El poder político en la era digital

Opiniones

Las respuestas de las gigantes digitales luego de la toma del Capitolio de Estados Unidos y los intentos de regular estas empresas por parte de las agencias de defensa de la competencia de Europa, Estados Unidos y China, tienen una dimensión común. Son expresiones de las disputas de poder que se tejen en la era digital.

Las respuestas de las gigantes digitales luego de la toma del Capitolio de Estados Unidos y los intentos de regular estas empresas por parte de las agencias de defensa de la competencia de Europa, Estados Unidos y China, tienen una dimensión común. Son expresiones de las disputas de poder que se tejen en la era digital.

¿Quién gobierna las repúblicas digitales?

Quizás les haya generado simpatía la prohibición de las cuentas de Donald Trump en Twitter y Facebook luego de la toma violenta del Capitolio por sus fanáticos de extrema derecha el 6 de enero pasado. Tal vez sientan que Amazon está actuando correctamente al haber decidido cortar su servicio en la nube a la red social Parler (una copia de Twitter popular entre la extrema derecha de Estados Unidos), mientras Google y Apple prohibieron la descarga de esta aplicación en sus app stores. O, tal vez, les horroricen estas acciones pues las interpreten como violaciones a la libertad de expresión.

En cualquier caso, la discusión que pasa inadvertida refiere a cuándo y cómo las gigantes digitales devinieron en garantes de la libertad de expresión; responsables de decidir quién se expresa y cómo. Estas empresas gobiernan sus repúblicas digitales, creando sus propias reglas y normas -explícitas o implícitas- de lo que en ellas está permitido hacer o decir.

Los datos son una fuente de poder político. Los datos desbordan las fronteras dentro de las cuales rige -al menos formalmente- la soberanía del Estado. Las gigantes digitales han introducido sus propias políticas para sus repúblicas digitales. Políticas sobre seguridad cibernética y sobre el manejo de la (des)información a nivel global. Los monopolios intelectuales de datos asumen así funciones del Estado que utilizan en su propio beneficio.

En 2020, Microsoft anunció -cual país- la apertura de una representación ante Naciones Unidas y, en 2019, Facebook anunció la creación de su “Corte Suprema”, encargada de moderar contenido controversial en sus redes sociales. Frente a las controversias suscitadas por el nombre elegido, lo renombró “Junta de Supervisión”. Mientras tanto, Facebook creó su propia moneda digital, Libra. Aunque de momento sea poco exitosa, se trata de otra potestad previamente exclusiva de los Estados.

Vale también recordar que Facebook se negó durante cierto tiempo a alertar a la población acerca de posteos falsos de Trump. Estos posteos incluían aseveraciones erróneas y peligrosas sobre el Coronavirus. Luego de mucha presión social, esos posteos fueron eliminados.

Mark Zuckerberg -fundador y CEO de Facebook- reconoció sin miramientos el poder político de su empresa cuando dijo que “las plataformas como Facebook enfrentan disyuntivas sobre valores sociales importantes -entre libre expresión y seguridad, entre privacidad y aplicación de la ley, y entre la creación de sistemas abiertos y el bloqueo de datos”. La decisión reciente de migrar libremente datos entre sus distintas redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) ilustra cómo las regulaciones y normas pueden modificarse si de ello depende su negocio.

En paralelo, Zuckerberg aboga por más regulaciones públicas para Internet y declara que Facebook trabaja para ello junto con diferentes gobiernos. Similares declaraciones fueron hechas por Sundar Pichai, CEO de Alphabet (el grupo cuya empresa principal es Google), aduciendo que la inteligencia artificial debe regularse y que las empresas no pueden simplemente producir tecnología y dejar librado a las fuerzas del mercado cómo aquélla va a ser usada. Pero lo cierto es que Google es la primera en controlar por medio de sus algoritmos el contenido que consumimos en internet.

La toma de decisiones en materia de gobernanza de la economía digital no es exclusiva de las gigantes de Estados Unidos. En 2018, Alibaba -colosa china que compite con Amazon- decidió que crearía una “Zona de Libre Comercio Digital”. El holding de Alibaba incluye a Ant Group, la fintech más importante del mundo en volumen de pagos y usuarios (más de mil millones) que ha bypaseado las regulaciones chinas (y globales) a la hora de instalar su financiera digital.

En general, la falta de coordinación pública global resulta en un vacío legal aprovechado por estas empresas. Pero, al mismo tiempo, el poder global de estas gigantes de tecnología contribuye a expandir la hegemonía de sus Estados de origen.

Sobre hombros de gigantes (digitales)

El poder de Estados Unidos se cimienta en sus grandes corporaciones. Siete de las 10 mayores empresas del mundo son gigantes digitales, cinco de las cuales provienen de Estados Unidos (serían 8 y 6 respectivamente si consideramos a Tesla una empresa digital). No se trata sólo de que estas empresas oficien de embajadoras de sus países en el resto del mundo, también influyen en la política pública y gobierno de Estados Unidos y del resto del mundo.

