Ahora, la amenaza de la citación a Tribunales

La decisión de suspender a Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno tiene una enorme importancia. Era la señal política que el juez Julio Lucini aguardaba para definir el llamado a indagatoria de Ibarra en la causa Cromañón. Si el juez le pone fecha a esa citación, el alcalde porteño deberá enfrentar dos procesos paralelos: el que le seguirá la Sala Juzgadora y la investigación penal.

Lucini había optado por esperar una resolución de la Legislatura, pese a que el pedido de indagatoria de Ibarra está en su escritorio desde el primer día de setiembre cuando el fiscal Juan Manuel Sansone reclamó la citación del jefe de Gobierno por su responsabilidad en la tragedia de Cromañón.

El pedido, que llegó en plena campaña electoral, obligó al juez a utilizar la prudencia para no contaminar un caso sensible y de gravedad institucional con las reyertas partidarias.

• Procesamiento

Lucini sólo accedió a indagar al ex secretario Juan Carlos López, el funcionario de más alto rango y el eslabón más cercano a Ibarra, además de ser su amigo y ex cuñado. A fines de octubre (ya pasada la contienda electoral), el juez procesó a López por presunto «homicidio culposo» y embargó sus bienes por 20 millones de pesos. Otros tres funcionarios de menor jerarquía tuvieron igual suerte.

El procesamiento de López significó el aceleramiento de la causa. Con la investigación principal prácticamente cerrada, a Lucini le restaba definir si llamaba o no a declarar a Ibarra. Pero en esta parte del proceso el juez también se acomodó al tiempo político. Sabía que la suerte de Ibarra quedaría sellada el 10 noviembre cuando el pleno de la Legislatura se reuniera para definir si convalidaba o rechazaba el juicio político.

Lucini temía quedar entrampado en alguna maniobra que lo dejara solo batallando contra el poder político, mientras los legisladores se hacían los distraídos con un voto contrario a la suspensión de Ibarra.

Ahora con los votos de la legislatura recomendando la investigación del alcalde porteño por «mal desempeño», la tarea del juez Lucini se simplifica y adquiere una libertad mayor.

Aunque vale decirlo, el magistrado sorprendió a muchos incautos que imaginaban que la tragedia del 30 de diciembre pasaría a formar parte de los tantos casos irresueltos que hay en los tribunales del país, como puede ser el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA.

Sin embargo, Lucini avanzó pese a los embates por quitarlo del caso con un argumento poco serio: haberse excedido en el tiempo de subrogancia.

La investigación a once meses de la muerte de 194 jóvenes no tiene detenidos, pero reúne a 28 procesados, entre ellos, el gerenciador del boliche de Once, Omar Chabán; los miembros del grupo Callejeros; funcionarios policiales; y 10 funcionarios del Gobierno de Ibarra, entre ellos la secretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y los ex funcionarios Ana María Fernández, Gustavo Torres, Rodrigo Cozzani y Alfredo Ucar por el delito de homicidio culposo.

La Sala Juzgadora tiene cuatro meses para establecer si Ibarra tuvo responsabilidad en la tragedia de Once. El tiempo de Lucini puede ser más largo o más corto. Pero lo que separa un estadio de otro es la mecánica: el juez necesita pruebas para condenar o exonerar a Ibarra; los legisladores, la voluntad política.