La mayoría de los diputados se aprestaba anoche a terminar con el régimen de capitalización de los ahorros previsionales en la Argentina. Cuando la historia se escriba, en serio, este día será recordado como uno de los más tristes de la vida institucional y económica de nuestro país en la era moderna.Institucional, porque luego de, apenas, quince días de debate, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados han decidido ignorar una decisión ejercida de manera libre, voluntaria y democrática por muchos ciudadanos argentinos. Y violar su derecho a elegir bajo qué sistema prefieren recibir su jubilación futura. Un país, donde dos de los poderes del Estado ignoran sistemáticamente derechos individuales, bajo el pretexto del «bien común» y donde una mayoría silenciosa de la sociedad, con la complicidad casi generalizada de los medios de comunicación permite impávida que esto suceda mientras admira paradójicamente, «la movilización institucional del pueblo norteamericano», es un país condenado y no precisamente al éxito.
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Económicamente, porque como mostró ayer Santiago Gallichio, en un brillante trabajo publicado en Ambito Financiero, lo que se está votando en estos momentos es un incremento de la deuda bruta pública a valor presente de ¡726.000 millones de dólares! Y una deuda neta, a valor presente de ¡426.000 millones de dólares! Kirchner tomó esa deuda en 40% del PBI y la está llevando, con la complicidad, insisto, de los diputados a 150% del PBI, niveles parecidos a los que presentan hoy, en materia de deuda previsional acumulada los países de la Europa occidental. Más grave aún, este paso se da después de que los argentinos, en términos generacionales y de nivel de actividad y crisis fiscal, hayamos pagado todos los costos de transición del sistema de reparto puro, al sistema mixto hasta hoy vigente.
El grado de desatino de nuestros legisladores, que no vieron ni un solo número actuarial, ni formaron ninguna comisión técnica, ni evaluaron los costos de largo plazo de la medida, no encuentra comparación, ni en el default de 2001, o en el festival de bonos de la pesificación asimétrica. Ni siquiera toman en cuenta que el dinero es «fungible» y han armado comisiones para «controlar» que los fondos del ANSeS no se destinen a otros fines que no sean para financiar las jubilaciones. (En realidad, como se menciona más arriba, simplemente, para que el déficit del ANSeS de los próximos años sea algo menor). Y digo esto, porque si, realmente quisieran que esos fondos no tuvieran otro destino en el Presupuesto público, la única manera de evitarlo hubiera sido prohibirle al ANSeS comprar deuda pública con ese dinero. De lo contrario, con los fondos de esa emisión de deuda el Estado puede hacer lo que se le da la gana, presupuestariamente, desde pagar la campaña de 2009, hasta construir el tren bala.
Dicho sea de paso, eliminar el régimen de capitalización, después de habernos hecho pagar todos los costos de transición en estos 14 años y cuando llegaba el momento de «disfrutar», para conseguir apenas un «ahorro fiscal» de 6.000 a 7.000 millones de dólares en 2009 no tiene justificativo alguno para los diputados que no son del FpV, a menos que detrás de su voto haya otra cosa que, dada la calidad moral de algunos de ellos, me niego a aceptar. Pasar de un sistema de reparto a un sistema mixto con capitalización, tiene, en efecto, enormes costos de transición, ¡pero ya se pagaron! Los argumentos que hoy se usan para «desarmar» el error, resultan equivalentes a justificar volar las autopistas urbanas porque fueron construidas por un gobierno militar, o destruir Yacyretá, porque fue el monumento a la corrupción. O, dentro de veinte años, eliminar el servicio del tren bala, porque resultó carísimo, se pagaron sobreprecios, o comisiones especiales, y no era una prioridad.
Es cierto, como argumenté en estas semanas que el sistema de capitalización es sólo para los que pueden ahorrar, por edad y trabajo formal pero, como dijo en IDEA Ricardo Lagos, si podemos reducir un problema de 100 a un problema de 40, mejor tener un problema menor a tener un problema mayor.
La colección de daños a la tasa de crecimiento de corto y largo plazo de la Argentina y al bienestar de sus ciudadanos, que pueden mostrar los tres poderes del Estado en los últimos siete años, con la pasividad y complicidad del resto de los ciudadanos «pensantes», superan a los que se pueden rastrear en un período tan corto, en el pasado reciente de la Argentina. Default de la deuda pública. Pesificación asimétrica. Fallos de la Corte en torno del «corralito» y del «corralón». «Eliminación» de la deuda de los holdouts. No renegociación plena de los contratos de privatizadas. Desconocimiento de las deudas en el CIADI.
Puente internacional cerrado por decisión de vecinos en un conflicto que se está tratando de resolver en un tribunal internacional. Destrucción de la credibilidad del INDEC y, con ello, de la posibilidad de colocar deuda de largo plazo en pesos indexados. Apropiación de las reservas del Banco Central. Intervención directa en gran parte de los mercados de bienes y servicios. Y, ahora, confiscación de los ahorros individuales en los fondos de pensión y expropiación con pago con títulos públicos a las empresas por el capital en las AFJP ( según el proyecto de ley que se está votando). Con un explosivo incremento de la deuda pública. Y una segura estafa, por lo impagable de una jubilación digna, a los actuales y futuros jubilados. (¡Desendeudar! Decían los K.).
Todavía nos queda la vaga esperanza de que el Poder Judicial reaccione y nos salve. Pase lo que pase, y aunque sea para los libros de historia, sería bueno que la lista de los «votos a favor» de anoche, quede bien explícita y detallada en un cuadro enorme para el futuro. Parafraseando a Serrat, «entre esos tipos y nosotros, debería haber algo personal».
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