ley, sin perder de vista la complejidad operativa de llevar adelante una modificación integral de una Ley convenio como es la LCFI.

En primer lugar, habría que analizar cuantos recursos del total de la masa tributaria se asignan al gobierno nacional y cuantos a los gobiernos provinciales.

El gobierno federal, por imperio del artículo 4to de la Constitución Nacional, resulta beneficiario exclusivo de las rentas provenientes del comercio exterior. En muchos periodos de nuestra historia, tal como fue el 2002-2016, se detrae de la masa coparticipable una importante cantidad de recursos.

Adicionalmente, en la coparticipación primaria, el artículo 3ro de la LCFI 23.548 establece que el total recaudado de los demás tributos, que no tengan una asignación específica, se distribuirá en un 42,34% para la Nación, y el 54,66% para las provincias.

Al momento de la sanción de dicha Ley (año 1988) este criterio tenía sentido, ya que la Nación se hacía cargo de la mayoría de los servicios de gobierno que se distribuían en el país. Pero en el 2020, con la excepción de las facultades delegadas tales como la defensa nacional y las relaciones internacionales, las provincias corren con los costos de las principales responsabilidades públicas tales como la educación, la seguridad, o la salud.

El gobierno federal debería reconocer estas erogaciones con las que deben cargar los estados provinciales, y compensar estos recursos tanto en la coparticipación primaria como en las rentas del comercio exterior.

En cuanto a la coparticipación secundaria, es decir aquella que distribuye el 54,66% entre las provincias, la misma se realiza a través de un sistema de alícuotas fijas que no tiene en cuenta las necesidades reales de cada jurisdicción, el aporte de las mismas a la economía nacional, o que posea incentivos para el desarrollo o para una gestión eficiente.

Este sistema de alícuotas fijas viene a ser incluso un retroceso en relación a sus antecedentes legislativos. Las Leyes 14.788 y 20.221 contemplaban la cantidad de población y las brechas de desarrollo entre las jurisdicciones como variables. Era un sistema imperfecto, pero más flexible y objetivo.

En tal sentido, es preciso implementar un sistema superador del actual régimen. Una propuesta podría ser establecer un índice que tome en cuenta 4 dimensiones: 1) Nivel de desarrollo humano; 2) contribución a la economía nacional; 3) Infraestructura básica; e 4) incentivos fiscales.

En primer lugar, se debería establecer un piso de desarrollo humano para todas las jurisdicciones. Para ello se debería fijar un mínimo a cumplir de variables vinculadas a la salud, la educación y la seguridad. Las variables podrían ser la cobertura del sistema de salud, tasa de mortalidad infantil, cantidad de días de clase, resultados de pruebas estandarizadas, o delitos per cápita. Los desembolsos posteriores deben estar condicionados al cumplimiento de estos mínimos.

Luego, corresponde ponderar el aporte que realiza cada jurisdicción a la economía nacional. Por citar un caso, Chubut es la 5ta provincia exportadora, pero en el ranking de coparticipación figura en el puesto 22. De igual manera, al comparar las alícuotas de la LCFI con la participación de las jurisdicciones provinciales en el PBI nacional, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe son provincias cuyo aporte excede lo que perciben en concepto de coparticipación. Reconocer la contribución de cada jurisdicción a la economía nacional no solo es justo, sino que también incentiva el crecimiento económico provincial.

Las enormes asimetrías en materia de infraestructura básica que existen también deben ser tenidas en cuenta. Según la jurisdicción donde le toque nacer, un argentino puede o no tener garantizado servicios básicos esenciales, o un emprendedor local puede o no tener la infraestructura que lo haga competitivo. Aquí debe primar un criterio de equidad y desarrollo armónico para lograr la verdadera igualdad.

Finalmente, se debe reconocer a los Estados administrados eficientemente de acuerdo a indicadores objetivos como el nivel de endeudamiento en relación al presupuesto, el déficit provincial, o su historial de cumplimiento con los empleados públicos y los proveedores del Estado. Así, existiría un incentivo real para la gestión eficiente de los gobiernos provinciales. Ninguna reforma de la LCFI puede ser llevada a cabo si no coexiste suficiente poder político, sea propio o por consensos, y las condiciones contextuales adecuadas.

Sin embargo, los últimos eventos políticos pueden haber generado una ventana de oportunidad histórica.

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