Cupo femenino en directorios: ¿es terreno del IGJ?

Opiniones

La Inspección General de Justicia ha emitido la resolución 34/2020 por la cual establece la composición mixta de los órganos directivos de las distintas entidades sujetas a su fiscalización.

La Inspección General de Justicia ha emitido la resolución 34/2020 por la cual establece con carácter imperativo la composición mixta (hombres y mujeres) de los órganos directivos de las distintas entidades sujetas a su fiscalización, entre ellas, las sociedades anónimas del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, Asociaciones Civiles y las Fundaciones.

De ahora en más esos órganos directivos: directorios, comisiones directivas o consejos de administración, deberán estar compuestos por un número igual de representantes de ambos sexos y cuando el número sea impar al menos un tercio deberá ser del género femenino.

La operatividad que puedan tener las cláusulas constitucionales sin necesidad de una ley reglamentaria de las mismas que invoca el Inspector, no genera de por sí facultades legislativas a un órgano cuya función se limita al registro y la fiscalización de las entidades sujetas a su competencia dentro de la jurisdicción nacional. Las provincias tienen cada una su propia “Inspección General de Justicia”. Es decir, esta nueva reglamentación sobrepasa las facultades del organismo.

Dar carácter imperativo y concreto a mandas constitucionales que lo que imponen básicamente es la no discriminación pero no una forma determinada de conducta en tanto no transgreda esa imposición, parece un exceso en las facultades del organismo.

En consonancia con lo expuesto es de notar que la Comisión Nacional de Valores en su Resolución General 797, citada por el Inspector en apoyo de su postura, consagra la necesidad de que las sociedades con oferta pública que no sean pymes, cuenten con un Código de Gobierno Societario. Pero la Comisión respeta los límites que señalaba en cuanto a no poseer competencias legislativas. En efecto ese Código y esa norma de la Comisión, están diseñadas bajo el concepto de hágalo o explique por qué no lo hace. No bajo el concepto de Ud. debe hacerlo en cualquier caso.

Por lo demás, si vamos al texto en el punto que se toca con la discusión, lo que dice que el Código de la Resolución 797, es que en la composición de los Directorios no debe haber políticas discriminatorias ni tampoco en la remuneración de los integrantes, por su sexo y otra motivación. De ningún modo impone un número determinado según el sexo.

Es que el buen gobierno corporativo lo que demanda es la idoneidad de los integrantes de los órganos de dirección y no un número determinado de integrantes de uno u otro sexo. Idóneos, no hombres o mujeres. Los mejores posibles, no hombres o mujeres. Porque eso es lo que hará a la empresa más eficiente y por tanto beneficiará a sus trabajadores, accionistas, asociados, partícipes y la sociedad toda. Contrariamente, elegir a personas por su sexo y no por su capacidad, además de ser también discriminatorio, perjudica a todos los incumbentes en la empresa y como decía también a la sociedad.

La Argentina, ahora más que nunca, necesita generar puestos de trabajo para empezar a reducir la gigantesca ola de pobreza que nos cubre.

Para ello se necesitan inversiones y esas inversiones y sus promotores necesitan la mejor administración asequible. Poner exigencias que postergan esa necesidad sin un claro respaldo racional sino que más bien apuntan a un efecto político, no parece aconsejable. Si además esas exigencias tienen el efecto de aumentar los costos, las dificultades y los riesgos de la inversión en el país y que complican al inversor a la hora de administrar su proyecto con exigencias matemático/políticas y no con el objeto de la mejor gestión, francamente no ayudan.

No se me escapa que este incremento de costos y compromiso de la eficiencia sujetándola a un motivo político difícilmente tenga por sí mismo un efecto de descarte, pero es la suma de pequeñas dificultades, procesos burocráticos lentos y costosos y sorpresas a cada paso hacen que, agregadas, sean una dura carga para que nuestra economía sea la seleccionada por los inversores para arriesgar sus ahorros y generar trabajo. Esto es un problema más.

(*) Socio estudio de abogados Fretes, Casaburi, Grinenco. Ex vicepresidente de la CNV.

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