Unos 300 intendentes de localidades de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Buenos Aires entregaron ayer al vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, una declaración solicitando la « suspensión» de la Resolución 125 y una «urgente solución» al conflicto agropecuario.
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El encuentro se realizó por la tarde en el despacho de Cobos, luego de que los jefes comunales prepararan la declaración durante una reunión en el Salón Azul de la Cámara de Senadores a la que asistieron legisladores nacionales de la oposición.
Previamente, los intendentes se habían reunido con las cabezas ruralistas (ver aparte).
El grupo pidió al Congreso la urgente solución «para garantizar de esta forma la paz social y la gobernabilidad de la Argentina».
También hizo mención a « declarar sin valor legal la Resolución 125, sus modificaciones y complementarias» o, «en su defecto, la suspensión por un plazo prudencial que permita encontrar el consenso suficiente para dictar leyes que recuperen la confianza y la previsibilidad del sector agropecuario en defensa de las economías regionales».
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