La Biblia y el calefón

La creciente ola de inseguridad por la que atraviesa la sociedad argentina cobra más de 3.500 vidas por año, de las cuales 2.700 se pierden en la provincia de Buenos Aires, y genera a diario miles de damnificados en salud y bienes. Ello parece haber rebasado el límite de la paciencia. Ni el gobierno ni la clase política tuvieron hasta ahora real conciencia de este fenómeno a pesar de los claros mensajes enviados desde diversos sectores de la ciudadanía. Las preocupaciones y urgencias generadas por la crisis económica, así como la ceguera derivada de las diversas internas políticas y palaciegas en la construcción del poder, no permitieron advertir la dimensión del problema, a punto tal que algunas decisiones gubernamentales de extrema gravedad en materia de seguridad fueron tomadas en función de parámetros absolutamente alejados del profesionalismo que debe imperar en este tema, agravando aún más la precaria situación de las potenciales víctimas.

Un ejemplo claro de ello es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el momento más álgido y delicado de la escalada de violencia, designó meses atrás -para evitar una interna política-ministro de Seguridad a un ingeniero agrónomo que reconoció públicamente su falta absoluta de conocimientos y experiencia en el área que se le asignaba. La profundización de la crisis y el posterior relevo del funcionario no fue más que el desenlace de una muerte anunciada. Su reemplazo por parte de la vicegobernadora, para finalmente designar nuevamente al mismo ministro autor de la reforma judicial que hoy se dice fracasó hace más patética la situación.

• Movilización

Bastó que un ciudadano común, padre de un muchacho secuestrado y brutalmente asesinado por sus captores, encendiera públicamente la mecha de su reclamo de justicia para que la bomba explotara. En forma espontánea más de 200.000 personas se movilizaron al Congreso nacional reclamando en forma pacífica y ejemplar medidas que respondenal más elemental sentido común:

I) penas realmente severas para determinados tipos de delitos;

II) intentar combatir el uso indiscriminado de armas;

III) establecer algún tipo de control de identificación sobre la telefonía celular;

IV) limitaciones a los casos de conmutaciones y reducciones de penas, así como en el sistema de excarcelación;

V) mejores y más efectivos controles judiciales y penitenciarios y

VI) documentos de identidad más seguros.

De un modo insólito, este gesto de enorme civilización y contenido democrático, que recorrió el mundo como un ejemplo de cómo peticionar en forma pacífica a las autoridades respetando los mecanismos constitucionales, ha tratado de ser menoscabado por algunas opiniones periodísticas, políticas, gubernamentales, y de las organizaciones de Derechos Humanos, quienes pretenden desacreditarlo endilgándole connotaciones tan absurdas como un pretendido autoritarismo, intolerancia, falta de humanidad, reminiscencias de la dictadura, resabios nazis y hasta de ser un acto contrario u opositor a los mismos derechos humanos. Como en tantos otros episodios de la vida nacional el cristal con que la clase política, parte del periodismo y cierta dirigencia miran los acontecimientos provoca una distorsión tan fuerte de la realidad que termina construyendo una vidriera con características similares a las que proféticamente describió Discépolo en «Cambalache». Ya desde 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos estableció que «todos» los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (art. 1) incluyendo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art.3) sin que se pueda hacer distinción alguna en materia de raza, religión, color, sexo, opinión política o de otra índole (art.2); e iguales ante la ley con derecho a igual protección (art. 7). Desde 1985 la Asamblea General de la ONU adoptó la «Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder», incluyendo en el concepto «víctima» no sólo a quien ha sufrido el menoscabode sus derechos por la violación de la ley penal vigente (art. A-1) sino también a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que han sufrido daños al intervenir en asistencia para conjurar el peligro o prevenir el delito (art. A-2).

• Pertenencia

Como lo recuerda el ecuatoriano Prado Vallejo, «... los Derechos Humanos no son patrimonio de izquierda ni de derecha. Nacen y se fundamentan en la naturaleza intrínseca del ser humano cualquiera sea su ubicación política y pertenecen a los individuos de cualquier ideología y de cualquier condición». Sin embargo, todo parece indicar que, en nuestro país, ello no es así. Los derechos humanos en la Argentina de hoy son patrimonio sólo de algunos « humanos», y no de todos, y también lo es toda defensa o reclamo basados en ellos. Paradójicamente, quienes se arrogan la «exclusividad» de la representación y defensa de los derechos «humanos» --y la propiedad de los mismosincitan a la violencia, reivindican el uso de las armas como medio para la protesta social, justifican el secuestro extorsivo seguido de muerte con móviles y fines políticos, convalidan la acción del terrorismo internacional y de la guerrilla, promueven el odio y el enfrentamiento entre hermanos, postergan cualquier intento de reconciliación y de paz social y -en un acto de suma intoleranciadesacreditan cualquier otra víctima de la violencia que no provenga de sus propios « movimientos» o de su propia «historia».

Como no puede ser de otra manera, ello va acompañado de vítores, aplausos, solidaridades y elogios para con aquellos líderes mundiales tales como Fidel Castro, Hugo Chávez y otros, que se caracterizan por encabezar el ranking de violadores de la ley y abusar del poder, acusados de no respetar los derechos humanos y de cercenar el ejercicio de los derechos democráticos más elementales. En esta materia, como en tantas otras, la Argentina presenta hoy una vidriera donde se puede ver llorar la Biblia junto a un calefón.