Deuda: ¿qué es la "buena fe"?

Recientemente se presentó el libro «El default y la reestructuración de la deuda». En el mismo, su autor, el abogado Eugenio Bruno, explica en detalle antecedentes, consecuencias judiciales y hasta mecanismos exitosos para superar la cesación de pagos. A continuación, un extracto en el que se analiza lo que el FMI exige del gobierno: «negociar de buena fe con acreedores».

Hay un término que tiene mucha influencia en la reestructuración de la deuda con los privados y en la relación de la Argentina con el FMI: «negociaciones de buena fe». Mucho se ha escrito y discutido sobre el tema. A continuación, trataré de explicar su origen, fundamento y contenido.

De acuerdo con las políticas de crédito del organismo, el FMI no puede financiar a un país que esté en cesación de pagos con sus acreedores privados. Las políticas del Fondo en esta materia se denominan «lending-into-arrears», es decir, «prestar en mora».

Durante la década del '80, tras la crisis de la deuda, en la cual la mayoría de los países latinos tenía atrasos con los bancos privados acreedores, el FMI les exigía a dichas naciones que, para ayudarlas financieramente, primero debían alcanzar con los acreedores privados un «acuerdo preliminar» de refinanciación de las obligaciones en cesación de pagos (es decir, compromisos de levantamientos de los defaults).

Durante la década del '90, el FMI cambió el requisito para mantener los programas de ayuda a países en default con los privados. Desde entonces (y en la actualidad), ya no se exige más que haya un «acuerdo preliminar» con los privados, sino algo que está un paso atrás de ese estándar: negociaciones de buena fe con aquellos que sean tendientes a levantar el default.

En setiembre de 2002, el FMI emitió un documento donde precisó que debe entenderse por «negociaciones de buena fe»: (1) cuando un país decide reestructurar su deuda, debería embarcarse en un temprano diálogo con sus acreedores y continuar este diálogo hasta que la reestructuración se complete; (2) el país debería compartir información relevante no confidencial con sus acreedores en tiempo real. Esta información debería permitir a los acreedores evaluar la necesidad del país de reestructurar la deuda y su consistencia con los programas fiscales y financieros propuestos; y (3) el país debería darles a los acreedores una temprana oportunidad para hacer aportes en el diseño de las estrategias de reestructuración, y cuando los acreedores hayan conformado comités de negociación, se espera que el país negocie de buena fe con dichos comités.


Cómo funcionan los canjes de deuda

Bajo este mecanismo se formula una oferta de canje de los títulos existentes en default por nuevos títulos con condiciones financieras distintas a las originales. Generalmente, se establece en las condiciones de la oferta que sólo sería implementada si se obtiene un porcentaje mínimo de aceptación (80%, por ejemplo) de parte de los acreedores, quienes tienen la opción (pero no la obligación) de aceptar los nuevos títulos.

Es difícil que el mercado acepte un porcentaje menor que el indicado. Usualmente, se utilizan dos métodos para lidiar con los acreedores: negociación con ellos o sus representantes (oferta negociada), u oferta unilateral para ser aceptada o rechazada. Pero el equipo económico está siguiendo una suerte de camino intermedio, tal como veremos.

De acuerdo con el primer método, el gobierno deudor conforma un comité de acreedores integrado por los inversores de mayores tenencias, con el cual lleva adelante una negociación concreta sobre los términos de repago. Estas negociaciones pueden durar meses y, en ocasiones, hasta años. Si las partes alcanzan un acuerdo preliminar, el gobierno y los miembros del comité salen al mercado a divulgar los términos del mismo frente al resto de la comunidad inversora tratando de convencerla que acepte dichos términos; el comité de acreedores sólo puede recomendar, pero no tiene poder para tomar y ejecutar decisiones de vincular a los inversores.

La otra opción consiste en que el gobierno deudor diseña una oferta de reestructuración con la asistencia de sus asesores legales y financieros, y eventualmente alguna contribución de ciertos acreedores significativos mediante consultas informales y sin una agenda de negociación con aquéllos. Luego del diseño de la oferta, la misma es lanzada a los inversores, para que éstos, en un plazo perentorio, la acepten o rechacen.

Según el FMI, las consultas informales y ofertas unilaterales son posiblemente la opción preferida en los casos de reestructuración predefault que se desarrollan dentro de una suerte de terreno de amenaza real de incumplimiento, en razón de que dichas consultas constituyen un proceso más rápido que la constitución y negociación vía un comité de acreedores.

Sin embargo, en casos de reestructuraciones posdefault en las cuales el deudor persiga reducciones de deuda sustanciales, las consultas informales pueden no ser efectivas en canalizarel acuerdo de los acreedoreshacia las propuestas del deudor, y por lo tanto, puede ser necesario constituir un mecanismo de negociación formal con representantes de los inversores reunidos en un comité, apuntando a lanzar una oferta negociada. Este punto de vista, sumado a las políticas de «negociaciones de buena fe», ha llevado al FMI a exigir al gobierno a que incluya en la carta de intención que la Argentina se compromete a negociar con los distintos comités de acreedores todos los aspectos de la reestructuración.

El esquema del gobierno

El gobierno argentino no está utilizando ninguna de las dos opciones mencionadas, sino que ha tomado una especie de camino intermedio. Ha anunciado las quitas, pero no hay plazo perentorio para que los inversores acepten o rechacen la propuesta, sino que se abrió un período de ciertas consultas formales posteriores, pero sin ninguna flexibilidad para modificar el corazón de la propuesta.

Tampoco hay negociaciones con los comités de acreedores y tampoco diálogo efectivo sobre los términos de la oferta que puedan derivar en cambios de las condiciones sustanciales. Tras el anuncio de la quita, los funcionarios argentinos indicaron que se iban a reunir con grupos de acreedores, pero no para negociar, sino para intercambiar impresiones sobre la reestructuración, definir las condiciones de los bonos dentro de las quitas «inflexibles» ya anunciadas y para mantener a los inversores informados. Y así lo han hecho. En cualquier caso, y tal como desarrollamos en el libro, el esquema del gobierno sería muy riesgoso, ya que las demandas básicas de los acreedores no se toman en consideración para diseñar y formular la oferta, y por lo tanto, el rechazo podría ser considerable, además de generarse un tremendo desgaste en la relación entre las partes, con ramificaciones hacia otras organizaciones como el FMI, el G-7 y el Tesoro de Estados Unidos. Las negociaciones sólo tienen sentido si hay espacio para cambios (es decir, si el gobierno reconoce que puede hacer modificaciones) o si hay fundamentos indiscutibles para apoyar la postura del deudor (para que luego quede claro que las quitas propuestas tienen fundamentación económica, financiera y social).