Razones del fracaso del sistema de salud

Argentina es un ejemplo notable de cómo un país realiza una importante inversión en atención de la salud sin lograr superar pobres niveles sanitarios.

El diagnóstico más común es asignar las principales responsabilidades a la falta de funcionarios idóneos y honestos. Si los recursos se dilapidan en burocracia y corrupción, la causa del fracaso sanitario serían los funcionarios inescrupulosos. Este diagnóstico es simple y emblemático, pero falso.

La presencia de incapaces y corruptos ocupando posiciones relevantes en el sector, más que una causa de los problemas es una de sus consecuencias. El origen de los fracasos está en los incentivos que generan las reglas de juego bajo las que opera el sector salud. Una de ellas, no la única, es el paradigmático enredo institucional entre Nación y las provincias.

El típico funcionario provincial -un director de un hospital público, por ejemplo aduce que el mal servicio que brinda el establecimiento que dirige se origina en el desborde por la demanda de una gran cantidad de personas teóricamente cubiertas por los seguros de salud (PAMI, obras sociales e, incluso, prepagas). Este argumento, siendo parcial, no es del todo falso, ya que no menos de un cuarto de los servicios que brindan los hospitales públicos está destinado a personas que tienen un seguro de salud.

El problema aquí es que el hospital público, operando como un prestador de « puertas abiertas», reasigna sus recursos -que teóricamente están destinados a la población más desfavorecida dirigiéndolos a suplir las deficiencias de las obras sociales y las prepagas. Esto, en un país serio, sería tipificado como una malversación de fondos públicos.

En la Argentina, en cambio, sirve para disimular el pésimo servicio que los gobiernos provinciales brindan a la población carenciada y las falencias del gobierno nacional, que no logra que los seguros de salud cumplan con sus responsabilidades.

La Nación no reacciona, tratando de tomar medidas más eficaces para que las obras sociales y el PAMI suministren los servicios que legalmente corresponde.

• Responsabilidad

Muy por el contrario, se autoasigna la responsabilidad de suplir el deficiente funcionamiento de los servicios provinciales. Así es como con presupuesto propio, y en muchos casos con créditos de organismos internacionales, desarrolla intervenciones tales como compras centralizadas de medicamentos, adquisición de ambulancias y equipamiento médico, construcción de edificios y hasta la contratación de médicos.

Se activa así un círculo perverso que se retroalimenta a sí mismo.

La Nación invierte crecientes recursos en tratar de suplir las deficiencias en los servicios sanitarios provinciales. Estos, a su vez, distraen esfuerzos suministrando prestaciones a los afiliados a obras sociales y prepagas. El círculo perverso implica que todos los niveles de gobierno intervienen en todo, pero ninguno se hace cargo de los malos resultados. Así es como las reglas de juego llevan a la dilapidación de recursos en burocracia, superposiciones ociosas, enormes oportunidades de corrupción y responsabilidades diluidas entre los diferentes niveles de gobierno, sin que sea posible hallar al responsable de estos desaguisados. En consecuencia, ni siquiera cabe esperar sanción política a través del voto.

El sector salud es un ejemplo arquetípico de las consecuencias del desorden fiscal interjurisdiccional. Desgraciadamente no es el único.

En el caso del área de la salud, la Nación debería concentrarse en garantizar el buen funcionamiento de los seguros, tanto los de naturaleza social (obras sociales, PAMI) como las prepagas. Esto aseguraría atención médica para más de la mitad de la población y dejaría más despejado el problema de aquellos que por estar en una situación sociolaboral desfavorable necesitan un apoyo más intenso por parte del Estado. Estos últimos serían sólo responsabilidad de las provincias que, liberadas de usar recursos para cubrir a afiliados a seguros privados, se podrían encargar del problema con eficacia y realismo.

Ordenando funciones con este criterio se pueden construir las bases para comenzar a lograr resultados sanitarios más acordes con el esfuerzo que la sociedad realiza. Esto tendrá impactos particularmente positivos sobre una enorme franja de población cuya situación de marginalidad le impide acceder hasta a los cuidados sanitarios más básicos. De paso, implicará una organización del Estado más apegada a los principios fijados por nuestra muchas veces olvidada Constitución nacional.

(*) Economista