Acusaciones complican cierre hoy de licitación de los DNI

Política

Las curiosidades que presentó hasta ahora la licitación del Ministerio del Interior para constituir una base de datos electrónica que ponga en valor los archivos de huellas dactilares en poder del Estado se han multiplicado tanto que son capaces de dar motivo a varios escándalos. El concurso, sobre cuyas peripecias informó este diario en la edición del martes, es un intento más de Aníbal Fernández por avanzar hacia la emisión de un nuevo DNI. El sueño dorado de todo ministro político. También el motivo más frecuente de visita a los Tribunales de todo ex ministro político.

Lo que se conocía hasta ahora de este nuevo intento de Fernández por habilitar un negocio para las empresas de tecnología era ya bastante peculiar. Por ejemplo, el llamado a licitación se produjo hace poco más de una semana con la exigencia de que las empresas deberían presentar la documentación correspondiente hoy, día de cierre de las propuestas. Ahora se conocen más detalles que pueden complicar de manera más grave el trámite y la situación de quienes lo diseñaron:

  • En principio, en la Casa Rosada están inquietos por la secuencia que ha seguido Fernández en todas las convocatorias que realizó en materia de tecnología con el objetivo de lanzar un nuevo documento de identidad. Suponen que se trató de un ardid del ministro para sortear el principal escollo: la negativa de Néstor Kirchner a convalidar sus iniciativas en este campo.

    Primero el ministro intentó la creación de una gran base de datos para un DNI electrónico, lo que tenía el encanto adicional de complacer una demanda de Juan Carlos Blumberg. En Presidencia rechazaron la idea. Después redujo el proyecto a una base de datos de huellas digitales de uso civil destinada al Registro Nacional de las Personas y otra de uso criminal que ampliaría la que ya existe en la Policía, administrada por la empresa francesa Sagem (su filial local es Iafis). Una serie numerosa de indicios permitía suponer que la empresa NEC, que comanda un amigo íntimo de Fernández, Carlos Martinangeli, sería la compañía de bandera para el proyecto del Renacer (lo de «bandera» refiere a la adscripción de ambos al Club Atlético Quilmes, del que NEC es generosa mecenas).

    A pesar de que esta firma japonesa fue contratada por Santa Cruz para una experiencia de «gobierno electrónico», a Kirchner tampoco le pareció oportuno autorizar a su ministro. Ahora aparece esta licitación, más modesta aún, por la cual se requiere la actualización de un inventario de dos huellas digitales de cada mano, las del pulgar y el índice.

  • Intento

    Esta jibarización de los planes del Ministerio obedecería, según le explicaron al Presidente, al intento de evitar una autorización suya para estas contrataciones, dado que el monto de dinero involucrado se reduce cada vez más. Aun así Fernández sigue encontrando problemas. Uno aparece en la reglamentación de contrataciones del Estado, que impide la segmentación de las compras justamente para que no se puedaeludir la autorización de los superiores. El otro inconveniente es que, aún para comprar sistemas más pequeños o baratos, Interior depende de la firma del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Es muy difícil que la consiga.

  • Otro rasgo muy llamativo en la licitación es la imprecisión de su objetivo. Cuando se observa el artículo primero del pliego, donde figura el «Objeto de la Contratación», se tiene la sensación de estar leyendo un texto mal traducido del japonés ( ninguna ironía respecto de NEC, conviene aclarar). Dice así: «Por el servicio de puesta en marcha (start up), actualización o instalación de uno nuevo de al menos similares características y mantenimiento del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares». Un texto para ilustrar una historia de la decadencia de la administración pública argentina. Aunque desde el punto de vista jurídico, indica algo también inquietante: ninguna empresa estuvo en condiciones de saber qué es lo que se quiere contratar sin antes hablar con los funcionarios interesados en el negocio.

  • Más delicado que el galimatías publicado por el ministerio en el pliego es que éste no fue divulgado en el sitio electrónico de esa cartera como corresponde con todas las licitaciones. ¿Cómo se enteraban entonces las empresas de la demanda de Fernández y su gente? Sencillo: recibieron la información a través de una compañía privada encargada de proveer servicios a quienes concursan en licitaciones del Estado. Para decirlo más claro: el Ministerio del Interior delegó en una empresa privada la comunicación de un llamado a concurso. Esa empresa se llama, paradójicamente, «Mercados Transparentes». Pero sólo informa de estas novedades a sus abonados (dicho sea de paso, la veta que encontraron los creadores de esta firma es más que interesante e imaginativa).

  • Otra curiosidad del concurso organizado por Fernández y sus colaboradores es que entre una de las condiciones que se establecen para «instalar o mantener» la base de datos es que hayan realizado tareas similares por lo menos en otros tres países con anterioridad. Es lo que se llama como «contratación dirigida» algo expresamente prohibido por la ley argentina. En este caso serviría para potenciar a Nec, Sagem/ Iafis y Motorola en la licitación. Al margen del detalle de que la cláusula contradice el cartel que colgó el propio Ministerio del Interior en Ezeiza, donde se ufana de estar desarrollando software en migraciones con técnicos locales (un canto a la burguesía nacional muy adecuado para el espíritu de los tiempos).

