La nueva integración de la Corte Suprema pronunció un primer fallo que marca una diferencia de fondo en doctrina constitucional respecto de la que dominó desde la composición posterior a la reforma de 1994. Ese pronunciamiento restaura el imperio de la Justicia por sobre los pronunciamientos de los tribunales de arbitraje previstos en algunos contratos y acuerdos del Estado con proveedores. En fecha reciente, fue público el debate sobre las sentencias de la Corte en el caso Meller, en el cual la anterior integración del tribunal supremo había convalidado un arbitraje entre el Estado y la empresa proveedora de las guías telefónicas que motivó una orden de pago del Ministerio de Economía ya en la era Lavagna de $ 400 millones que aún no se han hecho efectivos. Ese caso ha sido utilizado por el gobierno para separar del tribunal a Eduardo Moliné O'Connor y para el juicio político a Adolfo Vázquez. Ese arbitraje así como otro que el Estado había convenido con el grupo Bulgheroni por cobro de impuestos fueron anulados por el actual gobierno. En el análisis que sigue, dos expertos comentan esa sentencia clave emitida hace dos semanas por la nueva Corte.
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La empresa pública Hidronor contrajo con la contratista privada un contrato administrativo de obra pública en el que se estipuló que cualquier divergencia en su ejecución debería ser sometida, previo reclamo administrativo, a juicio arbitral (es decir, un tribunal ajeno al Poder Judicial) y que la sentencia arbitral sería definitiva e inapelable.
Al surgir diferencias respecto del método aplicable para reajustar el precio por los mayores costos suscitados por la inflación habida entre febrero de 1985 y el 1/4/91, las partes suscribieron un compromiso arbitral a fin de que un tribunal integrado por un árbitro designado por cada parte y un árbitro tercero -en caso de discrepancia de aquéllos-dictará el laudo total y definitivo.
Excediendo el compromiso arbitral, el laudo partió de un monto y fecha distintos del establecido en el compromiso suscripto. Es decir, desde enero de 1985 y no desde febrero de ese año.
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