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Lo que sí está claro es que muchos tenedores de bonos hicieron oír su voz en Washington y que el Fondo paró la oreja. El Fondo mostró cierta receptividad a la «queja» debido a que, de acuerdo con sus reglamentaciones, no le puede prestar a un país que esté en default con acreedores privados. Este argumento puede ser subsanado, y de hecho eso ocurrió en el acuerdo de setiembre, en la medida en que la Argentina demuestre que está negociando de buena fe con los acreedores y que las negociaciones están avanzando en forma razonable.
Todavía no está claro si esta rigidez es parte de una estrategia negociadora o si en verdad es una posición de la cual el gobierno no se va a apartar. Lo que sí es indudable es que para llegar a un arreglo va ser necesario acercar posiciones y asegurar que se mantenga el principio de equidad en el trato con los distintos acreedores. Hoy, mientras los tenedores de bonos externos no reciben un peso, las multilaterales están cobrando los intereses y, en algunos casos, hasta están recibiendo pagos de capital. Si bien se puede aceptar que sean acreedores privilegiados, es difícil justificar que estén cobrando todo, mientras los bonistas no cobran nada. Hay un problema de equidad en acreedores que es necesario subsanar.
Parte del problema es que el Fondo es juez y parte dentro de la negociación. Y no es cualquier acreedor, es el más grande con una deuda que excede los 15.000 millones de dólares. Tanto el establecimiento de las metas como la evaluación de su cumplimiento están afectados por la necesidad del Fondo de cobrar sus acreencias y mantener el flujo de préstamos del BID y del Banco Mundial.
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