Canje: los dos momentos clave en que CFK destrabó la negociación

Política

Cómo fueron los instantes decisivos para lograr un acuerdo de reestructuración con los bonistas. Los diálogos reservados con el presidente Alberto Fernández y el último argumento que se tomó en cuenta en Olivos.

Alberto Fernández miró a su compañera de conducción y fue directo: "No podemos caer en default. No vamos a ser el gobierno del default". La respuesta de Cristina Fernández de Kirchner también fue directa, y hasta sorprendente: "¿Estoy de acuerdo, en qué puedo ayudar?". El dialogo transcurrió el 6 de mayo de 2020; y pasará a ser parte importante a recordar de la historia reciente del país: fue la jornada en que el gobierno decidió que había que negociar un acuerdo con los acreedores, y dejar atrás la opción "patriotica" de ir "valientemente" a un default. Y que, hacia delante, la opción sería una negociación larga y compleja; pero que terminaría en el mejor acuerdo posible.

Aquella conversación transcurrió entre los jardines de Olivos, el quincho de la quinta presidencial y el despacho personal que armó en cuarentena Alberto Fernández. Y, según la fuente que se consulte, duró entre tres y cuatro intensas horas. Ese fue el día en que los compañeros de fórmula decidieron que el país no ingresaría en default; y que, al final de la historia de la negociación y luego de endurecer todo lo que se pueda la posición local, habría acuerdo con los acreedores. Ambos políticos, hablaron de dólares. El Presidente le deslizó a su compañera de fórmula que "el mercado habla de 55 dólares". Cristina Fernández de Kichner, en lugar de enojarse, asintió. Pero le dio una fórmula al jefe de Estado. "El número final debe ser menor a ese. Aunque sea mínimamente menor". Casi tres meses después, vía telefónica, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner volvieron a comunicarse. En este caso fue para tomar la decisión política de volver a aflojar una propuesta de Martín Guzmán, en este caso de 53 dólares por lámina de 100. Otra vez, y lejos de las sospechas, la vicepresidenta avaló la posición oficial y le dejó el camino libre al Presidente para que mejorara, definitivamente, la oferta ante los acreedores y cerrara el acuerdo. Sólo le recordó aquella máxima de no ceder a lo que reclamaran los bonistas. Se mencionó que en ese momento la oferta de los acreedores privados con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional era de 54,9 dólares; con lo cual el apretón de manos final debía ser menor a esa cifra. El número de 54,82 dólares comenzaba a tomar forma.

Aquella cita de mayo donde se comenzó a destrabarse el acuerdo con los bonistas. formaba parte de los ya clásicos encuentros que los dos políticos se comprometieron a mantener de manera directa, para que no haya ruidos en los mensajes que se transmitan mutuamente. Y para que si hay algo importante que decirse, sea sin intermediarios, de manera clara y sin eufemismos. El anterior había sido organizado el 22 de marzo, luego que la ex presidenta haya cumplido la cuarentena de 14 días luego de su regreso de Cuba. "¿Querés que vaya yo?, había consultado el jefe de Estado a la mañana de ese día. "Voy para allá. A la tarde estoy", contestó su compañera de fórmula en una comunicación vía el reservadísimo WhatsApp que sólo ellos dos comparten y que sólo se enciende para momentos importantes. Si bien ambos hablan casi a diario, esa vía de comunicación, saben ambos, sólo se utiliza para las consultas importantes, y previo a un encuentro directo. El temario que el Presidente le adelantó a su compañera de fórmula incluía tres temas: la decisión de prorrogar la cuarentena, la polémica de esos días por la liberación de algunos presos y la marcha de las negociaciones con los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera. La conversación sería, como siempre, estrictamente a solas; salvo una excepción. En un momento estaría presente el Martín Guzmán, que les explicaría a ambos la marcha de la aceptación de la oferta primaria que vencería horas después. El ministro de Economía no traía buenas noticias. Se sabía. Lo que debería hacer el funcionario era explicar su versión sobre porqué las cosas no estaban saliendo como se esperaba.

La oferta que había diseñado el ministro cerraría dos días después, y para el 11 de mayo el jefe de Estado tendría que tomar una decisión. O aceptaba que el canje había sido un fracaso en cuanto a su aceptación y decretaba el default total; o anunciaba que esa primer oferta era sólo el primer paso para una larga negociación que se abriría desde el 11 de mayo y que continuaría durante todo ese mes y, seguramente, junio. En el medio se aceptaría el "default controlado" del 22 de mayo, día en que vencería el plazo para pagar los U$S 503 millones del Global. Sabía Alberto Fernández que llegaba el momento de tomar una decisión de Estado, que definiría el resto del mandato constitucional que finalizará en diciembre de 2023; y que, tal como ambos se juramentaron, siempre que se llegue a estas instancias, la evaluación de la realidad política y económica sería mutua. Gran parte del gabinete de Alberto Fernández estaba realmente preocupado por la posición que mostrara la ex presidenta. Concretamente, que respaldara hasta el final y a rajatabla la oferta original de Guzmán; y que presionara a Alberto Fernández con radicalizar la posición del gobierno ante los acreedores y forzar un default sin abrir nuevas instancias negociadoras. Cristina Fernández de Kirchner los sorprendió. "Nuestros gobiernos no son los que declaran los defaults. Nosotros somos los que arreglamos esos problemas. Lo hicimos en 2005. Y lo volveremos a hacer ahora". La frase fue dicha a poco de comenzar la charla con el jefe de Estado; y allí Alberto Fernández supo que hacia delante en el encuentro lo que debía hablarse es la estrategia de seguir adelante un día después de terminado el plazo de aceptación del 8 de mayo; para que las conversaciones con los acreedores siguieran abiertas y la posibilidad de eventuales juicios en los tribunales de Nueva York cerrada.

