La autonomía, clave de los dramas porteños

Los vecinos de Caballito y de Zona Sur nos están mostrando al resto de los porteños una realidad que por estar hundida en el subsuelo ha permanecido olvidada: que la infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires no permite sostener su crecimiento. El problema de la falta de redes de servicios tales como los cloacales y de distribución de agua, en particular en la zona del radio antiguo, es un hecho que condicionará el desarrollo urbano. Lo mismo puede decirse de la falta de una planificación del transporte de pasajeros, de cara al evidente colapso de nuestras calles.

Esto impedirá no sólo la construcción de nuevos edificios -la razón por la que hoy protestan los vecinos- sino que, mucho más grave, obstaculizará también la construcción de viviendas en los sectores más necesitados, así como al goce de las mejoras de la Ciudad. De igual modo, la falta de tratamiento de las cuencas hídricas y costas impiden que disfrutemos del desarrollo inmobiliario, turístico, económico y social que naturalmente se debieran dar en los terrenos costeros.

La autonomía otorgada a la Ciudad de Buenos Aires debería ser el punto a partir del cual los propios habitantes pudieran fijar sus prioridades y resolver sus problemas. Es clave que exijamos la planificación y construcción de las obras de infraestructura de servicios que nos permitan resolver las carencias y garantizar también los derechos de los futuros habitantes. La postergación de la solución de estos problemas surge de que las autoridades de la Ciudad, como producto de su particular condición jurídica hasta la reforma de la Constitución de 1994, han actuado mucho más motivados por su interés en la política nacional que por la problemática ciudadana. Más allá de las declamaciones, los partidos políticos que actúan hoy en nuestra jurisdicción no han modificado esta tendencia. La única medida que podría razonablemente satisfacer ese requerimiento, sería la asunción por parte de la Ciudad del poder de decisión en el área de la planificación de servicios de carácter local.

En la actualidad es la Nación la que administra y controla los servicios de transporte urbano de pasajeros, el subterráneo, la distribución de energía eléctrica y los servicios de agua y saneamiento. No puede sorprender esto, cuando la justicia de los asuntos civiles o penales de carácter local tampocoha sido asumida por la Ciudad. El carácter federal de los servicios citados tiene causas históricas. Se debió simplemente a que no existía la jurisdicción autónoma. No tiene causas funcionales que justifiquen distinguirla de otras situaciones en que las provincias han asumido el pleno control de los servicios locales. Antes bien, la falta de una debida atribución de competencia a las jurisdicciones integrantes del AMBA -provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires- en materias tales como el transporte y la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, han permitido que se llegue a la situación actual de que se sienten relevados de toda responsabilidad.

La Ciudad de Buenos Aires tampoco tiene «deudas históricas» que saldar con el país, pues sus redes de servicios públicos fueron el resultado del aporte de sus vecinos. O, en todo caso, recibió aportes similares a los de otras jurisdicciones. Por poner ejemplos, vale recordar que la red de colectivos se financió con tarifa. Y que en sus orígenes la red eléctrica fue construida por particulares y cooperativas.

Decisiones propias

La Ciudad de Buenos Aires debiera exigir a la Nación, con el tiempo, la facultad de decidir sobre los servicios que se prestan en su territorio. Mientras tanto, debería reclamar, por lo menos, la efectiva participación en la toma de decisiones regulatorias, de planificación y de control, por medio de procedimientos e instituciones formales. De igual modo, debería exigir que las cuestiones relativas a su inserción en el AMBA sean resueltas por medio del consenso y en ámbitos en que las jurisdicciones involucradas actúen en pie de igualdad y por propio derecho. La asunción de responsabilidades permitirá, además, que los vecinos de la Ciudad podamos reconocer los aciertos y errores de nuestros representantes ejerciendo en consecuencia el derecho de control, lo que en la actualidad no es posible por estar los servicios en cabeza del Gobierno Federal.

Existe la equivocada impresión de que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen satisfechas sus necesidades en materias de redes de servicios públicos. Es posible que sea esta una de las razones por las que las decisiones del gobierno nacional en materia de planificación de inversiones suelen apuntar prioritariamente al conurbano bonaerense.