Mercosur–Unión Europea: firma comercial, incertidumbre política

El acuerdo sellado consolida una apertura comercial, pero deja sin resolver los mecanismos políticos necesarios para administrar asimetrías, tensiones sectoriales y el nuevo escenario geopolítico global. Este artículo de opinión se compone de distintos acápites de autoría de parlamentarios del Mercosur que participaron durante los últimos dos años de rondas de negociaciones políticas y distintas deliberaciones con sus colegas del Parlamento Europeo.

El acuerdo fue sellado luego de 25 años de negociaciones: ¿podrá sostenerse en el tiempo?

@erikhoeeg

Última cumbre en el Parlamento Europeo en Estrasburgo

La última ronda de negociaciones políticas con el Parlamento Europeo se realizó en junio pasado, en la ciudad de Estrasburgo. Allí, una delegación del Parlamento del Mercosur —integrada por parlamentarios de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina— mantuvo una agenda de reuniones con las distintas familias políticas del Parlamento Europeo, así como con comisiones clave para el tratamiento del acuerdo, entre ellas la comisión específica de Mercosur, la Comisión de Asuntos Agrarios, la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Relaciones Exteriores. Estos intercambios permitieron dimensionar la diversidad de posiciones existentes y confirmar que la definición del acuerdo estuvo atravesada por consideraciones políticas, productivas y ambientales, más allá de su dimensión estrictamente comercial.

La última ronda de negociaciones políticas con el Parlamento Europeo se realizó en junio pasado, en la ciudad de Estrasburgo.

En esas rondas de diálogo quedó en evidencia el peso determinante de los intereses nacionales y sectoriales. La mayor resistencia al acuerdo provino de representantes de países con sectores agrarios de gran envergadura, que perciben al Mercosur como un competidor directo, en particular en la producción cárnica, donde los costos sudamericanos son significativamente más bajos. Este posicionamiento fue especialmente visible en delegaciones de Francia, Irlanda y Polonia, donde el temor a una competencia considerada desleal se combina con cuestionamientos vinculados a estándares ambientales, de trazabilidad, sostenibilidad y transición energética, utilizados tanto como expresión de preocupación genuina como, en algunos casos, herramientas de protección sectorial.

Junto a estas objeciones sectoriales, emergió también una crítica de carácter más ideológico. En varios espacios de deliberación se planteó que el acuerdo, tal como está diseñado, tiende a favorecer principalmente a las grandes corporaciones, a partir de mayores márgenes de flexibilización comercial, mientras que no aparecen claramente contemplados los pequeños productores, las pymes, los nuevos emprendimientos ni las economías locales.

En ese marco, el capítulo ambiental y de transición energética adquiere una relevancia particular: puede funcionar como un ancla de previsibilidad y de estándares comunes, pero también pone en evidencia la necesidad de implementar mecanismos de cooperación, financiamiento y acompañamiento que permitan que los compromisos ambientales se traduzcan efectivamente en desarrollo productivo sostenible y en nuevas oportunidades industriales para ambas regiones.

Eurolat: la asamblea bicontinental y el poroteo europeo para su aprobación

La firma del acuerdo se produjo en un contexto europeo atravesado por tensiones políticas y sectoriales significativas. En diciembre pasado, durante la sesión plenaria de EuroLat en Bruselas, quedó en evidencia que el respaldo político al acuerdo convive con resistencias persistentes dentro del Parlamento Europeo.

Las discusiones no se limitaron a los aranceles, sino que incluyeron la denominada “arquitectura de sostenibilidad”, la transición energética, la lucha contra la deforestación y la protección de las pymes frente a la competencia digital.

Alemania impulsó el cierre del acuerdo bajo una lógica de autonomía estratégica frente a China y Estados Unidos, priorizando el acceso de su industria a mercados y recursos estratégicos. En contraposición, expresiones de los Verdes, la Izquierda y la extrema derecha canalizaron el malestar de amplios sectores agrarios.

Francia, Irlanda, Austria y Polonia lideraron este bloque opositor, expresando el temor de sus productores ante la entrada de productos sudamericanos, en particular agropecuarios, a los que perciben como una amenaza a su soberanía alimentaria y a sus estándares ambientales.

Desde el PARLASUR, la posición fue clara: no aceptar que la sostenibilidad se transforme en una barrera paraarancelaria encubierta. Se reclamó reciprocidad en las cláusulas espejo y financiamiento efectivo para cumplir con las exigencias de trazabilidad, evitando que los costos recaigan exclusivamente sobre los productores del Mercosur.

