No es operación ilegal, es censura y persecución

La denuncia del Gobierno a periodistas que develaron los audios que comprometen a Karina Milei constituye la más grave de las intromisiones que se recuerde por parte del Poder Ejecutivo frente al ejercicio de la prensa libre.

El periodismo, acorralado por el Gobierno de Javier Milei.

Si la desafortunada expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas” no fuera de por sí un grave atropello a una de las profesiones que le dan vida y sustento a la vida republicana, la denuncia formulada ante la Justicia por el Gobierno nacional por una supuesta “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral" constituye la más grave de las intromisiones que se recuerde por parte del Poder Ejecutivo frente al ejercicio de la prensa libre.

La actividad periodística de modo alguno puede confundirse con una operación de inteligencia reñida con el marco jurídico que organiza la vida en comunidad, algo que cualquier individuo consustanciado con los valores republicanos debería saber distinguir. Y más aún si quien esgrime semejante desvarío ostenta la Presidencia de la República.

Como senadora de la Nación que además ejerce la titularidad de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, es mi deber tutelar el cumplimiento de la Constitución Nacional y el de todas las leyes que organizan el funcionamiento del sistema democrático.

Pretender que la Justicia coarte la libertad de expresión de periodistas en particular y de medios de comunicación en general, colisiona con lo estipulado por el artículo 43 Constitución Nacional, que garantiza expresamente que no puede afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

El festival de denuncias en sede judicial que han padecido por parte del Presidente Javier Milei periodistas y comunicadores sociales enrolados en las más diversas vertientes ideológicas –excepto, claro está, los habituales contertulios a las veladas operísticas en Olivos-, configuran un avasallamiento inadmisible que condiciona gravemente el funcionamiento de las instituciones.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…

— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

Si por el inofensivo y hasta ingenuo audio en el que la secretaria general de la Presidencia afirma trabajar varias horas por día (cuyo lugar de grabación y origen de la filtración todavía se desconocen) el primer mandatario reaccionó solicitando la censura previa del resto del material, ¿qué otras afirmaciones admite que existen y se desvive por ocultar con esta desesperada acción judicial?

Eso, sumado a los pedidos de allanamiento de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, configuran hechos de inaudita gravedad que creíamos haber superado con más de 40 años de vigencia de la democracia.

Estamos en presencia de una flagrante decisión de censurar y perseguir judicialmente a aquellos comunicadores que no comulgan con el ideario oficialista, muchos de los cuales –vale la pena señalarlo- han abandonado el barco libertario con la urgencia requerida para causas más nobles.

Es mi obligación como representante de una provincia del interior profundo, en las que los medios soportan el asedio sistemático del poder local, establecer un marco institucional para proteger la labor de los periodistas, razón por la cual desde la comisión que presido trabajamos contra reloj para conformar y poner en acción a la brevedad un Observatorio de Derechos y Garantías de la Prensa.

Allí encontrarán el ámbito para darle visibilidad a las afrentas cotidianas que sufren por parte del gobierno que enarboló la bandera de la libertad, y hoy en medio de su creciente debilidad pretende encarcelar a los argentinos en la prisión de la censura.

(*) Senadora de la Nación (Bloque Convicción Federal/Jujuy)