Ya tenía la ex presidenta un informe que le había enviado su fiel ex colaborador y ahora procurador del tesoro Nacional, Carlos Zannini, la persona que debe representar legalmente al estado en ante eventuales juicios en aquel Distrito Sur de Nueva York donde tantas malas noticias había recibido durante su gestión, en tiempos de Thomas Griesa. Ese informe, elaborado por los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que fueron nuevamente contratados para representar a la Argentina, hablaba de una realidad comprometedora para el kirchnerismo: en caso de default, los bonos emitidos bajo su gobierno serían los primeros en ingresar en zona judicial, con altas probabilidades de derrota para el país. Y dentro de este informe se incluyó un dato políticamente preocupante: los acreedores tenían ya archivados para eventualmente presentarle a la jueza Loretta Preska, videos del 2010 donde la entonces jefa de Estado planteaba a los bonistas que ingresaran al canje de ese año que el compromiso que se asumiría sería inalterable y respetado a rajatabla. Que sea luego un gobierno de su propio signo político y con ella en la fórmula, sería una mochila difícil de llevar.

Cristina Fernández de Kirchner llegó a las 15:30 a Olivos con estas certezas sobre la mesa; y, en consecuencia, con la voluntad de flexibilizar la pétrea posición original de la Argentina ante los acreedores. Y así lo transmitió desde un primer momento. Se supo entonces que la posibilidad de defender la oferta inicial de Guzmán era ya historia, y que comenzaba una nueva etapa; que incluiría incluso la construcción de nuevas vías de comunicación con los bonistas, incluso por fuera de la vía oficial del ministerio de Economía. La ex presidenta se comprometió a habilitar dos cartas que podría aportar de manera rápida: convocar en secreto al ex titular de YPF Miguel Galuccio para que intente un contacto directo con Larry Fink, el poderoso CEO de BlackRock; y convocar David Martínez de Fintech y al fondo Gramercy, dos viejos aliados que tuvo durante la habilitación del canje de deuda del 2010 con Amado Boudou como ministro de Economía. Ambos cumplieron. Galuccio conocía al fondo BlackRock de cerca, ya que había sido uno de los inversores interesados en el primer lanzamiento en marzo de 2017 de Vista Oil and Gas, la petrolera que el ex presidente de YPF creó para desembarcar en Vaca Muerta. Galuccio cumplió con su misión, y logró que Blackrock volviera al ring de negociaciones, olvidara el rencor contra Guzmán por haber publicado una propuesta confidencial y hasta se comprometiera a elaborar una nueva opción de canje. La tarea de Fintech y Gramercy también resulto exitosa; al lograr convocar a un tercer grupo de tenedores de deuda, el Exchange Bondholders, donde militan muchos bonistas con papeles emitidos en el 2010, y ser de los primeros en acercarse a la contraoferta de la última semana de mayo.

Alberto Fernández tenía preparados sus argumentos para debatir con su compañera de fórmula la reabilitación de las conversaciones con los acreedores, la necesidad de mejorar el clima y, en definitiva, evitar un default. Los informes de ese momento ya adelantaban una economía que podría llegar a caer dos dígitos en 2010, lo que de no mediar una recuperación fuerte y sólida desde el último trimestre de este año, provocaría que en toda su gestión, en el mejor de los casos, el PBI se ubique en el mismo nivel de diciembre de 2019 cuando comenzó su gestión. Sus consultas con varios economistas "outsider" de su gobierno, así como las charlas con su aliado Sergio Massa, le dejaron como conclusión que nada mejoraría con un default y que las posibilidades de un revival del concepto "Vivir con lo Nuestro", serían utópicos. O realmente perjudiciales para las posibilidades de recuperación de la economía. Sabía además Alberto Fernández que lo primero que se necesitará una vez que termine la cuarentena, son empresas privadas que inviertan fuerte, especialmente en infraestructura, y que para esto la única manera que ocurra es que los privados puedan acceder a créditos internacionales. Otra vez, algo imposible de imaginar en default.

El Presidente tenía también argumentos políticos sólidos para plantear la continuidad de las negociaciones con los acreedores. Según todas las encuestas que ese día de mayo estaban en el escritorio de Olivos (de consultores propios, ajenos e independientes), se afirmaba que el default no sólo no era una decisión con respaldo popular, sino que los porcentajes contrarios a esa alternativa llegaban al 60%. Se comparaba esta situación con el apoyo que en su momento tuvo la pelea del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra los fondos buitres, cuando las encuestas acompañaban la filípica oficial contra Thomas Griesa y los holdouts. Ahora la situación era la contraria. La sociedad no apoyaba el default, no acompañaría una "malvinización" de la gestión Guzmán contra los tenedores de deuda y, por el contrario, apoyaba un acuerdo con los acreedores. La posición radicalizada del kirchnerismo más duro, quedaba así archivada.

Hubo un último argumento, en este caso político, que evaluaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en aquella tarde de Olivos. Los datos que ambos manejaban, confirmaban que la situación económica para el 2021 sería aún mala; lo que empeoraría con el default. Y que este panorama sería lapidario para el principal interés político del gobierno para el año próximo: ganar claramente las elecciones legislativas de medio término, donde el oficialismo buscará una victoria clara que le permita garantizarse una mayoría parlamentaria para los últimos dos años de gestión del actual gobierno. Se coincidió que si para esto era necesario un cambio de actitud ante los acreedores, abandonando una batalla que además sería impopular, era una decisión política sin problemas de tomar.

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