El Poder Ejecutivo está decidido a que los salarios suban, aunque, lamentablemente, no tiene muchas ideas de cómo lograrlo. Durante los últimos dos años, se trató de forzar aumentos en los ingresos de la población a través de sucesivos decretos que obligan al sector privado a elevar los salarios. Dos de cada tres asalariados del sector privado no tuvieron aumentos, porque están en el sector informal. Pero, además, entre los asalariados formales, la política pública también tuvo efectos deprimentes, ya que las empresas están actuando en forma preventiva restringiendo los aumentos a la espera del «nuevo decreto». Por esa razón, aun entre los empleados formales se observa un progresivo achatamiento de las remuneraciones, que sólo desaparece en forma transitoria y parcial cuando los aumentos de suma fija se incorporan a los salarios básicos y ensanchan las distancias entre categorías.
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La otra vía para forzar aumentos fue la de aumentar el salario mínimo vital y móvil, de los $ 200 vigentes hasta 2001 a $ 350, y se supone próximamente a $ 400. Aquí nuevamente se enfrenta un problema: ¿no será que el aumento pasará de largo para los informales y cuentapropistas? Sin dudas, las autoridades pensarán que se trata de una conspiración (de los empresarios, con la extraña connivencia de los propios trabajadores) para que los salarios no suban. Pero no es necesario recurrir a pensamientos maniqueos para explicar relaciones básicas en economía. La razón detrás de la evolución de los salarios es el comportamiento de la productividad: una economía cuya productividad se estanca o cae no puede sino tener salarios declinantes. Esa fue la historia de la Argentina en los '80: con una productividad promedio para toda la economía que cayó desde el comienzo al final de la década 20,4%, los salarios no podían más que seguir un rumbo similar. Ni siquiera a través de una constante presión sobre los salarios mínimos se evitó el colapso de los ingresos (el salario mínimo vital se desplomó en términos reales, y también cayeron los ingresos formales e informales).
Los signos en materia de productividad que ofrece hoy la Argentina no son alentadores. Si miramos el sector manufacturero, es decir, aquel que recibe plenamente las mejoras tecnológicas y que debería manifestar un rebote técnico de corto plazo frente al colapso de 2001, se observa un crecimiento de la productividad por hora (medida con los indicadores industriales de INDEC) de sólo 2,5% anual en los últimos dos años y medio, y la tasa está cayendo con cada medición. Ese modesto crecimiento es bien inferior a 6,9% promedio observado durante los doce años precedentes (1990/2001) y, más bien, se aproxima al triste récord de la industria en los años '80.
Pero si todavía la industria muestra signos de alguna mejora -aunque débil- en su productividad, el promedio de la economía luce aún menos alentador: el producto medio (por ocupado) es en el corriente año 12% inferior al que se alcanzó siete años atrás (1997). Hoy la productividad media es todavía casi 6% inferior a la magra cifra que se lograba en 2001, y en promedio no se esperan mejoras en 2004. Las razones de ello son varias: bajo nivel de inversión (todavía en 2004 la relación inversión a PBI está en niveles históricos deprimidos), reversión tecnológica en numerosos procesos, gran incremento de la economía informal, y con todo ello, poco capital y poca tecnología puesta al lado de cada nuevo trabajador en los nuevos empleos. En suma, el empleo está creciendo, pero el marco institucional que la Argentina ofrece es para crear empleos de muy baja productividad.
Un reciente informe (1) realizado sobre la base de las encuestas de hogares resulta consistente con este panorama: los empleos más recientes muestran bajos niveles salariales en promedio, lo cual refleja tanto un gran exceso de trabajadores disponibles (alto desempleo, bien medido) como el hecho de que se pone muy poco capital al lado de cada trabajador. Con este panorama, la idea de forzar incrementos salariales en el sector privado no tiene mucho futuro. Con el aumento del salario mínimo se va a llegar al extremo de que el mínimo oficial va a estar por encima del salario promedio que reciben los nuevos trabajadores ($ 346 como salario medio de bolsillo de empleados de hasta un año de antigüedad). Más allá de algún efecto negativo sobre el empleo agregado, el incremento del mínimo va a consolidar la expansión de la economía negra.
Una productividad que no crece en el sector privado (menos aún en el sector público) hará difícil sostener la «estrategia» de cebar la bomba de la economía con aumentos de salarios. Por otro lado, la idea de mantener elevado el tipo de cambio real que impulsa la actual administración condena a los asalariados (formales e informales) a comprar una canasta de bienes y servicios relativamente cara. Tanto más cara cuanto mayor sea la depreciación del peso y cuanto menor la productividad (es decir, cuanto menor la competitividad doméstica y cuanto menores los ingresos del trabajo). En otras palabras, cuanto menos «conectada» esté la economía de los avances de productividad en el resto del mundo, y cuanto más se quiera compensar la ineficiencia doméstica por la vía de un peso depreciado, más tardaremos en resolver los problemas de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza, indigencia e informalidad que caracterizan a la Argentina.
(1) Informe de SEL, «Consultores sobre salarios y formalidad de nuevos empleos», 18-08-04.
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