Un paro de colectivos que dejó ayer a miles de personas sin servicio de manera sorpresiva en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en el arranque del ciclo lectivo, puso al descubierto la actuación sincronizada de una de las mayores empresas prestatarias del rubro con un sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de choferes. También dejó en evidencia las dificultades que afronta el Gobierno cuando procura mantener el equilibrio entre espacios gremiales rivales y con capacidad de presión.
La medida de fuerza declarada ayer poco después de la medianoche fue convocada en medio centenar de líneas de colectivos explotadas por la firma DOTA. Si bien reivindicó el paro la lista “Juan Manuel Palacios” de la UTA, que lidera el opositor Miguel Bustinduy, las autoridades de la compañía garantizaron su cumplimiento mediante un “lock out” patronal, reconocieron funcionarios del Ministerio de Trabajo. La protesta tuvo su origen en la demora del Ministerio de Transporte en distribuir una parte de los subsidios al transporte automotor de pasajeros que debían cubrir un aumento salarial no remunerativo y que recién se hicieron efectivos ayer por la tarde.
Por fuera del incumplimiento oficial, la disputa se basa en un entendimiento implícito entre Bustinduy, rival de Roberto Fernández en el gremio, y los directivos de DOTA. De hecho en medio del paro los empresarios llamaron a las autoridades de Trabajo para pedirles que dictaran la conciliación obligatoria y le dieran una audiencia a Bustinduy. La titular de esa cartera, Raquel “Kelly” Olmos, esquivó ambos planteos: de haber cedido hubiese disparado una protesta por parte de la UTA, que cuenta con todos los resortes de legalidad previstos en la ley de Asociaciones Sindicales.
El acuerdo que sostienen Bustinduy y DOTA no es un caso aislado en el mapa de gremios. También es explícito el que une a la cadena de supermercado COTO con Ramón Muerza, un sindicalista disidente de Comercio, rival de Armando Cavalieri en los últimos procesos electorales. De hecho a Bustinduy y a Muerza los une otro hilo: ambos cuentan con el patrocinio constante de Hugo Moyano por el enfrentamiento histórico que mantiene el camionero, a su vez, con Fernández y Cavalieri.
Otro tópico recurrente de la conflictividad en el sistema de transporte público de pasajeros está relacionado con el entramado de subsidios del que depende, de manera absoluta, el pago de salarios y de cada aumento acordado en paritarias. En lo formal las líneas de colectivos que explotan los recorridos concesionados por el Estado son protagonistas de las paritarias pero los cierres, en rigor, dependen pura y exclusivamente de los desembolsos del Estado. Y esa misma lógica obliga a la UTA a denunciar a las empresas por los eventuales incumplimientos en lugar de apuntar a Transporte.
Ayer el gremio emitió un comunicado que exhibió esta dicotomía. Denunció a DOTA como responsable de un “lock out patronal” y también a la oposición interna “que ya ha perdido las elecciones por más de 10 mil votos” y puntualizó: “el conflicto de la Unión Tranviarios Automotor es con las empresas que no pagan los salarios, no con el Estado nacional, ni con los gobiernos, ni con los usuarios de los servicios. Nosotros como representantes de los trabajadores, no seremos funcionales a un planteo empresario de subsidios ni compensaciones, como al que pretenden llevarnos”.
La disputa entre Fernández y Bustinduy, que se remonta al fallecimiento del anterior líder de la UTA, Juan Manuel Palacios (histórico mano derecha de Moyano en las versiones de la CGT que encabezó el camionero) tuvo su mayor pico de tensión en 2019, pocos días después de la asunción de Alberto Fernández, cuando la facción opositora protagonizó una manifestación en la puerta del gremio que incluyó enfrentamientos y una ocupación parcial del predio mediante un escalamiento cinematográfico de su frente.
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