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En un intento por reunir en torno a su figura al disperso antikirchnerismo, Juan Manuel De la Sota promovió en los últimos meses tres iniciativas. En primer lugar, dispuso dejar sin efecto la adhesión de Córdoba al Pacto Fiscal de 1992, según el cual Nación y provincias ceden un 15% de la coparticipación bruta a la ANSES para contribuir al financiamiento del sistema previsional. En segundo lugar, se aprobó una modificación al régimen de jubilaciones denominado "Ley de Fortalecimiento del Sistema Previsional", estableciendo un diferimiento de 182 días en el pago de los aumentos a los jubilados a partir de los incrementos salariales que reciban los activos, respetando el cálculo del 82% móvil sobre el salario bruto. Finalmente, se implementó una tasa a los combustibles, gravando 40 centavos por litro de combustible líquido y 10 centavos por m3 de GNC, destinado a "financiar obras de infraestructura", por lo que se espera recaudar $500 millones anuales.
Las dos primeras medidas tienen como antecedente un acta-acuerdo que, hace unos años, suscribieron el entonces gobernador Juan Schiaretti y la ANSES. Allí, el organismo se comprometía a realizar una serie de giros a Córdoba para financiar su deficitaria caja, a cambio de que la provincia avanzara en una adecuación de su sistema para compatibilizarlo con el nacional. Para un gobernador que suele acompañar las denuncias contra la ANSES por presuntos manejos discresionales de "la plata de los jubilados"- distorsión instalada por la prensa dominante que confunde la totalidad de los recursos de la seguridad social con los utilizados para el pago de jubilaciones- el reconocimiento del 82% móvil en su provincia constituye una de sus principales banderas políticas, pese a que ese objetivo se sostenga a expensas de un progresivo deterioro de la caja previsional local que, sin asistencia financiera de la ANSES, pone en riesgo la sustentabilidad del sistema.
Pero la disputa no emerge porque, tal como De la Sota manifiesta, la Nación se opone a que la provincia pague a sus jubilados lo que considera justo. El Estado Nacional no puede financiar cajas provinciales que no tengan las mismas pautas jubilatorias que las que se disponen a nivel nacional en cuanto a edad de jubilación, años de aportes y haber inicial mínimo. De la Sota prevé retener el 15% de la coparticipación que reclama para financiar el déficit de la caja previsional cordobesa y continuar pagando a una minoría con recursos que, en realidad, son de la mayoría, porque el 86% de los jubilados de la provincia cobra a través de la ANSES. No se trata, entonces, de una discriminación o cercenamiento a las autonomías provinciales, al federalismo, o cualquiera de los argumentos de este tipo que suelen ser expuestos por los funcionarios cordobeses y los medios de comunicación que actúan en su representación. Lo que se intenta es respetar la decisión política por la cual en el 2008 se dispuso la recuperación de los fondos que administraban las AFJP, y que posibilitaron la incorporación de 2.5 millones de nuevos jubilados al sistema y el incremento de los haberes dos veces al año; incremento que, sólo en el 2012, ha alcanzado el 31,05%.
La última de las medidas de De la Sota tiene una falla de origen: la idea de denominar "tasas" a lo que en realidad constituye un impuesto a los combustibles obedece a que la justicia tributaria no permite que una jurisdicción provincial cree tributos de esa naturaleza. Este nuevo impuesto en realidad no se corresponde con ningún servicio prestado, lo que justificaría su denominación de "tasa", como por ejemplo es el ABL. La recaudación va a Rentas de la provincia y es utilizada por el Gobernador con la misma discresionalidad por la que denuncia a la Nación.
Por ser un tributo de cobro directo aplicado a un insumo imprescindible como son las naftas, cuanto mayor es su precio, más recauda la provincia. Y lo pagan todos los cordobeses: por este motivo también es regresivo, porque se aplica a todos por igual. Es decir, no sólo es ilegal, sino que también grava más proporcionalmente al que menos tiene, siendo los sectores de menores ingresos quienes más sufren el impacto de su carga. A su vez, al ser un impuesto que afecta el poder adquisitivo de los salarios de los cordobeses, disminuye en consecuencia la posibilidad de gastar ese dinero en otros bienes o servicios, afectando el consumo y volviendo al impuesto, además de regresivo e ilegal, altamente recesivo.
Detrás de los problemas financieros de Córdoba se esconden, en definitiva, severas distorsiones en la propia administración de los recursos que hacen sus funcionarios, y que no la eximen de responsabilidad en los planteos que parecen tener siempre como único destinatario al Gobierno Nacional. De la Sota incurre en un doble estándar: por un lado, pide mayor autonomía en el marco de un siempre saludable federalismo. Pero, por otro, requiere de la Nación para que financie los evidentes desequilibrios económicos que profundiza su gobierno. En otras palabras, da la sensación que lo que hay en juego es la ambición política de un dirigente en carrera para el 2015, por la que arrastra a todos los cordobeses haciéndolos rehenes de sus aspiraciones personales. Continuar con excusas que desconozcan esta situación ¿no sería seguir haciéndose el Sota?
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