  • Sin que haya sido una intención del ministro Fernández ni de sus dos asistentes inmediatos en este trámite, el decisivo subsecretario de Coordinación José Lucas Gaincerain y el director de Gestión Informática, eludir la autorización de los superiores. El otro inconveniente es que, aún para comprar sistemas más pequeños o baratos, Interior depende de la firma del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Es muy difícil que la consiga.

  • Otro rasgo muy llamativo en la licitación es la imprecisión de su objetivo. Cuando se observa el artículo primero del pliego, donde figura el «Objeto de la Contratación», se tiene la sensación de estar leyendo un texto mal traducido del japonés ( ninguna ironía respecto de NEC, conviene aclarar). Dice así: «Por el servicio de puesta en marcha (start up), actualización o instalación de uno nuevo de al menos similares características y mantenimiento del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares». Un texto para ilustrar una historia de la decadencia de la administración pública argentina. Aunque desde el punto de vista jurídico, indica algo también inquietante: ninguna empresa estuvo en condiciones de saber qué es lo que se quiere contratar sin antes hablar con los funcionarios interesados en el negocio.

  • Más delicado que el galimatías publicado por el ministerio en el pliego es que éste no fue divulgado en el sitio electrónico de esa cartera como corresponde con todas las licitaciones. ¿Cómo se enteraban entonces las empresas de la demanda de Fernández y su gente? Sencillo: recibieron la información a través de una compañía privada encargada de proveer servicios a quienes concursan en licitaciones del Estado. Para decirlo más claro: el Ministerio del Interior delegó en una empresa privada la comunicación de un llamado a concurso. Esa empresa se llama, paradójicamente, «Mercados Transparentes». Pero sólo informa de estas novedades a sus abonados (dicho sea de paso, la veta que encontraron los creadores de esta firma es más que interesante e imaginativa).

  • Otra curiosidad del concurso organizado por Fernández y sus colaboradores es que entre una de las condiciones que se establecen para «instalar o mantener» la base de datos es que hayan realizado tareas similares por lo menos en otros tres países con anterioridad. Es lo que se llama como «contratación dirigida» algo expresamente prohibido por la ley argentina. En este caso serviría para potenciar a Nec, Sagem/ Iafis y Motorola en la licitación. Al margen del detalle de que la cláusula contradice el cartel que colgó el propio Ministerio del Interior en Ezeiza, donde se ufana de estar desarrollando software en migraciones con técnicos locales (un canto a la burguesía nacional muy adecuado para el espíritu de los tiempos).

  • Sin que haya sido una intención del ministro Fernández ni de sus dos asistentes inmediatos en este trámite, el decisivo subsecretario de Coordinación José Lucas Gaincerain y el director de Gestión Informática, Eduardo Thill, es posible que de todo este trámite se desprenda un escándalo paralelo. Ocurrió lo siguiente: al convocar a las empresas que podrían estar interesadas en el negocio de esta nueva base de datos, los funcionarios del ministerio invitaron a los ejecutivos de las firmas a hacer una visita al centro tecnológico que se montó en la calle Pedro Chutro a fines de los 90. Allí se había alquilado un edificio para que Siemens instalara las máquinas con las que procesaría el nuevo DNI contratado con la compañía (convenio que terminó, estruendo de por medio, en la Justicia Federal). Cuando el gobierno de Fernando de la Rúa denunció ese contrato, los directivos de Siemens dejaron constancia en actas certificadas de todo el material tecnológico que quedaba en poder del Estado argentino. No sólo consignaron desde los scanners hasta máquinas de aire acondicionado almacenadas en esa dependencia sino que también registraron el instrumental afectado a Migraciones en las terminales de Buquebús, Aeroparque y Ezeiza. Para Siemens la urgencia por documentar esa cesión no obedeció sólo a deslindar cuestiones patrimoniales sino a demostrar que con la Argentina se había firmado un contrato cuya ejecución estaba en curso en el momento de la rescisión. Es el argumento que la empresa llevó al CIADI, donde las actas suscriptas en el depósito de Chutro forman parte del expediente de reclamo al país.

    Estas vicisitudes podrían pasar inadvertidas si no fuera por la crisis que estalló dentro de Siemens a escala internacional. Su presidente, Klaus Kleinfeld, fue puesto en la mira de los fiscales de Munich por varios presuntos desfalcos y, sobre todo, por la aparición de una presunta cuenta secreta con 200 millones de euros destinados, al parecer, a pagar sobornos en los países en los que la empresa desarrolla sus negocios. La convulsión interna desencadenó una auditoría doméstica que recorre los países donde Siemens firmó contratos recientemente. No habría que descartar que los investigadores lleguen a la Argentina y que pongan bajo la lupa el caso de los materiales desaparecidos. Por no hablar de operaciones más ambiciosas como la contratación de dos centrales termoeléctricas en asociación con Electroingeniería, la firma de Gerardo Ferreira, una de las que más expandió sus prestaciones al Estado desde la llegada de Kirchner al poder. Es verdad que estos graves inconvenientes de Siemens reforzarán también la posición oficial en el CIADI, sobre todo si se demuestra que las operaciones por las cuales la empresa demanda al país estuvieron teñidas de los mismos vicios que se le reprochan a Kleinfeld en la central de Munich.

    C.P.
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