24 de abril 2020 - 00:00

Agravan tironeo por alerta penitenciaria

Baez y Chueco sin domiciliaria. "Ruido" entre Casación y TOF por acordada. PBA y fuero ordinario aceleran salidas.

Lázaro Báez.
Lázaro Báez.
NA

La Cámara Federal de Casación rechazó ayer el pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de Lázaro Báez debido a los riesgos por el coronavirus. La Sala IV del máximo tribunal penal -con las firmas de Javier Carbajo y Gustavo Hornos- recomendó a las autoridades penitenciarias que se tomen todos los recaudos de prevención en el penal de Ezeiza donde el empresario está alojado en una prisión preventiva prorrogada.

Del mismo modo, su exabogado Jorge Chueco tampoco accedió al beneficio, denegado por la Cámara Federal porque no se advierte “la existencia de un riesgo concreto y real de contagio que afecte su salud”, según la resolución de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. La cuestión vuelve a poner de relieve la situación penitenciaria en el marco de la pandemia donde a pesar de la Acordada de “recomendaciones” que emitió Casación, persisten los cortocircuitos con los Tribunales Orales e incluso, profundizó la grieta entre los camaristas, debido a la domiciliaria otorgada al represor Lucio Nast y firmada por Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci. Lo que buscó evitar la reñida acordada –adelantada por Ámbito Financiero- era que los crímenes de lesa humanidad y los delitos graves fueran analizados de manera “restrictiva” por los jueces a la hora de tramitar los pedidos de las defensas, que se están acumulando por decenas y saturando al sistema. Hasta ahora, en los denominados casos de “corrupción” no se concedieron domiciliarias bajo el riesgo del Covid-19, aunque el criterio no es para nada homogéneo.

La sobrepoblación penitenciaria frente al riesgo de contagios masivos es hoy la prioridad para el Gobierno. Pero la Acordada de Casación no destrabó la situación como se esperaba y está siendo aplicada de manera restrictiva por el mismo tribunal. Eso no colabora a despejar las dudas en los jueces de TOF que tampoco quieren ser ellos quienes estampen una firma por la que se vuelvan responsables. De los intentos por morigerar la sobrepoblación ha habido avances, pero la situación es vista con preocupación por las autoridades del Ejecutivo. Calculan que no alcanzarán las manos para firmar salidas si un brote se esparce con virulencia en un entorno con las características de los penales argentinos.

Báez cumple 4 años de preventiva e integra los “grupos de riesgo” enlistados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que totalizan 1280. Como recomendación sanitaria, a nivel internacional, se han dispuesto excepcionales medidas de morigeración, con el objetivo de liberar la mayor cantidad de plazas y permitir a los sistemas internos una respuesta mínima en caso de contagios.

La Acordada, hasta ahora, no derivó en salidas masivas ni nada por el estilo e incluso reavivó internas dentro de Casación por la firma de la Sala II de la domiciliaria a Nast. Reprocharon a los firmantes de ese fallo haber avalado los términos de la acordada en los que se había convenido cuáles delitos debían ser analizados de manera muy restrictiva. A eso se suma la avalancha de pedidos cuya “curva” ya saturó la demanda de trabajo de Casación. N es el único lugar donde ocurre: la Cámara Nacional de Casación (que aplica como tribunal revisor del fuero “ordinario”) emitió ayer una acordada por videoconferencia -con Daniel Morin a la cabeza- para dar respuesta a la Procuración Penitenciaria, el CELS y al Ministerio Público de la Defensa. Allí “recomendaron” a jueces penales para que extremen recaudos para evitar sobrepoblación, con prioridad de los grupos de riesgo; que traten de no ir en contra de la jurisprudencia vigente para evitar tratar casos que podrían haberse resuelto tengan que volver a ser analizados y difundir esta jurisprudencia para tener alcance general.

Mientras tanto, la Casación de la Provincia de Buenos Aires pidió ejecutar las domiciliarias de manera inmediata, aun si hubiesen sido apeladas y no estuvieran firmes. El objetivo N°1 en territorio bonaerense es palear la situación de hacinamiento de los penales en un distrito caliente donde se han sucedido motines y donde hay un acuerdo en avanzar en habeas corpus colectivos que permitan salidas numerosas. Sus pares de Federal los miran con algo de envidia: “Ellos no tienen lesa. Yo así firmo una salida masiva”, adujeron. Ricardo Borinsky, presidente del tribunal retomó la presentación de defensores oficiales reclamó que se notifique a las víctimas y se avance en el proceso de forma inmediata. Allí también había resistencia de los jueces de primera instancia para firmar las liberaciones.

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