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Básicamente se restablece una norma del año 1991 derogada a partir de la Ley 24.241 de reforma previsional, que crea un sistema diferenciado para un grupo de empleados, en este caso personal docente.
Por el nuevo esquema, los empleados activos realizarán a partir de mayo de 2005 aportes adicionales (2 puntos porcentuales), y reciben a cambio la promesa de un haber que duplica holgadamente el que les correspondería a través del sistema general. De hecho como la edad de jubilación también se acorta entre 3 y 5 años respecto del régimen general, y el haber previsional podría ser «móvil» -a diferencia otra vez del reparto general, pero no del sistema de capitalización que tiene la movilidad que surge del fondo capitalizado- el En el plano fiscal, dado que el régimen se aplica a un subconjunto de empleados activos y a los actuales jubilados docentes, cabe considerar una dimensión stock de gasto (los reclamos por diferencias de liquidación que prevé el propio decreto), y una dimensión flujo de ingresos (mayores aportes) y gastos (mayores pagos a los jubilados). Se crea también un pasivo oculto, por la diferencia entre lo que aportan los empleados y sus ingresos futuros. Esa deuda depende en el futuro de la evolución del número de activos y de la actualización (o no) de los haberes de los jubilados (lo que puede aumentar o reducir la magnitud del subsidio).
Si bien existen cálculos preliminares que indican que los activos que percibirían este beneficio sólo corresponden a las provincias cuyas cajas se transfirieron al régimen nacional, es poco probable que las restantes provincias no deban adaptar sus propios sistemas a la nueva norma, por lo que el universo docente es potencialmente el de todos los docentes de nivel inicial, primario, escuelas medio técnicas y docentes de nivel superior no universitario.
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