Alfonsín explica que él tampoco pactó

Raúl Alfonsín

Las dos órdenes de captura libradas contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, una vinculada al decreto que ordenó «aniquilar el accionar de la subversión» y la otra por los crímenes cometidos por la Triple A, no sólo reavivaron antiguos debates en el peronismo, sino también en el radicalismo.

El juez Norberto Oyarbide aseguró que «no hay ningún elemento» dentro de la causa de la Triple A que vincule al ex presidente Juan Domingo Perón con la organización parapolicial de las Tres A.

En cambio, el centenario partido aparece sospechado de haber «cerrado» la investigación de los asesinatos al período posterior al derrocamiento de «Isabel» Perón. Es decir, lo limitó al encumbramiento de los militares en el gobierno hasta su caída tras la Guerra de Malvinas.

El fallecido abogado Florencio Varela, defensor de un centenar de militares, había contabilizado que antes de la asunción de la cúpula militar al poder ya había desaparecido un millar de personas. Y que esa situación no fue registrada en ningún libro de la Conadep.

Varela fue el descubridor de los reglamentos secretos que autorizaban a las Fuerzas Armadas a actuar como lo hicieron contra la guerrilla. Mucho antes de su muerte había denunciado en la Justicia federal la desaparición de ese número de personas y, además, la existencia de los decretos de un gobierno constitucional que avalaba el aniquilamiento de los grupos guerrilleros opositores al gobierno peronista.

También cuestionó en varias oportunidades que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad se limitaran al gobierno militar y no al período que tuvo como jefa de Estado a «Isabel» Perón.

El viernes pasado, el ex presidente Raúl Alfonsín negó ante la Justicia que durante su gestión haya sellado un acuerdo político con justicialistas destinado a evitar que se investigaran los delitos cometidos por la represión ilegal antes del 24 de marzo de 1976.

«Desde ya, niego enfáticamente la absurda especie de que existiera algún acuerdo, expreso o tácito, destinado a que no se investigaran los hechos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976 como condición para obtener 'apoyo político'al juzgamiento de los crímenes de la dictadura», sostuvo Alfonsín.

El escrito fue presentado ante el juez federal Héctor Acosta, junto con un ejemplar de su libro «Memoria Política» -publicado en 2004-; el ex presidente insistió en «la absoluta falsedad de la versión».

Acosta decidió citar a Alfonsín basándose en declaraciones del ex diputado nacional Luis Brandoni, quien sostuvo que en 1983 cuando el ex mandatario impulsó la creación de la Conadep, el justicialismo aprobó la iniciativa en el Congreso a condición de que las investigaciones de violaciones a los derechos humanos comenzaran a partir del 24 de marzo de 1976.

La declaración escrita fue presentada a través del abogado santafesino y concejal de San Rafael Alejandro Limas, quien recibió las tres carillas suscriptas por Alfonsín de la mano del senador radical Ernesto Sanz.

«Un aspecto central de las políticas públicas que impulsé como primer presidente de la recuperación democrática fue la aplicación de la ley común para los principales responsables de la violencia que había asolado al país en la década del setenta», subrayó Alfonsín.

Agregó: «Entendía que la democracia no podía instaurarse sobre una claudicación ética, por lo que debía restablecerse, a través de la Justicia, el principio de no impunidad para todas aquellas conductas que sembraron la violencia y la muerte entre los argentinos».

Para sostener sus afirmaciones, Alfonsín señaló que cuando asumió el cargo de presidente envió al Congreso un proyecto para anular la ley de facto 22.924 que dispuso la extinción de las acciones penales, desde el 25 de mayo de 1973, para todos los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva y para todos aquellos destinados a prevenirlos, conjurarlos o reprimirlos.

«Simultáneamente, dicté el Decreto 157/83 por el que declaré la necesidad de promover acciones penales respecto de los máximos dirigentes de las organizaciones terroristas y el 158/83 para que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sometiera a juicio sumario a los integrantes de las juntas militares que usurparon el gobierno constitucional», agregó.