Ya he señalado que Microsoft, IBM y Pfizer escribieron los borradores del acuerdo internacional sobre derechos de propiedad intelectual (TRIPS). Saltando en el tiempo, Bill Gates (Microsoft) y Eric Schmidt (ex CEO y luego chairman de Google) fueron invitados por el gobernador de Nueva York a imaginar esta ciudad en la post pandemia.

La participación de Eric Schmidt en el diseño de política pública de Estados Unidos data de antaño y coincide con períodos en los cuales ocupaba puestos de dirección en Google. Fue el presidente de la Junta de Innovación de Defensa de ese país, encargada de realizar recomendaciones al Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre el uso de inteligencia artificial. También presidió la Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Artificial, que asesora al Congreso de Estados Unidos en temas análogos. Desde allí, Schmidt presionó para que se invirtieran más fondos públicos en investigaciones sobre inteligencia artificial y su infraestructura tecnológica (en particular 5G).

Ocupar estos espacios le permitió a Google sembrar temor por el avance de China en estas tecnologías, disfrazando su preocupación de negocio como una amenaza a la seguridad y hegemonía de Estados Unidos, más allá de que esta última pueda o no ser cierta. Es el mismo mensaje que los CEOs de Google, Amazon, Facebook y Apple transmitieron en sus testimonios frente al Congreso de Estados Unidos en 2020. Los CEOs adujeron que sus empresas son algo así como las defensoras de la seguridad nacional y garantes de la supremacía tecnológica de su país frente a la emergente potencia china.

Las gigantes digitales proveen también a diversos estados del mundo tecnologías que conllevan decisiones de política. Google tiene vínculos estrechos con el Pentágono en cuestiones de inteligencia artificial. En 2018, un grupo de empleados consiguió que aquélla no renueve ese contrato. Fue también la organización de sus trabajadores la que presionó a Google para que deje de vender tecnología a la policía de Estados Unidos después del asesinato de George Floyd el año pasado.

Por su parte, Microsoft acumula una larga lista de tecnologías diseñadas y/o ofrecidas a departamentos de policía y fuerzas armadas. El caso más extremo es el proyecto JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), valuado en 10 mil millones de dólares. Por su intermedio, Microsoft se convirtió en la proveedora de servicios en la nube del Departamento de Defensa de Estados Unidos, alojando los datos de este último en sus servidores.

Las tecnologías de vigilancia desarrolladas por Microsoft incluyen, desde 2009, la provisión de la plataforma de vigilancia Domain Awareness System (DAS) a la policía de Nueva York. DAS integra distintas fuentes de información proveyendo tres funciones centrales: alertas en tiempo real, investigaciones y analítica de datos para el trabajo policial. Sumó luego la Plataforma de Patrulla Avanzada de Microsoft, una plataforma de internet de las cosas instalada en los vehículos policiales. Sensores de vigilancia son cruzados con bases de datos con registros policiales que están alojados en la nube de Microsoft (Azure).

Otro caso en extremo controversial es el de los algoritmos de reconocimiento facial -como Rekognition de Amazon- vendido a departamentos de policía por el mundo. La propia Policía de la Ciudad de Buenos Aires lanzó su Sistema de Reconocimiento Facial en 2019. El reconocimiento facial, repudiable de por sí en materia de derechos civiles, se basa en algoritmos que además se equivocan con frecuencia. Su entrenamiento ha generado -entre otros- sesgos raciales, identificando erróneamente a la población negra.

Finalmente, la pandemia puso en evidencia la dependencia tecnología de los Estados. Diversos países de la periferia utilizaron la tecnología conjunta de Apple y Google para rastrear contactos de Covid-19, recayendo sobre estas empresas la decisión de cómo manejar la seguridad de los datos recopilados.

A nivel global, estos ejemplos evidencian que el código de programación -que nunca es neutral- de soluciones utilizadas por el sector público se basa en decisiones de gobierno tomadas por un puñado de gigantes digitales. Sin embargo, estas atribuciones políticas no han sido lo que despertó la preocupación estatal en las principales potencias del mundo, sino el creciente poder de mercado que detentan estas empresas.

Defender la competencia, ¿es la solución?

A comienzos de 2020, Google, Apple, Facebook, Amazon, y Microsoft representaba casi el 17,5% de la capitalización del índice Standard & Poor 500 que registra a las empresas de mayor cotización bursátil en Estados Unidos. Seis meses más tarde, representaban más del 25% de ese índice. Juntas, valen más que el PBI de Japón, la tercera economía del mundo.

