Mercosur: se optó por el peor instrumento

Los acuerdos de restricción voluntaria de exportaciones no son un invento del Mercosur. En verdad, tienen larga data; por ejemplo, se utilizaban en la década del '80 para reducir las exportaciones de automotores japoneses a los Estados Unidos. Lo interesante es destacar que han sido catalogados como la peor dentro de las opciones proteccionistas.

Una primera reflexión cabe sobre la decisión de trabar las importaciones para proteger a los productores nacionales directamente y a sus proveedores locales indirectamente. Las restricciones al comercio son habituales en otros países, pero existe profusa evidencia empírica que muestra que son negativas para el crecimiento y para el bienestar de la población. Esta decisión es todavía más grave cuando se introduce en el marco del Mercosur porque es un retroceso en la consolidación del mismo y porque expone a las exportaciones argentinas a medidas similares en el futuro por parte de los otros socios. Y es sorprendente a los niveles de tipo de cambio real actuales. Pretender proteger a cualquier costo a la producción nacional de estos productos y amenazar con extenderla a otros como los textiles, motiva a los lobbies proteccionistas a seguir buscando cualquier nivel de protección con cualquier tipo de argumentos.

• Al acordar una restricción de las cantidades ofertadas en el mercado por los productores de menor costo se favorece un alza de precios. Ello ocurre con cualquier medida proteccionista, pero la diferencia es que en este caso los productores brasileños también se favorecerán con ella. Piénsese qué ocurriría si se hubieran limitado las importaciones por medio de un arancel a las importaciones. Los precios subirían igual, los productores radicados en la Argentina se favorecerían igual, pero los exportadores de Brasil recibirían el mismo precio que antes y sería el fisco argentino el que cobraría la diferencia. La restricción voluntaria de exportaciones permite que los productores brasileños reciban una parte del mayor costo que pagarán los consumidores argentinos.

• El acuerdo logrado es el típico que se produciría en un cartel de productores. La diferencia es que esta práctica anticompetitiva es alentada por el Estado nacional que termina bendiciendo un acuerdo que resultará en subas de precios a los consumidores. Curiosamente, un acuerdo que la Secretaría de Defensa de la Competencia condenaría si se produce entre dos vendedores locales por violar las normas de defensa de la competencia, es avalado por el Ministerio de Economía por tratarse de productores radicados en países diferentes.

• Las licencias no automáticas tienen un efecto similar favoreciendo a los productores brasileños que lograron entrar dentro del cupo. En resumen, el instrumento elegido reparte las rentas de la protección con los productores brasileños que podrán vender en el mercado argentino a precios más altos (así ocurrió en el caso de las exportaciones de autos japoneses a Estados Unidos). Claro que uno puede aceptar, ingenuamente, el argumento oficial que lo precios de venta al público no aumentarán porque el Estado vigilará que ello no ocurra. Aun cuando el Estado tuviera alguna capacidad de controlar precios existen infinidad de maneras de lograr aumentos efectivos en productos que no son estándares (evitar o postergar las reducciones de precios que produce el avance tecnológico, lograr aumentos efectivos por reducciones sutiles en las prestaciones de cada producto, etc.). La decisión de proteger revela que los consumidores no están al tope de la lista de los sectores que el gobierno quiere favorecer.