Activistas contra la Justicia que duda de culpa policial

Creció ayer la incertidumbre del país por la tolerancia del gobierno ante nuevos casos de justicia por mano propia contra fuerzas policiales instigados y realizados por grupos de acción política y piqueteros que se dicen amigos del gobierno. El recrudecimiento es grave porque ocurrió ayer al mismo tiempo que se supo que la presunta responsabilidad en los dos casos del fin de semana de la Policía se diluye a medida que avanzan las respectivas investigaciones judiciales.

Ayer una primera instrucción sobre la muerte de un joven en una bailanta de la localidad de Isidro Casanova parecía dirigir la responsabilidad a un grupo de barras bravas de clubes de fútbol con quien Daniel Lucena se habría cruzado en una pelea al salir del local. Incluso la fiscalía de San Justo ya ha detenido a cuatro conocidos de Lucena, quienes habrían participado en esa gresca. También el fiscal dice haber identificado a un amigo de la víctima que fue testigo de los hechos y habría omitido en su declaración detalles de lo ocurrido.

• Cuando esto trascendió, el padre de Lucena, un activista del sector Polo Obrero de Néstor Pitrola (ala trotskista) que amenazó por TV que marcharía de ahora en más con un revólver para vengar la muerte de su hijo, hizo ayer otra ocupación con militantes políticos y los infaltables movileros de radio y de TV. Esta vez fue en la fiscalía de San Justo donde el responsable de esa oficina, Gustavo Banco, protagonizó una insólita audiencia explicativa que transmitieron por TV todos los canales -hasta motivó una interrupción de la rutina de los almuerzos de Mirtha Legrand-. (Ver nota vinculada)

• ¿Qué reclamaba este padre que ha perdido su hijo y que ve reforzado con ese drama la actitud militante? Que se acepte su dictamen personal de que el asesino es un policía del cual no puede dar ni el nombre. Antes de cualquier juicio y sin prueba evidente -no la mostró por TV cuando amenazó con marchar armado en el programa de Mauro Viale-. Con ese mismo gesto un grupo de seguidores de su sector incendió una bailanta y un patrullero, y ayer coparon la fiscalía. Si se probase la línea investigativa más fuerte hoy, quedaría sin argumentos de sesgo político por tratarse de un desgraciado crimen privado.

• También en el caso del piquetero muerto el viernes en el barrio de La Boca, que motivó el saqueo de la Comisaría 24ª por parte del propio Luis D'Elía al frente de militantes del ala más amiga del gobierno. Que D'Elía sea legislador provincial -llegó de la mano del cura duhaldista Luis Farinello le da fueros de detención pese a que el ataque que condujo fue transmitido por TV, esto es que puede decirse que fue sorprendido «in flagrante delictu», algo que no cuenta con protección especial para un diputado.

• Ayer se conoció sobre este caso el resultado de una pesquisa en la escena del crimen que arrojaría la existencia de cápsulas de un arma distinta de la que usó el presunto asesino Juan Duarte. Esa pesquisa indica también que hubo cambios en elementos y otras pruebas en casa donde fue muerto el ex responsable del comedor popular Los Pibes que podrían probar la hipótesis policial de que la muerte de Martín Cisneros se produjo luego de un tiroteo entre dos personas armadas. Con una Policía devaluada por la falta de respaldo del poder político es claro que el resultado de estas pesquisas - hechas no ya por la institución policial sino por otra fuerza que tiene prestigio en este tipo de indagaciones, la Gendarmería-no va a ser fácilmente aceptado por los activistas piqueteros.