El gobierno perdió la calle

En los regímenes democráticos de gobierno, uno de los pilares básicos sobre los cuales reside el sistema es que sólo el gobierno tiene el monopolio del uso la fuerza, y dicho monopolio le es otorgado por la sociedad únicamente para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. El gobierno, en ejercicio de su poder, usa esa fuerza únicamente para defender a las personas de una agresión y castigar a los agresores, y en ello reside uno de los aspectos fundamentales de su misión como tal.

Así lo ha sostenido -incluso- enfáticamente el presidente Kirchner en su mensaje a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2003 al proclamar: «Entre los fundamentos e insustituibles roles del Estado ubicamos los de ejercer el monopolio de la fuerza y combatir cualquier forma de impunidad del delito para lograr seguridad ciudadana y justicia en una sociedad democrática en las que se respeten los derechos humanos».

• Sin resistencia

Ahora bien, el ámbito principal en el cual el Estado debe desplegar primordialmente ese poder es -justamente- donde la sociedad desenvuelve su vida diaria, y donde se encuentra más expuesta; y ese lugar es la calle. Hoy, debemos reconocer y admitir, con toda tristeza y desilusión, que el Estado y, especialmente, el gobierno han «perdido la calle». Ya no son ellos los que ejercen el monopolio de la fuerza en ese ámbito para proteger a los ciudadanos, sino que éstos están a merced de otros cuerpos sociales quienes, a la vista, paciencia y subsidio del gobierno, y por fuera del sistema político y democrático vigente, han tomado de hecho la función de ejercer el monopolio de la fuerza, sin siquiera haber tenido la más mínima resistencia por parte de las autoridades gubernamentales frente a su sistemática violación de las leyes y el estado de derecho.

Algunos de estos grupos deciden -por su sola voluntad y por vías de hecho- quién puede trabajar y quién no; quién puede circular libremente y quién no; quiénes deben pagar las tasas retributivas de servicios o los cánones por el uso de servicios públicos privatizados y quiénes no; quiénes deben ser privados de su bienes y qué bienes deben ser destruidos y, por otra parte, qué bienes no deben ser tocados o qué personas no deben ser molestadas; quiénes pueden continuar comiendo en un local público y quiénes deben dejar de comer para entregarles a ellos el alimento que están consumiendo; quiénes deben suministrar «donaciones» o «contribuciones» por ellos impuestas o exigidas y quiénes no; quiénes deben pagar pasaje para viajar y quiénes deben viajar gratis; quiénes pueden darles órdenes y quiénes no; a quiénes de ellos se puede detener o someter a juicio y a quiénes no; entre tantos otros temas a los que no escapa la reserva de tener también el monopolio de determinar quién es «bueno» y quién es «malo», en una suerte de consagración de ángeles y demonios. Adicionalmente, también ellos deciden -arbitrariamente y de acuerdo con su sola voluntad- el modo, tiempo y oportunidad en que ejecutan sus decisiones y cómo debe condicionarse a su voluntad la vida de los demás ciudadanos en los aspectos mencionados; algunas veces, «con aviso»; y otras, «sin aviso».

Respecto de sus determinaciones, no hay recursos ni amparos posibles, pues se los debe obedecer ciegamente y de inmediato; de lo contrario, en ejercicio de la fuerza monopólica que ostentan, el desobediente que intente resistir será castigado, golpeado ejemplarmente; y sus bienes, destruidos a la vista de todos los medios de comunicación; para que no queden dudas de quiénes son los que mandan. Todo ello, en nombre de la democracia y de la libertad, respecto de la cual pretenden también un monopolio de representación.

• Secuestros

Otros grupos sociales, organizados en un ámbito diferente, han escogido, por el contrario, áreas distintas para el ejercicio de su monopolio de la fuerza en la calle. Ellos se ocupan específicamente de lo relacionado con la vida, integridad y bienes de propiedad de los demás ciudadanos. Así, ellos deciden secretamente quiénes deben ser privados de su libertad personal y cuánto dinero deben pagar sus familiares para que sean liberados; de estos secuestrados, quiénes merecen seguir viviendo y quiénes merecen morir; si la decisión es que se les perdone la vida, también deciden en qué condiciones esta persona continuará su existencia, cuántos dedos podrá conservar; cuántas veces deberán pagar los familiares de la víctima el mismo rescate; qué bienes les deben ser entregados en cada oportunidad; cómo se repartirán entre ellos las zonas y los territorios de operación delictiva; dónde pueden los ciudadanos caminar medianamente seguros y dónde no.

• Recomendaciones

Circulan libremente en automóviles propios y robados, tienen todo tipo de organizaciones de armamento, apoyo, hotelería, traslados y hasta subcontratación de servicios de pago. Tampoco aquí hay recurso alguno contra ellos; son las mismas autoridades gubernamentales las que recomiendan hacerles caso y cumplir con las demandas de estos grupos y, básicamente, por razones de «seguridad». Si somos robados, golpeados, secuestrados o mutilados, pero, finalmente, salimos del episodio con vida, debemos -además- agradecerles a los delincuentes su deferencia y colaboración. ¿Habremos cambiado el proyecto de ser «buenos ciudadanos» por el de convertirnos en «buenas víctimas»?

Hoy asistimos a una realidad en la cual el monopolio de la fuerza no reside ya más en Estado ni en el gobierno; al menos, en la calle. En la calle, el monopolio de la fuerza lo tienen otros, y ninguno de los tres poderes del Estado ha podido hacer siquiera algo para impedir esta transferencia. Tampoco se advierte que exista preocupación alguna al respecto; las internas palaciegas y partidarias, así como las especulaciones políticas respecto de elecciones futuras, parecen ser más importantes.

El gobierno y el Estado han perdido la calle. En ella reinan otros poderes y otras fuerzas. ¿No tendrá el gobierno que dedicarle un poco de tiempo a reflexionar sobre esto? Si no lo hace, seguirá una interesante partida de póquer político que podría recordar a la que se jugó alguna vez en la cubierta del Titanic.