Alberto Fernández le envió una dramática advertencia ayer al Congreso junto al proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En un mensaje titulado “Emergencia Social” alertó que el país atraviesa una “dramática situación económica” y “severas dificultades” para hacer frente a los pagos de deuda.
Advertencia al Congreso sobre "dramática situación"
El Presidente envió junto al proyecto de ley un mensaje titulado "Emergencia Social" donde alerta a los legisladores sobre desempleo, inflación y sostenibilidad de la deuda.
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En ese texto adjunto, el Presidente afirmó que la Nación afronta un “escenario de depresión de la economía nacional que ha provocado un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de la población y un alejamiento de la aspiración colectiva de emprender el camino del desarrollo con justicia social”. Y aseguró que “desterrar el hambre en la Argentina, reducir la desigualdad y volver a crecer son el nuevo imperativo ético de nuestra época”.
“La elevación para el tratamiento de la presente ley encuentra justificación en la dramática situación económica y social que hoy atraviesa nuestro país”, advirtió el jefe de Estado. Allí explicó que “crisis se manifiesta en una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) que, entre 2015 y 2019, supera el 5%”, y agregó que si se lo mide por habitante, “ha experimentado una reducción del 8%”.
“El achicamiento de la economía, el fortísimo aumento del tipo de cambio -superior al 500% en el período mencionado- y una altísima inflación han generado un incremento notorio de la pobreza que alcanza al 35% de la población”, detalló el Presidente en relación con el proyecto ingresado ayer en la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa. En su mensaje señaló que “la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6%, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres”. “Siempre que la economía se resiente, las mujeres sufren con mayor crudeza. En este período, las tasas de interés se han vuelto prohibitivas para la producción al tiempo que han afectado el nivel de endeudamiento de las familias comprometiendo su sostenibilidad”, indicó el mandatario.
Fernández señaló que “las tarifas de los servicios públicos, por su parte, han sufrido incrementos que han afectado severamente la viabilidad de la industria y del comercio, y también la vida de las familias”. “A esto se suma el desorbitado crecimiento de la deuda pública que fue contraída en un breve período de tiempo y cuyo repago está comprometido en el corto plazo”, advirtió.
El jefe de Estado consideró que “un porcentaje muy elevado de este endeudamiento ha sido contraído en moneda extranjera y, dado que esos fondos no fueron utilizados para ampliar o mejorar la capacidad productiva y exportadora del país, la Argentina enfrenta severas dificultades para hacer frente a los vencimientos de estas obligaciones”. “Construir un Estado que esté guiado por la ética de la solidaridad y el respeto de los derechos constitucionales exige promover con políticas consistentes la universalidad de los derechos sociales como el de acceso al alimento adecuado, a la educación, a la salud, a la vivienda y al desarrollo de una vida autónoma a partir de los ingresos del trabajo”, remarcó el jefe de Estado. Al respecto, indicó que “para que estos principios puedan cumplirse, es fundamental estabilizar la economía y recuperar la consistencia macroeconómica”.
“Eso nos permitirá retomar un sendero de crecimiento, volver a crear empleo y ofrecer a todas las personas que habitan nuestro territorio la posibilidad de integrarse y desarrollarse dignamente”, agregó. La oposición de la Cámara de Diputados no tomó con agrado el mensaje. El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, fustigó el proyecto ómnibus de emergencia, al sostener que busca “desguazar al Congreso” dado que conlleva una muy grande “delegación de facultades” al Poder Ejecutivo. Según el diputado radical, dicha cesión de facultades “supera ampliamente a la que se dispuso en la Ley de Emergencia de 2002” bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde, y tampoco se justifica ya que a su criterio el país “no está atravesando una crisis como la que se inició en 2001”.




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