Retenciones deberían aplicarse por ley y uniformes para todos

Se impone un cambio de política económica. La actual provocará una espiralización de la violencia. La puja distributiva se ha desatado por la arbitraria inequidad del gobierno, hija de su gravísimo error conceptual sobre el alcance del derecho de propiedad.

Como decía Ortega y Gasset, son como los niños, quieren las cosas pero no sus consecuencias («La rebelión de las masas»).

¿Qué quiere decir dólar alto en un país exportador de alimentos? Obviamente, salarios bajos. Pero como quieren la contradicción de dólar alto y alimentos baratos, imponen retenciones a las exportaciones (lo dicen ellos mismos en sus discursos en defensa de sus políticas). Y al hacerlo, privan a los productores agropecuarios del uso y goce de su propiedad. Si revisan sus premisas, evitarán la contradicción.

Las retenciones son impuestos directos sobre las exportaciones y cualquier análisis indica, sin necesidad de profundas indagaciones, que en los niveles actuales constituyen una completa desmesura. Un exportador de soja vende su producción a un dólar de $ 1,76, pero paga sus insumos a un dólar de $ 3,15. Eso no le ocurre a un exportador industrial.

Fractura

Como no puede ser de otro modo, la fractura de la sociedad sigue a la fractura de su moneda. Discrecionalmente el Ejecutivo fija distintos valores de tipo de cambio efectivo, paga subsidios o no, hace obras aquí o allá, y, lo que es más grave, usa ese poder de facto para presionar a que los habitantes hagan o dejen de hacer esto o aquello a su antojo. Incluso prohíbe exportaciones por encima de ciertos volúmenes en violación flagrante a la libertad de comercio (carne, trigo y gas, por ejemplo).

La Constitución provee todas las garantías para proteger los derechos individuales afectados, pero no hay confianza en la independencia del poder judicial y, entonces, sólo queda la violencia, la ley de la selva.

El gobierno, en lugar de responder con la ley y el diálogo a los reclamos sectoriales, contesta con más violencia, verbal, jurídica o mediante la acción directa de patotas de estipendiarios de la Nación (ex piqueteros).

Pero los episodios que se suceden ininterrumpidamente no pueden ocultar más tiempo que lo que está en el centro de la escena es la inviabilidad de la política económica oficial.

La emergencia ha sido superada, debemos con urgencia volver a la normalidad y encarar todas aquellas cuestiones que han sido simplemente postergadas (servicios públicos pesificados, Club de París, hold outs, etcétera).

Se impone la derogación inmediata de las recientes intempestivas y escandalosas retenciones móviles. La reducción gradual, acelerada y sostenida de todas las retenciones discriminatorias. El levantamiento de todas las restricciones a las exportaciones.

Para detener la inflación (excusa del reciente saqueo), injusto flagelo de los sectores más humildes y creadora de odiosas distorsiones, en lugar de intervenir el INDEC se debe liberar el dólar y eliminar todas las restricciones a los movimientos de capitales, restableciendo la libre circulación de monedas extranjeras en el sistema financiero.

Posible

Se debe bajar el gasto público mediante la eliminación de los subsidios que serán innecesarios en el nuevo esquema de política económica, pero se debe tener en cuenta que dicha baja será más que compensada por la suba que resultará del respeto a la movilidad de las jubilaciones como lo ha resuelto recientemente la Corte Suprema o mediante un esquema alternativo acorde con su inveterada jurisprudencia.

Una política económica conforme a la Constitución es posible. Recordemos que las cosas acrecen o perecen para su dueño y que quien pone su tierra, capital o trabajo y corre con los riesgos consecuentes, es dueño y señor de su producción o del fruto de su esfuerzo, sea mucho o poco, y que son los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales los que gravan progresivamente a quienes más ganan sin violar la garantía de igualdad ante las cargas públicas; ése no es el rol de las retenciones, que violan ese principio cuando son discriminatorias.

Si circunstancialmente, mientras se restablece el crédito de la Nación, fueran necesarias retenciones a las exportaciones, deberían ser dispuestas por el Congreso y aplicarse de modo uniforme a todas ellas (no sólo a las agropecuarias o energéticas), con una tasa reducida que no afecte su competitividad.

Se puede institucionalizar el país sin discriminaciones odiosas a sector alguno porque la ley, cuando es justa, no es rigurosa.