¿Abren conflictos ahora sin el control oficial?

La caída ayer en la Corte de las leyes de punto finales es el hecho que mejor expresa el diseño de país que persigue el gobierno de Néstor Kirchner. Como se ocupó de ocultar durante buena parte de su carrera política su opinión sobre las leyes que frenaron el juzgamiento de los delitos cometidos durante la represión clandestina de las guerrillas hace tres décadas, es legítimo preguntarse qué conveniencia se ha buscado en promover estas nulidades.

• Hace rato que en el gobierno le advirtieron a Kirchner que esta reapertura de juicios a los ex militares puede alimentar nuevas crisis, pero ahora fuera del control del gobierno. Los conflictos que ha vivido el país desde 2003 con partidos, militares, Iglesia, gremios, piqueteros, etc. han sido alimentados por el propio gobierno, que busca protagonismo mostrándose en plena batalla. «Jefe que no pelea no conduce», dice uno de los axiomas del peronismo que repite Kirchner. Otro dictamen se lo atribuye el presidente a Mao Tse Tung: «Mao decía que más importante que tener un buen amigo es tener un buen enemigo».

• La decisión abre otra ventana de incertidumbre. Si hubo un acierto de las presidencias de Alfonsín y de Menemfue haber terminado en el país con la hipótesis del golpe militar. Más aún, terminaron con el partido militar que había acompañado al proceso político desde 1930. Eso tiene tres nombres: juicio a los militares, leyes de punto final e indulto. Kirchner deberá demostrar en los años que le quedan de presidencia que esta reapertura de causas que ha promovido, con el apoyo de un amplio sector del país que no consiente crímenes aberrantes de ningún signo, no es fuente de males mayores. Lo que antes hicieron Alfonsín y Menem probadamente evitó males mayores juzgando a los comandantes y después sometiéndolos al agravio del indulto, aunque dejasen sin justicia a las víctimas de esas atrocidades, otro mal con el cual el país parecía que comenzaba a convivir. Sólo en un mundo perfecto no convive el bien con el mal.

• La conveniencia del rey está satisfecha. A eso ayuda, además, la complejidad del proceso que ahora comienza. Las causas que se reabrirán después de esta nulidad volverán en su mayoría a la Corte (seguramente, serán problema de otras administraciones). Veamos por qué: este final de las dos leyes no invalida aún el principio jurídico del «non bis in idem» - nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito-. Todos los encausados lo reclamarán, y los expedientes seguirán el mismo camino hacia la Corte. Más forzado será el recurso que reclama la vigencia de la ley más benigna por parte de procesados. Ni qué hablar del engorro que será la discusión de la jurisdicción de estos juicios. ¿Deberán actuar las cámaras federales como en 1983, que asumían la alzada de la Justicia militar? ¿O deberán actuar los juzgados ordinarios? Además, no todos los procesados son iguales: algunos tienen causas abiertas y « congeladas»; otros, archivadas; otros, sobreseídas; otros, con falta de mérito; otros, con sentencia firme, etcétera. Ni qué decir de la atropellada de jueces que querrán quedarse con las causas-vedette, otro motivo de más entuertos.

• Lo primero que quiso Kirchner al asumir el cargo fue halagar al electorado de centroizquierda que reclamó en vano esas nulidades desde su sanción; de hecho, la ley que las logró en el Congreso se debió a un proyecto de la Izquierda Unida (Patricia Walsh), no del peronismo gobernante. ¿Convicción ideológica? Sería una novedad en este presidente que, cuando era gobernador, era la estrella de los uniformados por su campaña contra el acuerdo de Hielos Continentales con Chile. ¿Temor a la izquierda patrullera que se comporta como fiscal de la clase política y ejerce un control amenazador desde un sector de la prensa? El tiempo lo dirá.

• La instrucción política a sus funcionarios fue promover la caída de las leyes de punto final para evitar el karma de todos los presidentes argentinos desde 1987: cada vez que llegaban a un país extranjero, eran piqueteados en la escalinata del avión por familiares de víctimas o activistas de organizaciones humanitarias reclamando el juzgamiento de los represores en esos países. La Justicia de esos países, además, atosigaba la mesa de entradas de la Cancillería argentina con infinitos pedidos sin respuesta de extradición de esos represores. El argumento era que, con las leyes de punto final, sus sistemas judiciales hacían inevitable el pedido de extradición. Kirchner les pidió a sus legisladores y operadores judiciales que, cuanto antes, se revirtiese esa situación con la nulidad de esas leyes tapón. Hoy puede decir con el fallo en la mano lo que hasta ayer era una mera expresión de deseos: que los represores serán juzgados en la Argentina. Cada vez que llegue de visita a algún país, no lo esperarán con pancartas de queja; tampoco las habrá de recibimiento gozoso, porque ya no habrá abogados de esas causas en terceros países.

• Si se mira la estética que Kirchner busca darle a su incursión por la presidencia, parece el terreno ideal. Acomplejado por un mundo que comenzó a conocer cuando recién tenía fueros de presidente, puede ufanarse de que con la sentencia de ayer la Justicia argentina se pone a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Lo había hecho en realidad hace un año, cuando la Corte dijo en el caso Arancibia Clavel (muerte del general chileno Carlos Prats) que los delitos de lesa humanidad era imprescriptibles. Ahora confirma la validez aquí de la convención internacional que declara que los delitos aberrantes cometidos desde antes de la Segunda Guerra Mundial no prescriben y que son nulas las amnistías y los indultos que se hayan dictado en todo el mundo en los últimos 6 años. ¿Se animará este santacruceño a reclamarles ahora a los chilenos que anulen la amnistía de Pinochet, a los españoles las de Francisco Franco, a los franceses las de De Gaulle por Argelia? Vaya venganza global.