Google concentra el 90% del mercado de motores de búsqueda en internet. Junto con Apple, son las únicas actrices del mercado de sistemas operativos para celulares, fragmentado en dos monopolios (cual Edesur y Edenor, pero sin regulación estatal). Amazon lidera el comercio electrónico, con más de un tercio del mercado mundial. Y, en 2017, el 65% de la publicidad digital del mundo pasó por Google y Facebook. Este último también concentra el 66% del mercado mundial de redes sociales. Como si fuera poco, según la consultora Synergy Group, Amazon, Microsoft, Google y Alibaba concentran el 75% del negocio de servicios en la nube (cloud computing).

Europa fue la primera en dar cuenta del excesivo poder de mercado de las plataformas de Estados Unidos, quizás porque no cuenta con monopolios digitales locales análogos. El poder excesivo de empresas extranjeras atenta contra su soberanía. En 2017, La agencia de defensa de la competencia de la Unión Europea encontró a Google culpable de rankear a sus propias páginas y servicios primeros en las búsquedas realizadas por medio de su buscador en internet. Desde entonces, diversas investigaciones se sucedieron, principalmente contra Google y Apple, esta última acusada de evasión impositiva en el semi-paraíso fiscal de Irlanda. Encontrada culpable, Apple e Irlanda apelaron y la primera sigue sin pagar los impuestos adeudados.

En 2019, fue el Congreso de Estados Unidos quien inició su propia investigación. Encontradas culpables, el poder judicial avanzó en causas contra Google y Amazon. Finalmente, luego de un año en el cual las gigantes digitales veían crecer su negocio exponencialmente (con Amazon aumentando casi un 130% su valorización bursátil) ante la pandemia, el Estado Chino introdujo a fin de 2020 sus propias reglas de defensa de la competencia digital. Simultáneamente, frenó la salida en bolsa de Ant Group e inició una investigación contra Alibaba.

Los tiempos de estos procesos y las experiencias infructuosas de Europa en esta materia ponen en duda el efecto de largo plazo de estas iniciativas. Las leyes de defensa de la competencia sólo miran lo que sucede en el mercado y no en los procesos de producción y circulación de conocimiento y datos. Las gigantes digitales acumulan poder de mercado, pero sobre la base de monopolizar acceso a datos y conocimiento. Apropian datos de individuos y empresas que procesan con algoritmos de inteligencia artificial basados en conocimientos producidos en universidades, organismos públicos y empresas start-up. Algoritmos que incluso son programados en ámbitos de software libre como GitHub.

Los volúmenes de datos apropiados y procesados por las gigantes digitales desde sus plataformas no son de público conocimiento. Sin embargo, sí podemos estimar la concentración de datos en las nubes de Amazon, Microsoft y Google, líderes de este mercado. Según la consultora International Data Corporation, el almacenamiento en la nube pública representaba el 10% de todos los datos del mundo en 2015. Para 2018, había aumentado al 20%. En este período, también se profundizó la concentración de este mercado. Como resultado de este doble proceso, las tres líderes de este mercado pasaron de alojar 4.8% de los datos del mundo en sus nubes en 2015, a concentrar 13.5% en 2018. Estos datos son procesados con inteligencia artificial provista por Amazon, Microsoft y Google. Como resultado, se perfeccionan las predicciones de sus algoritmos potenciando no sólo su negocio de servicios en la nube, sino también un sinfín de otros negocios más o menos conexos.

Entre los datos que centralizan en sus nubes y los que cosechan de sus plataformas, el monopolio creciente de datos de estas empresas se traduce además en la concentración de la infraestructura para transportar y almacenar grandes volúmenes de datos, relegando a las periferias al rol de proveedoras netas de datos crudos. Amazon, Microsoft, Google y Facebook tienen su poder el 50% de los cables de banda ancha subacuáticos del mundo. Además, el 80% de los centros de datos (data centers) se ubica en países desarrollados, la mitad de los cuales está en Estados Unidos.

A nivel de monopolización de conocimiento, el porcentaje de publicaciones científicas de Google, Amazon y Microsoft, respectivamente, que fueron realizadas en coautoría con al menos otra organización, oscila entre 78.3% para Microsoft y 87.3% para Amazon. Cuando vemos, en cambio, el porcentaje de patentes que poseen en copropiedad con al menos otra organización, los porcentajes pasan a 0.1% para Amazon, 0.2% para Microsoft y 0.3% para Google. Estas empresas producen conocimiento con miles de organizaciones (766 organizaciones en el caso de Amazon, 3.397 Google, y 4.025 Microsoft hasta 2019 incluido) pero no comparten con ellas la propiedad intelectual de los resultados. Entre esos miles de coautores, además, aparecen universidades y organismos públicos de investigación de países periféricos como Brasil y Argentina.

Por más intentos de avanzar en contra del poder de mercado de estas empresas, poco va a cambiar mientras no se rediscuta el régimen de propiedad intelectual global. El conocimiento y los datos son indispensables para cualquier proyecto de desarrollo. Su extractivismo y monetización en manos de monopolios intelectuales digitales refuerza nuestra condición periférica.

(*) Investigadora CONICET, UBA y Université de Paris

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