Termina 2020 ¿un año atípico?

Opiniones

La pregunta del millón -todavía sin una respuesta definitiva- es si la pandemia será realmente un hecho atípico o si es una nueva normalidad a la que tendremos que acostumbrarnos.  

El año 2020 fue todo lo atípico que podía ser. Un gobierno peronista que asume con una inflación récord, vencimientos de deuda impagables, en el marco de una crisis productiva y social heredada de una fracasada gestión liberal, es un hecho relativamente recurrente en la breve historia económica de nuestro siglo XXI. Pero que, al poco de andar, irrumpa una pandemia global que fuerce la parálisis de casi la mitad de los sectores productivos generando brutales caídas de la actividad, es algo sin precedentes. Aún así, la pregunta del millón - todavía sin una respuesta definitiva - es si la pandemia será realmente un hecho atípico o si es una nueva normalidad a la que tendremos que acostumbrarnos.

Las perspectivas para 2021 dependen fundamentalmente de ello ya que el plan económico del gobierno plasmado en el presupuesto no difiere demasiado de los habituales programas implementados en los últimos años impares (electorales). El programa oficial se queda corto aún en caso de superarse el lado sanitario de la pandemia dado que la gravedad de la crisis de este año exige medidas mucho más innovadoras. Medidas asociadas no sólo a una necesaria recuperación de los salarios e ingresos de la seguridad social por encima de la evolución de los precios (donde una política cambiaria y tarifaria moderada es fundamental). También debe contar con programas que impulsen directamente la generación de empleo en sectores de elevados multiplicadores de la actividad y bajo derrame al dólar (programas de hábitat y vivienda con base en las cooperativas de trabajo, fundamentalmente) tal como desarrollamos en la propuesta del “Plan Hornero” del CESO.

Por el contrario, si la pandemia se extiende, todo el programa económico quedará desdibujado y es probable que se repitan los terribles resultados económicos del presente año. La eficacia de las vacunas ante las diferentes cepas de virus, su desigual distribución entre países centrales y periféricos y la velocidad para aplicarse a la mayor parte de la población son las claves de una política de salud pública a las que la economía está lógicamente subordinada. Si la pandemia deja de ser atípica, nuevas políticas que apunten a una descentralización territorial de la población aprovechando la deslocalización administrativa y logística que permiten las nuevas tecnologías de la comunicación deberán empezar a ocupar las cabezas de quienes dirigen el rumbo de la política económica.

Aún así, el balance económico del año no es tan malo como podría haberlo sido. Más allá de los problemas del formato de intervención en la política cambiaria y financiera y su impacto sobre el sector externo, el gobierno desplegó un amplio programa de políticas que permitió sostener las cadenas de pagos del sector productivo y los ingresos de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables. Logros no menores dada la pesada herencia macrista y el golpe letal de la pandemia en la economía. La respuesta fiscal a la pandemia implicó transferencias por un 3,5% del PBI (unos $940.00 millones) que el Estado puso directamente en la economía para reemplazar la repentina caída de ingresos y gastos privados. Además, sumó otro 2% en concepto de garantías para el financiamiento del sector privado a tasas del 24% para MiPyMEs y del 0% para pequeños contribuyentes y autónomos.

El complemento de estas políticas de gasto en un escenario de restricciones al financiamiento con el sector privado local e internacional heredados de la gestión Cambiemos, fue la inyección de una enorme masa de liquidez provista por el Banco Central. Eso dio lugar a la aparición de nuevas oportunidades de arbitraje en el mercado financiero que impactaron negativamente en las reservas.

Mientras se cultivaban estos desajustes, se llegó a un acuerdo con un grupo de fondos extranjeros- reducido en cantidad pero numeroso en acreencias - que era clave para alcanzar los umbrales de aceptación de la deuda y evitar una salida con cesación de pagos del desbarajuste financiero generado por el gobierno de Cambiemos. Un sector relevante del gobierno y el propio presidente tenían demasiadas expectativas en que este acuerdo estabilizara automáticamente el resto de las variables - salida de capitales, tipo de cambio e inflación - por efecto de la confianza. Pocos días después del anuncio que debía traer confianza y estabilidad, se hizo evidente que las presiones cambiarias seguían activas. Las pulsiones dolarizadoras locales y la presión de los fondos PIMCO y Templeton - que todavía tenían activos en pesos desde su acuerdo con Caputo en 2018- son una combinación que aún hoy pone en riesgo toda la endeble estabilidad macroeconómica.

El componente local de la fuga debe atenderse con una combinación de alternativas financieras y reales. En términos financieros, deben existir inversiones en pesos que le ganen a la inflación y al tipo de cambio oficial. El destino real de los excedentes en pesos en un contexto de pandemia todavía es difícil de materializar y excede incluso las capacidades del gobierno en el corto plazo. El componente extranjero, para que no irrumpa en la estabilidad que es preciso cuidar, al tratarse de fondos tan concentrados se conduce en una negociación mano a mano en el que se deben conciliar salidas acordadas o bien se deben endurecer de manera tal los controles hasta que no tengan margen de maniobra. En octubre, la resolución con estos fondos alcanzó un equilibrio entre nuevos instrumentos atados al dólar y el sostenimiento del gobierno a través de agentes públicos valores del MEP y CCL cercanos a $140. La necesidad de incorporar la brecha cambiaria como un objetivo de política económica tardó en materializarse pero, como resultado de ese proceso, hubo una concentración de funciones en un Martín Guzmán que salió empoderado tras una serie de tardías reacciones en el Banco Central.

Hasta el momento, la Argentina ha logrado despejar en buena medida los vencimientos de corto plazo sin tener que comprometerse a programas económicos recesivos. Esa tarea en la arquitectura financiera internacional la tiene en sus manos el FMI cuya negociación está todavía en curso. La posibilidad de que el acuerdo incluya una reducción del margen de maniobra en las decisiones económicas puede poner en riesgo simultáneamente la estabilidad interna de la alianza en el Frente de Todos y las posibilidades de recuperación económica a la salida de la pandemia. En el caso de dar lugar a alguna de las medidas que suele denominar el Fondo bajo el eufemismos de “ajustes estructurales” - desregulación de mercados, tarifas, flexibilización laboral, abrir los fondos de pensión a jugadores de las finanzas internacionales, etc. - se expondrá al gobierno a un test electoral con un severo riesgo respecto de su futuro político.

En una perspectiva de mediano y largo plazo, aún si se considera que el mayor impacto económico ya quedó atrás, quedan incógnitas importantes respecto a las diferencias estructurales que vaya a tener la economía argentina post-pandemia comparada con la que conocíamos pre-pandemia. Los niveles de desigualdad en ingresos, de informalidad, de evasión tributaria (con su impacto en las cuentas públicas), la distribución geográfica del empleo, los cambios de los hábitos de consumo y su efecto en el multiplicador de la actividad, ¿retornarán a los valores previos o implicarán mayores condicionamientos para la política económica?

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