El enigma del día después: ¿convergencia o radicalización económica?

Resulta crucial que las fuerzas políticas adopten una postura de responsabilidad institucional, ya que sino se seguirían incubando desequilibrios.

Tras el sesgo de las últimas medidas económicas, y las declaraciones políticas, crecen las preocupaciones sobre cuál será la estrategia del gobierno luego de las elecciones del 14-N, una vez configurado el nuevo mapa político hacia la próxima escala del 2023.

Es por ello que despiertan una creciente expectativa las elecciones legislativas, y la reacción del oficialismo - así como de la principales fuerzas opositoras - ya que todavía quedan nada más y nada menos que dos años del actual mandato por delante.

Ello se debe a que se abren múltiples escenarios políticos que al final serán los que definirán las posibles estrategias económicas, todos atados a hipótesis sobre las posturas que adopte cada espacio frente a dicho resultado electoral, y de ahí surgirá si el país se direccionaría en este período hacia un camino de convergencia en los desequilibrios acumulados y postergados o por el contrario hacia una radicalización.

En dicho sentido, el escenario más beneficioso sería que tanto gobierno como oposición lleguen a un consenso para diseñar un programa integral que permita encarar una negociación con el FMI, lo cual mejoraría las expectativas, e iniciar un proceso de corrección de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, aunque habrá que ver la voluntad de compartir los costos políticos de su implementación.

Por el contrario, un escenario hacia la radicalización - ya sea por decisión del gobierno o falta de cooperación desde la oposición - resultaría absolutamente riesgoso en términos de la dinámica de la desconfianza, que ya se evidencia entre los agentes económicos, y el largo período que aún dista hasta las elecciones presidenciales.

Esta última alternativa podría tener asociada una profundización del déficit fiscal, su monetización y mayor ampliación de la ¨brecha¨ cambiaria, todo bajo una dinámica de aceleración de la inflación que haría muy compleja la gestión frente a la delicada situación social que acumula el país tras un prolongado período de estancamiento.

Ante ello, resulta crucial que las fuerzas políticas adopten una postura de responsabilidad institucional - que deje de lado al menos transitoriamente las especulaciones electorales - ya que sino se seguirían incubando desequilibrios, y elevando así el riesgo de que el país lamentablemente se encamine a una nueva crisis.

A este complejo escenario doméstico, se suma un contexto internacional que poco a poco se podría ir presentando más desafiante, especialmente para aquellos países emergentes que cuenten con perfil más vulnerable por sus condiciones económicas.

Así es que se destaca el inminente inicio del ¨tapering¨ por parte de la Fed, un proceso que comenzará a restringir la liquidez en busca de mitigar la escalada de la inflación, pero que en la segunda mitad del año próximo se convertiría en un ¨tightening¨, esto es un proceso de suba de tasas que podría activar una revalorización global del dólar.

Dicha dinámica no resulta para nada amigable para los emergentes, ya que genera una reversión de flujos financieros hacia los mercados desarrollados, mayor costo de financiamiento, debilidad en sus monedas y presiones en commodities, siendo estos últimos dos riesgos los que más afectarían a nuestro país, inoportunos frente a los múltiples desafíos a encarar y contando sólo con limitado financiamiento doméstico.