Ahora dice Ibarra que siguen las firmas

Giró ayer Aníbal Ibarra y volvió a decir que juntará las firmas para que pueda convocarse al plebiscito por la revocatoria de su mandato. El martes había dicho que el sistema era imposible de cumplir, pero argumentó que en dos meses tendrá el medio millón de firmas que le exige la Justicia, mientras espera días clave en la causa que investiga la tragedia del 30 de diciembre, donde murieron 193 personas.

Entre ésta y la próxima semana, el juez Marcelo Lucini tomará declaración indagatoria a al menos tres ex funcionarios de su gobierno, pero en la causa ya figuran declaraciones testimoniales de inspectores que revelarían datos novedosos.

Esas declaraciones habrían sido tomadas con la necesidad de los investigadores de conocer cómo funcionaba el equipo de inspectores, de quiénes y cuándo recibían indicaciones.

Los testimonios serían de los profesionales que se incorporaron luego de que Ibarra disolviera, a fines de 2003, la llamada Inspección General por considerar que era «un focazo de corrupción». De los testimonios surgiría para la investigación que hay otros funcionarios involucrados en el sistema de control que podrían llegar a tener responsabilidades en que no haya habido ninguna inspección durante 2004 al boliche República de Cromañón.

Lucini ya llamó a indagatoria a la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin; a su ex segundo, Gustavo Torres, y a la ex directora adjunta, Ana Fernández, quien declararía el lunes que tras el nombramiento de Torres -pocos meses antes de la tragedia- su función sólo se limitaba a controlar al personal de las oficinas, no al de calle, como son los inspectores. Las tres declaraciones son esperadas por los querellantes en la causa que apuntan, además, a llegar a la responsabilidad de Ibarra en lo ocurrido. El viernes declarará Torres y la semana que viene lo hará Fiszbin para quien una de las abogadas de los familiares de las víctimas, María del Carmen Verdú, ya tiene preparadas más de 100 preguntas.

Otro de los letrados de la querella, Fabián Bergenfeld, aseguró que el propio jefe de Gobierno «puso en evidencia que tenía relación directa con los inspectores cuando disuelve la unidad de inspectores, es decir que estaban bajo su órbita ya que podía decidir pasarlos a disponibilidad; no puede eludir ahora su responsabilidad».

Para el abogado, no sería necesaria la indagatoria del ex secretario de Justicia y Seguridad, Juan Carlos López, como paso previo para que Ibarra vaya a los tribunales. «Con los elementos que ya existen y con la ronda de indagatorias quizá sea suficiente para que la Justicia llame al jefe de Gobierno», explicó Bergenfeld.

También esta semana comenzarán a declarar músicos y apoderados de bandas de rock como testigos aportados por la defensa del ex empleado de Omar Chabán Raúl Villarreal, quien se encuentra procesado con prisión preventiva, acusado de homicidio por dolo eventual. El abogado Albino Stefanolo, a cargo de la defensa de Villarreal, confirmó que en los próximos días presentará en el juzgado al ex guitarrista de Los Redonditos de Ricota «Skay» Beilinson; al representante de la Bersuit, Cristian Merchot; al de Catupecu Machu, y al mánager de Attaque 77, entre otros testigos.

La declaración de funcionarios será clave en el Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con el rumbo que tome la causa judicial. Mientras tanto, Ibarra se ha propuesto insistir con que juntará las firmas que le requieren para consultar si debe quedarse o no en el Gobierno.

«En dos meses», dijo Ibarra que reunirá las más de 500 mil firmas y rechazó que la recolección de adhesiones avance con «lentitud», aunque así descartó que el referendo pueda realizarse en junio. Su rival político, Mauricio Macri, retrucó que «se ha confirmado que a la gente no le interesa» el plebiscito y que los ciudadanos «quieren saber quiénes son los responsables de este hecho» y definió el referendo como «un disparate» .