El impacto del acuerdo en la Argentina actual

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es un hecho aislado ni reciente: se trata de un proceso de negociación que lleva más de 26 años y que atravesó etapas claramente diferenciadas. Su origen se remonta a fines de los años noventa, en el contexto de expansión de los grandes tratados de libre comercio impulsados fundamentalmente por Estados Unidos. Ese ciclo tuvo un punto de inflexión regional con el rechazo al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, que marcó un límite a una forma de inserción internacional sin contrapesos políticos.

Desde su concepción, el acuerdo contemplaba dos dimensiones centrales: una comercial y otra político-cultural. Esta última debía funcionar como marco de cooperación y como herramienta para compensar asimetrías y desequilibrios entre los bloques. Sin ese andamiaje político, el acuerdo pierde densidad estratégica y queda reducido a una lógica predominantemente comercial.

El contexto actual refuerza la fragilidad de acuerdos comerciales que no cuentan con mecanismos políticos sólidos para administrar desequilibrios.

La firma del acuerdo se produjo en un escenario internacional profundamente distinto al de su origen. La guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones comerciales globales, la pandemia de Covid y la creciente competencia entre potencias reconfiguraron las prioridades estratégicas de Europa. En ese marco, también se observan disputas abiertas por recursos y territorios estratégicos, desde América Latina hasta el Atlántico Norte, que dan cuenta de un orden internacional más inestable y fragmentado.

Este contexto refuerza la fragilidad de acuerdos comerciales que no cuentan con mecanismos políticos sólidos para administrar desequilibrios. A ello se suman las salvaguardas incorporadas en la etapa final del acuerdo, que habilitan la posibilidad de frenar flujos comerciales ante variaciones de precios u otras condiciones del mercado, introduciendo incertidumbre para países como Argentina, cuya estructura productiva se encuentra fuertemente concentrada en la producción primaria.

Sin embargo, el problema central no reside únicamente en el texto del acuerdo. Durante estos últimos dos años de negociaciones y deliberaciones públicas, en Argentina no existió un estudio serio de impacto ni un proceso de diálogo amplio con los sectores productivos, industriales, sindicales y las economías regionales.

El problema, entonces, no fue discutir si el acuerdo es bueno o malo en términos abstractos. El problema es la ausencia de un debate serio, profundo y plural sobre sus efectos concretos en la producción, el empleo y el desarrollo. Sin políticas de acompañamiento y sin una estrategia clara de inserción internacional, el riesgo es consolidar una integración pasiva en un mundo cada vez más competitivo y disputado.

Los desafíos venideros

La firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea abre una nueva etapa que exige algo más que celebraciones o rechazos automáticos. El desafío central es político: cómo administrar sus efectos en un contexto internacional inestable, marcado por tensiones geopolíticas, transición climática y competencia por mercados y recursos estratégicos.

Para que el acuerdo funcione como una verdadera palanca de desarrollo, no puede reducirse a un esquema de apertura comercial basado exclusivamente en la exportación de alimentos y materias primas. Su viabilidad y sustentabilidad dependen de que se consolide una asociación real entre ambos bloques, en la que la cooperación, la transferencia tecnológica y la inversión de capital desde Europa hacia el Mercosur jueguen un rol central.

Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo fue firmado el sábado en Asunción.

Presidencia

Sin políticas activas que promuevan valor agregado, desarrollo industrial e integración en nuevas cadenas productivas —incluidas las vinculadas a la transición energética— el acuerdo corre el riesgo de quedar limitado a una relación asimétrica y de bajo impacto para nuestras economías. La discusión de fondo no es si integrarse o no, sino bajo qué condiciones esa integración puede transformarse en un eje efectivo de desarrollo productivo, empleo y autonomía estratégica para el Mercosur.

Los autores son Parlamentarios del Mercosur de Argentina.

“Última cumbre en el Parlamento Europeo en Estrasburgo”, escrito por Cecilia Nicolini y Franco Metaza

“Eurolat: la asamblea bicontinental y el poroteo europeo para su aprobación”, escrito por Mariano Arcioni, Marina Femenía y Mariano Fernández

“El impacto del acuerdo en la Argentina actual”, escrito por Gabriel Fuks y Gustavo Arrieta

“Los desafíos venideros”, conclusión a cargo de las y los parlamentarios.